Aplazan convocatoria para presidencia del INE; "mayoría, último recurso; se busca consenso": Monreal
Edgar Ledesma / Redacción Animal Político · 3 de noviembre de 2026
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados no logró un acuerdo sobre la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de diferencias sobre las reglas de selección y evaluación de las aspirantes.
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, explicó que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ocho propuestas de modificación que serán revisadas por su bancada, por lo que dará más tiempo a las negociaciones para buscar el consenso.
El legislador señaló que la designación de la nueva presidenta se recorrió del 9 de diciembre al 13 o 14 de diciembre.
“No es fácil porque hay una desconfianza total, de todos contra todos”, afirmó, al referirse al ambiente en el que se negocia el relevo de Guadalupe Taddei, tras su renuncia a la presidencia del organismo.
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Monreal sostuvo que las circunstancias de la salida de Taddei y las irregularidades en el INE hacen necesario buscar un acuerdo amplio, aunque advirtió que recurrirán a la mayoría si las negociaciones no prosperan.
“A mí me gustaría que saliera por consenso, no por mayoría, porque es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento, por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE, o que vivió el INE”, expresó.
El legislador explicó que Dolores Padierna, Sergio Gutiérrez Luna y otros diputados revisarán las propuestas panistas, algunas de las cuales, según dijo, involucran disposiciones constitucionales que complican su incorporación.
El coordinador del PAN, Elías Lixa, planteó incorporar observadores a los trabajos del Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar a las aspirantes y definir la lista de cinco candidatas entre las que se elegirá a la nueva presidenta.
La propuesta incluye un legislador por grupo parlamentario y seis observadores de organizaciones civiles, además de mecanismos para que la Jucopo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consulten a la sociedad civil antes de designar a quienes integrarán el comité.
Acción Nacional también pidió ampliar el tiempo de separación de cargos partidistas, gubernamentales o como autoridades electorales que deberán acreditar las personas propuestas como evaluadoras.
En materia de transparencia, solicitó medidas para impedir filtraciones de los exámenes, consentimiento explícito para publicar los resultados de las evaluaciones y una justificación amplia sobre la idoneidad de quienes lleguen a la quinteta final.
“No basta con pasarle nombres a la Jucopo, tiene que existir una justificación tan amplia como sea posible de la idoneidad de esas personas”, sostuvo Lixa.
El panista también exigió aprobar la iniciativa de su bancada para revertir las facultades de nombramiento que la reforma de 2024 otorgó a la presidencia del INE y devolver las decisiones al Consejo General.
Sobre este punto, Monreal manifestó disposición a legislar para recuperar el carácter colegiado del organismo.
“Yo mismo estoy convencido de que se requiere la colegiación y que se requiere retornar las facultades que anteriormente tenía el Consejo”, señaló.
El Comité Técnico de Evaluación es el filtro previo a la decisión de los diputados, revisa que las aspirantes cumplan los requisitos constitucionales y legales, evalúa su idoneidad y entrega a la Jucopo una lista de cinco personas por cada vacante.
De acuerdo con el artículo 41 constitucional, lo integran cinco personas de reconocido prestigio, tres nombradas por la Jucopo y dos por la CNDH.
La designación de la presidenta corresponde al pleno de la Cámara de Diputados y requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes. Si vence el plazo sin acuerdo o sin alcanzar esa votación, procede un sorteo entre las finalistas, denominado insaculación; si tampoco se concreta esa etapa, la Constitución prevé que lo realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo de menos sería mañana sacarla como está con mayoría, pero ya surgiría con una discusión y debate previo y creo que no convendría. A mí me gustaría que saliera por consenso, pero si no, pues tendremos que acudir a la mayoría”, afirmó.
El legislador advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, la mayoría parlamentaria tendrá que intervenir para evitar que el proceso de renovación de la presidencia del INE se detenga.
“Mi deseo es que sea por consenso, porque es el tema del nombramiento de presidenta del Consejo General del INE. Es un asunto de Estado y a mí me gustaría que tuviese el mayor porcentaje, unanimidad o consenso este nombramiento”, señaló.
Y agregó: “Personalmente no me gustaría acudir simplemente a la mayoría, pero si no nos queda otra no podemos permitir que se estanque, se obstaculice o quede incompleto el INE”.
Monreal plantea recuperar colegialidad en el INE
Además de la negociación sobre la convocatoria, Monreal se refirió a la posibilidad de revisar las atribuciones de la presidencia del organismo electoral, particularmente las facultades que permiten a su titular realizar nombramientos sin el respaldo del resto de las consejerías.
