Edgar Ledesma · 11 de noviembre de 2026
El partido SOMOS presentó este miércoles ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por presunta intromisión electoral, y pidió que se le ordene dejar de utilizar las conferencias matutinas y otros espacios oficiales para vincularlo, sin pruebas que acrediten su participación, con una “mafia electoral”.
La queja también incluye a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, a Morena y a 12 titulares de gobiernos estatales, entre ellos la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por difundir señalamientos que, según el partido, buscan desacreditarlo rumbo a las elecciones de 2027.
El escrito, firmado por Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS ante el Consejo General, fue recibido por la Oficialía de Partes del INE este 11 de noviembre a las 10:18 horas, dos días después de que el partido anunciara la acción legal en una conferencia de prensa, aunque inicialmente había previsto presentarla el martes.

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La denuncia señala un presunto uso indebido de recursos públicos, calumnia y afectaciones a la equidad electoral, a partir de las conferencias presidenciales del 5, 6 y 9 de noviembre, publicaciones de los mandatarios estatales en X y una conferencia de la dirigencia de Morena del día 10.
El conflicto surgió el pasado viernes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas y de sus empresas proveedoras de material electoral, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Buenrostro expuso que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar cuando este encabezaba el Registro Nacional de Población, y señaló que Padilla participa ahora en SOMOS junto con exfuncionarios electorales como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, relaciones que Sheinbaum retomó para vincular al partido con una presunta “mafia electoral” y que SOMOS rechaza como prueba de participación en contrataciones ilícitas.
“La existencia de contratos celebrados por organismos electorales con determinadas empresas, así como los antecedentes laborales o profesionales de algunas personas, no demuestra la comisión de ilícitos por parte del partido”, plantea el escrito, en el que rechaza que esas relaciones permitan atribuirle una responsabilidad colectiva.
Sheinbaum ha sostenido que la información presentada públicamente respalda sus señalamientos y que las contrataciones cuestionadas tienen antecedentes anteriores a la presidencia de Taddei, además de señalar que corresponde a las autoridades competentes investigar las posibles irregularidades.
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En la conferencia del lunes 9 de noviembre, Álvarez Icaza acusó al gobierno federal de utilizar el caso para desviar la atención de las irregularidades atribuidas a la gestión de Taddei hacia antiguos funcionarios electorales que ahora participan en SOMOS, y reclamó que la Presidencia no intervenga en la competencia entre partidos.
“Que saquen las manos de inmediato del proceso electoral y dejen de dañar la contienda”, expresó ese día el representante, al anunciar que acudirían a las autoridades electorales para solicitar medidas que frenaran los señalamientos desde espacios gubernamentales.
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Baños, representante suplente de SOMOS ante el INE, colocó la denuncia en un contexto más amplio, al advertir sobre el riesgo de un “regreso del control de los procesos electorales al gobierno”, mientras llamó a preservar la imparcialidad del instituto y su autonomía frente a las fuerzas políticas.
En esa misma conferencia, el abogado Carlos Ferrer explicó que la queja se sustentaría en el artículo 134 constitucional y en la obligación de los servidores públicos de utilizar los recursos a su cargo sin favorecer o perjudicar a partidos, además de distinguir esta vía electoral de las acciones que pudieran emprender individualmente quienes consideraran afectada su honra.
En el documento presentado este miércoles, SOMOS pidió que se ordene a los funcionarios denunciados abstenerse de reiterar imputaciones de corrupción o pertenencia a redes delictivas sin sustento verificable, así como retirar, suspender o modificar las publicaciones oficiales identificadas en la queja, previa conservación de copias certificadas para la investigación.
El partido aclaró que no busca una prohibición absoluta de mencionarlo ni impedir la difusión de información de interés público, y distinguió entre los mandatarios que hicieron acusaciones propias y quienes compartieron materiales de la conferencia presidencial, pues reconoce que reproducir esos contenidos no permite atribuirles automáticamente las mismas expresiones.

SOMOS solicitó al INE admitir la denuncia, investigar los hechos y resolver de manera urgente las medidas cautelares, con las que busca detener la difusión de los señalamientos mientras las autoridades electorales determinan si hubo infracciones y qué responsabilidades corresponden.