Animal Político · 16 de noviembre de 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), derivado de la identificación de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación electoral.
El exfuncionario habría participado en un esquema de contrataciones con empresas vinculadas al suministro de materiales y servicios electorales, en el que se identificaron posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos por más de 2 mil 740 millones de pesos.
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Asimismo, se identificaron vínculos comerciales con empresas proveedoras del sector electoral, en las que habría fungido como apoderado legal.
Cuervo Escalona llegó al organismo electoral a mediados de los 2000, durante el periodo del IFE presidido por Luis Carlos Ugalde y cuando María del Carmen Alanís ocupó la Secretaría Ejecutiva, construyendo desde las áreas técnicas una permanencia transexenal de casi dos décadas.

Bajo la gestión de Córdova, Cuervo ascendió a director de Coordinación y Análisis.
De acuerdo con la información, Cuervo no necesitaba firmar cheques, pues operaba las reglas de los contratos.
“Al intervenir en la estandarización del Reglamento de Elecciones y la validación de prototipos obligatorios para los OPLEs, blindó las especificaciones de urnas, canceles y paquetes electorales a la medida del consorcio de los hermanos Hernández Casillas, asfixiando la competencia en 13 estados y garantizando adjudicaciones multimillonarias a las mismas firmas que él ayudó a empoderar”, destacó.
En diciembre de 2015, mientras Cuervo despachaba en el INE, se constituyeron Corporativo ZEG y Cajas Graf ante la Notaría 181 de la Ciudad de México.
“Entre 2016 y 2023, ambas compañías simularon competencia y acapararon contratos masivos en estados como Veracruz (302.9 mdp), Hidalgo (203.6 mdp) y Coahuila (69.5 mdp)”, aclaró.
Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades financieras asociadas con dicho esquema.
La Unidad precisó que el exfuncionario permanece incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), por lo que continúa sujeto a las restricciones previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables, que contemplan la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, explicó.

En ese contexto, la SHCP reiteró su compromiso con la prevención y combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), así como con la identificación de esquemas financieros que pudieran afectar la integridad del sistema financiero nacional.
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El pasado 4 de noviembre, la UIF ordenó bloquear las operaciones financieras de 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, tras detectar movimientos de dinero sospechosos, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 29 de octubre, Pablo Gómez, extitular de la UIF, confirmó que durante su gestión se bloquearon operaciones de empresas proveedoras del INE por presunto lavado de dinero, aunque no mencionó a Taddei entre las personas afectadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que, después de analizar las operaciones, la UIF incorporó a estas personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, un mecanismo que restringe sus operaciones dentro del sistema financiero.
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La dependencia señaló que identificó “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.
El anuncio ocurre en medio de las investigaciones sobre contrataciones del INE y los organismos electorales estatales, así como de los señalamientos por presuntos conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del instituto el pasado 26 de octubre.