El diputado señaló que existe disposición para legislar sobre el tema y recuperar un esquema de decisiones colegiadas dentro del instituto; sin embargo, explicó que para modificar esas atribuciones sería necesario reformar la Constitución, por lo que no bastaría con llevar a cabo cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
“Hay voluntad para legislar al respecto. Yo mismo estoy convencido de que se requiere la colegiación y que se requiere retornar las facultades que anteriormente tenía el Consejo”, afirmó.
La discusión sobre las facultades de la presidencia del INE cobró relevancia después de las modificaciones legales aprobadas en octubre de 2024, que otorgaron a Guadalupe Taddei la atribución de nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin requerir el respaldo de las demás consejerías.
La reforma, promovida por el entonces senador de Morena Miguel Pavel Jarero Velázquez, modificó los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Antes de esos cambios, los nombramientos necesitaban al menos ocho votos del Consejo General.
También amplió las atribuciones de la Junta General Ejecutiva, presidida por la consejera presidenta e integrada en buena medida por funcionarios que ella podía designar, para aprobar acuerdos administrativos, técnicos y operativos del instituto. El nombramiento de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva mantuvo el requisito de aprobación colegiada.
“Esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad”: Cruz García
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, el pasado 30 de octubre afirmó que la nueva etapa del organismo debía conducirse bajo el principio de colegialidad, mediante el diálogo y las decisiones compartidas entre las consejerías.
“Esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad”, expresó Cruz García en un mensaje dirigido al personal del instituto, en el que también aseguró que las actividades electorales continuarían conforme a los calendarios establecidos.
Investigaciones por contrataciones y renuncia de Taddei
La negociación para elegir a la nueva presidenta del INE ocurre en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante las administraciones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova, así como de los cuestionamientos sobre la concentración de facultades en la presidencia del organismo.
El pasado 30 de octubre, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó hallazgos sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos realizadas entre 2014 y 2026 por dos grupos empresariales con distintas entidades públicas.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a operaciones con organismos electorales: 430 millones con el INE y 3 mil 360.3 millones con institutos electorales estatales.
El periodo revisado comprende años de las presidencias de Lorenzo Córdova, quien encabezó el instituto de 2014 a abril de 2023, y Guadalupe Taddei, quien asumió el cargo ese año. Sin embargo, el auditor no desglosó los montos por administración ni atribuyó responsabilidades personales a los expresidentes del organismo.
Hernández Palacios señaló que la ASF identificó vínculos entre empresas y funcionarios, subcontrataciones entre compañías que participaron en las mismas licitaciones y posibles barreras para favorecer adjudicaciones e incidir en los precios.
“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, sostuvo.
La presentación de la ASF identificó a los grupos empresariales con las siglas GHC y GC. En el primero aparecen ZEG, C Graph, Seriplast, Reconstrucción y Comunicación y TOL; en el segundo, C JVLY, Formas Finas, Formas Finas de México y Corona J.
El auditor aclaró que los 8 mil 870.3 millones de pesos corresponden al monto de las operaciones identificadas con distintas entidades públicas y no constituyen un daño patrimonial determinado.
Entre los hallazgos también mencionó operaciones entre empresas de los mismos grupos que participan en una licitación y posteriormente se subcontratan, así como compañías con facturaciones de cientos de millones de pesos que tienen menos de cinco trabajadores registrados o ninguno.
De acuerdo con la información presentada, las operaciones entre empresas de los grupos analizados suman 150.6 millones de pesos. Además, la ASF reportó transacciones por 21.3 millones de pesos en las que participaron proveedores de una empresa investigada y compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras.
La revisión también contempla posibles conflictos de interés entre funcionarios y proveedores. Para ello, la ASF cruza bases de datos de contrataciones públicas con comprobantes fiscales digitales por internet, a fin de identificar a servidores públicos que también facturan y examinar posibles vínculos.
Hernández Palacios informó que la investigación sobre los organismos públicos locales electorales se ampliará para revisar información desde el año 2000 y que se solicitaron datos a los 32 gobiernos estatales sobre la administración de las participaciones federales destinadas a sus institutos electorales.
Asimismo, anunció que las denuncias penales y los procedimientos por responsabilidades graves se promoverán conforme se documenten los hallazgos, sin esperar necesariamente a la publicación de la auditoría integral al gasto del INE de 2025, prevista para febrero de 2027.