Aumento de penas por denuncias falsas enfrenta a diputados y feministas

Chetumal. Dos iniciativas de reforma al artículo 224 del Código Penal de Quintana Roo buscan endurecer las sanciones para quien presente denuncias “falsas”. proponen pasar de dos años a siete de prisión de comprobarse dicho delito. Los documentos fueron presentados por los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alberto Batún Chulim, y del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday Nieto.

Sin embargo, la abogada Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante de la colectiva Marea Verde y de la Red Feminista Quintanarroense, y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, presidido por Eduardo Galaviz Ibarra calificaron el documento como una estrategia mediática de los legisladores en vísperas del proceso electoral.

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Aseguran que se aleja de los problemas reales del sistema de procuración y administración de justicia de la entidad, porque la propuesta carece de indicadores oficiales en los fundamentos del documento.

“Ellos (los legisladores) tendrían que presentar las estadísticas que fundamenten la reforma, porque es un criterio obligatorio para presentar iniciativas. Hay que tener claro que, para denunciar este delito, tendríamos que tener una sentencia donde se absolvió de un delito, para decir que alguien presentó una denuncia falsa en contra. Sí es verdad que pueden existir personas que denuncien o siembren delitos contra otras. Pero, ¿dónde están los indicadores?”, subrayó.

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Morena y PT proponen penas más severas

El diputado morenista Alberto Batún propone reformar el artículo 224 del Código Penal para pasar de seis meses a dos años de prisión, a tres y hasta seis años de cárcel, y de 10 hasta 60 días de multa para quien, de acuerdo con la fracción I señala que a quien “Presente una denuncia o querella contra otra persona, imputándole (sic) un delito aun sabiendo que es inocente o que el delito no ocurrió” sería juzgado.

En la fracción II se advierte que será sometido a juicio quien ”fabrique o coloque elementos para hacer parecer culpable a una persona inocente, de manera que existan indicios o presunciones en su contra”.

Y, “Si (sic), debido a esas falsas acusaciones, la persona inocente termina siendo declarada penalmente responsable, al denunciante o querellante se le impone una pena de dos a cinco años de prisión”, se avisa en la fracción III.

En su propuesta, el diputado petista Hugo Alday plantea aumentar la sanción a “dos a siete años de prisión y de cien a trescientos días de multa por este delito”.

Asimismo, plantea una agravante si la denuncia falsa la comete una persona servidora pública: las penas se duplicarán, se impondrá la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñarse en el servicio público. Además, se contempla hasta el doble de la pena de prisión si el delito se comete en el ejercicio de sus funciones representando a un ente público.

El argumento en ambos documentos es que una denuncia falsa no solo induce al error de las autoridades encargadas de la investigación, sino que además genera un daño directo a la eficiencia institucional y compromete la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las verdaderas demandas de justicia en la sociedad, entre otros puntos.

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Quintana Roo, primeros lugares en violencia de género en México

Al respecto, la abogada Yunitzilim Rodríguez destacó que el documento surge a solo unas semanas de que en redes sociales circulara el video de un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, Alberto Israel Jasso Cruz, quien se quitó la vida tras ser acusado de abuso sexual por una de sus estudiantes, y quien dijo ser víctima de una “denuncia falsa”.

Por ello, consideró que representa un retroceso en materia de protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, ya que desconoce los altos índices en delitos de feminicidio, acoso, abuso sexual, violencia familiar y vicaria que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) registran.

“Casi nadie denuncia. Si nos vamos a análisis de México Evalúa, la ENVIPE, el Secretariado Ejecutivo, más del 95 por ciento de los casos están en la impunidad. A eso le sumamos que muchas mujeres víctimas de violencia no denuncian, por falta de conocimiento, recursos y miedo la violencia física, sexual. Esto solo busca desincentivar las denuncias”, reprochó.

Recordó que, en el primer cuatrimestre de 2026, Quintana Roo registró el asesinato de 47 mujeres. Sin embargo, en el informe de violencia de género del SESNSP, registró de enero a julio: 89 mujeres fueron víctimas de homicidio culposo, la cifra colocó a Quintana Roo con la tasa más alta del país, al registrar 8.86 casos por cada 100 mil.

Cancún registró seis de los nueve feminicidios registrados en Quintana Roo, estos casos colocaron a la entidad en el quinto lugar nacional y la ciudad en el cuarto municipio con más víctimas de este delito en México, y en el mismo periodo, otras 11 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso.

Tendederos del “cucaracho” legitimados

Yunitzilim explicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, derivado del amparo directo 437/202, validó como una manifestación legítima la exhibición pública de deudores alimentarios, conocida popularmente como “tendederos del cucaracho”.

Pero, además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, en el Amparo en Revisión 620/2024, validó de manera general que las listas y padrones de deudores alimentarios morosos son totalmente constitucionales, ya que esta práctica, al igual que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) no vulnera los derechos de los deudores, toda vez que se fundamenta en el interés público y el principio de protección a las infancias.

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“Esta forma de exponer es un mecanismo legítimo de alerta que ayuda a otras mujeres para que no tengan contacto con abusadores y violadores. Estamos en un contexto donde se normaliza la violencia; las mujeres hemos tenido que buscar mecanismos de justicia alternativos, por lo que la denuncia pública y los tendederos son herramientas ante la inoperancia de las instituciones de administración de justicia, ante la impunidad”, reiteró.

Observatorio Legislativo pide atender necesidades reales

Eduardo Galaviz Ibarra de la organización destacó que la iniciativa que intentan impulsar en el Congreso carece de conceptos claros, pues no está definido: “¿Qué es falso? ¿Qué es lo verdadero?”.

“No se define correctamente qué es lo falso y lo verdadero, entonces yo creo que estas iniciativas son para simplemente hacer un indicador de que se está trabajando, no se ve más que tenga un cuerpo conceptual que permita que valga la pena que se haga una modificación de las sanciones en el código penal”, expresó.

Expuso que el trabajo legislativo debe enfocarse en las necesidades reales de Quintana Roo, y no para generar indicadores de productividad de los diputados, en víspera de procesos electorales.

Finalmente ambos activistas exhortaron a la Décimo Octava Legislatura a realizar un verdadero ejercicio de parlamento abierto para el análisis del documento, que permita la participación de la sociedad civil organizada, colectivas feministas, expertos en derechos humanos, abogados constitucionalistas y académicos.