Crisis de agua en Cancún: meses sin servicio y cobros de Aguakan
Verónica Fajardo · 3 de septiembre de 2026
Cientos de familias de las colonias correspondientes a las regiones 91 y 92, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), cumplen tres meses sin suministro de agua potable. Esta carencia ha paralizado las actividades diarias y el saneamiento básico de los hogares, obligando a los vecinos a tomar las calles y cerrar la avenida Francisco I. Madero, una de las principales arterias de la zona urbana, ante la inacción de las autoridades y la concesionaria Aguakan.
Bloqueos viales y recibos al alza por desabasto
El calvario de los vecinos comenzó hace tres meses, cuando Aguakan inició una serie de obras hidráulicas en la zona. Aunque la empresa ya terminó de abrir las calles y concluyó los trabajos físicos, el agua nunca regresó con normalidad. En el mejor de los casos, el servicio se reactiva apenas por una hora y sin presión suficiente para llenar los tinacos.
Ante la falta de respuesta, los habitantes han optado por la resistencia civil. Maricarmen Antúnez Calderón, vecina de la región 91, explicó que ya han cerrado avenidas en varias ocasiones y se han manifestado en los parques locales, evidenciando que el gobierno de Quintana Roo ha sido incapaz de abastecer a los domicilios afectados mediante pipas.
La desesperación crece cuando la sequía en las llaves contrasta con los cobros en papel. Gabriela López Galván, vendedora ambulante y residente de la región 91, mostró a Animal Político Quintana Roo con frustración y enojo su factura de julio: debe pagar mil 500 pesos por un servicio que no recibe. “No hay forma de bañarse, de limpiar la casa. No podemos vivir así, el agua es vital para nuestras vidas”, reclamó.
Deslinde de responsabilidades entre CAPA y Aguakan
La respuesta institucional ha sido un cruce de culpas. Al encarar a Héctor Gerardo Vladimir Vallejo Molina, representante del gobierno estatal en la zona norte, los vecinos recibieron justificaciones en lugar de soluciones.
El funcionario argumentó que las pipas no llegan “porque los vecinos no se organizan” y deslindó a su dependencia. Pidió que el reclamo por el mal servicio y los cobros injustos debe hacerse directamente ante Aguakan y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Sin embargo, los canales de comunicación con la empresa están cerrados. Carlos González, encargado de Relaciones Públicas de Aguakan, no respondió llamadas ni mensajes de Animal Político, y carece de una oficina establecida para la atención directa. La concesionaria se limitó a publicar un mensaje en Facebook informando sobre la reparación de una fuga que afecta a estas colonias, pero omitió mencionar cuándo se normalizará el servicio.
Por su parte, Miguel Hernández, vocero de CAPA, señaló que el desabasto es responsabilidad exclusiva de las obras que realiza Aguakan. A nivel municipal, el silencio también impera: se intentó contactar a Landy Guadalupe Canche, regidora de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, pero sus asesores indicaron que no otorga entrevistas sin previa consulta con su equipo. Ante este vacío de autoridad, y con una CAPA que no regula ni sanciona a la empresa, los vecinos advirtieron que continuarán cerrando calles, extendiendo sus protestas hasta la zona hotelera si es necesario.
El litigio por la concesión de Aguakan en Quintana Roo
El desabasto en las regiones 91 y 92 es sólo el síntoma de un problema estructural mayor. El diputado federal por Morena, Humberto Aldana Navarro, señaló que Aguakan debe salir de Quintana Roo, recordando que la concesionaria opera actualmente gracias a un amparo legal, luego de que en diciembre de 2023 el Congreso del Estado (XVII Legislatura) votó por unanimidad para revocarle el contrato.
El origen de este blindaje legal se remonta a 2014, cuando diversos sectores sociales exigían la salida de la empresa por su deficiente servicio. El entonces gobernador Roberto Borge y los diputados de la XIV Legislatura evadieron la revisión del contrato (que originalmente abarcaba de 1990 a 2023) y, en su lugar, votaron para ampliar la concesión hasta el año 2053.
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Aldana denunció que existen vacíos legales en este acuerdo, permitiendo a la empresa extranjera operar sin mostrar su modelo de negocio y saltándose atribuciones de las leyes mexicanas.
El costo de revocar esta concesión, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el nombre Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., podría implicar una penalización de entre 600 y 700 millones de pesos para el gobierno estatal.
Mientras el tema se dirime en los tribunales mediante amparos comunitarios, los abusos continúan. En las casas de gestión se acumulan denuncias de personas de la tercera edad, madres solteras y personas con discapacidad, a quienes les han cortado el agua por no poder pagar recibos injustificados que, en algunos casos, han saltado de una tarifa normal a cobros de hasta 35 mil pesos en un solo mes, además de reportes de agua contaminada en zonas como la colonia Donceles.
La exigencia de sacar a Aguakan de Quintana Roo ha escalado hasta el nivel federal. Según el legislador Aldana Navarro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene una postura firme contra la empresa, respaldando la revocación de la concesión en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, y calificando las altas tarifas como un “abuso” inaceptable que atenta contra el derecho humano al agua.
En su conferencia matutina del 22 de enero de este año, Sheinbaum reveló que su gobierno analizaba, en conjunto con las autoridades estatales y las de Cancún, tanto el proceso en el que se le dio la extensión de la concesión a Aguakan “como la posibilidad incluso de comprar la concesión”.
“Se le ha planteado a la empresa. Lo que pasa es que los precios son muy, muy altos. Llegaron incluso a plantear cerca de 12 mil millones. Eso sería absurdo pagarlo. Entonces, se está trabajando en las dos vías: tanto el tema de cómo se otorgó la ampliación de la concesión en el tema jurídico, como incluso la posibilidad de adquirir de manera acordada la concesión para su operación”, precisó.
La historia de Aguakan y Cancún
Aguakan es concesionaria del suministro de agua potable en los municipios Playa del Carmen, Puerto Morelos y Benito Juárez (Cancún). Su nombre oficial es el de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V.
DHC se describe en la BMV como una empresa “constituida con la finalidad de participar en licitaciones para la obtención de concesiones, permisos o autorizaciones relacionados con la explotación, operación y mantenimiento de sistemas integrales para la prestación del servicio público de agua potable, saneamiento y alcantarillado sanitario” en todos los niveles de gobierno: federales, estatales y municipales.
En 1993, el gobierno de Quintana Roo y los municipios de Benito Juárez y de Isla Mujeres otorgaron la concesión para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
En 2014, DHC obtuvo la ampliación por 30 años adicionales al plazo original de la concesión integral que opera en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres: con esta extensión, la concesión tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053. Además, extendió su cobertura para incluir al municipio de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen.
En 2015, con la creación del municipio de Puerto Morelos, cuya región anteriormente pertenecía al municipio de Benito Juárez, Aguakan también le presta los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
En 2023, obtuvo el amparo con el que sigue a cargo de las concesiones de agua en Cancún.