“Violeta” sobrevive a agresor sexual y ahora enfrenta omisiones de Fiscalía

Cancún.- Desde finales de mayo de 2023, “Violeta” y su familia esperan una sentencia por las agresiones sexuales que la joven sufrió cuando tenía 17 años. Durante el proceso, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) ha registrado rotación de personal, reinicios en el seguimiento del expediente, así como la pérdida de pruebas y datos integrados en la investigación. Esta situación ha derivado en la falta de resolución del caso y en la acumulación de irregularidades.

Eduardo, padre de “Violeta” (nombre ficticio para resguardar su identidad), narró cómo la Fiscalía ha convertido la exigencia de justicia de su hija —quien actualmente tiene 20 años— en un proceso burocrático que ha dilatado el acceso a la justicia, manteniéndolos dependientes de una defensa de oficio debido a la falta de recursos económicos.

En 2023, el caso adquirió relevancia mediática luego de que su madre, Azahalea, dio a conocer la forma en que la menor fue contactada por su agresor a través de “Babysits”, una aplicación donde miles de jóvenes ofrecen servicios de cuidado infantil.

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A través de dicha plataforma, la adolescente fue contactada por un hombre que inicialmente se hizo pasar por una mujer de nombre Stephani López. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, la recibió un hombre, identificado posteriormente por las autoridades como Erick, de 40 años. 

En aquella ocasión, el hombre se presentó como “José Luis”, quien afirmó que su esposa “Stephani” no podía asistir al primer encuentro con la niñera, y pidió a “Violeta” que lo acompañara a bordo de un vehículo rojo a su casa. En vez de ello, la trasladó a un camino de terracería donde comenzaron las agresiones sexuales. Después la amagó, la introdujo en la cajuela del automóvil y la llevó a una vivienda ubicada en el fraccionamiento Real Oasis, al norte de Cancún, donde volvió a agredirla, así sucedió en diversas ocasiones.

Tras la difusión del caso se dieron a conocer otros testimonios de víctimas; sin embargo, con el paso del tiempo, estas optaron por no continuar el proceso legal. Actualmente, el agresor enfrenta cargos por violación, privación de la libertad, secuestro, amenazas y lesiones.

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Delito grave, sentencia mínima

Por el delito de violación se dictó prisión preventiva de dos años. Aunque el plazo de esa medida cautelar habría concluido, el imputado permanece en la cárcel debido a la carpeta de investigación por el delito de secuestro, radicada en la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y Extorsión.

Para la víctima y su familia, el desgaste económico, moral y emocional continúa. La joven tuvo que dejar de residir en Cancún debido al impacto de los hechos y aunque ha recibido atención psicológica para afrontar la situación, la recuperación se ha dificultado mientras la familia busca agilizar los avances en la Fiscalía General del Estado.

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Desigualdad en la defensa y rotación de autoridades

“Por más que nos movemos, por más que hacemos, por más que presionamos no hay respuestas positivas por parte de las autoridades porque ya son tres años de un proceso que ya debería avanzar y no se mueve”, relató el padre de la víctima. Asimismo, señaló que han tenido que recurrir a defensores de oficio, a diferencia del imputado Erick, quien cuenta con defensa particular, lo que ubica a la familia en una situación de desventaja procesal.

Aunado a esto, la familia ha reportado diferencias en la atención otorgada por el personal de la FGEQROO respecto a la contraparte. De igual forma, han enfrentado al menos cinco cambios en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual, lo que ha derivado en la revisión del expediente desde el inicio en diversas ocasiones.

“Tú te tienes que acercar a ver quién tiene tu carpeta; llega el momento en el que tú tienes que checar, debes investigar, llegas con una abogada y te dice que esa carpeta no le corresponde, que la tiene alguien más”, afirmó.

El padre explicó además que la carpeta por el delito de secuestro se integró a partir de los antecedentes aportados por otra víctima. Señaló que, pese a realizarse un cateo en el domicilio del indiciado donde se localizaron pertenencias de su hija, dicha evidencia no había sido incorporada inicialmente en su denuncia.

La justicia tiene precio; realizan colecta de fondos

Ante el cambio constante de defensores públicos asignados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEVEQROO), los padres solicitan apoyo económico para contratar representación legal privada. El objetivo es dar celeridad al caso y obtener una sentencia antes de que la defensa del imputado logre su liberación del Centro de Reinserción Social de Cancún.

A través de la plataforma GoFundMe (https://gofundme.me/4c8b542b7), el padre busca recaudar al menos 100 mil pesos para cubrir honorarios de abogados, peritajes, traslados y viáticos, argumentando que la escasez de recursos ha frenado el avance institucional del caso. Hasta el momento, se han recaudado 12 mil pesos.