“Tengo pruebas de todo lo que digo”: Sheinbaum defiende señalamientos contra Somos
Animal Político · 6 de noviembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sostendrá los señalamientos que hizo contra el partido Somos y sus integrantes, luego de que esa organización anunció que presentará una demanda por daño moral y difamación contra ella y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por presuntamente vincularla con una red de corrupción en contratos electorales.
“Nosotros solo dijimos los hechos. No tengo ningún problema. Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, respondió este viernes durante su conferencia matutina.
La mandataria sostuvo que la información sobre las presuntas irregularidades fue presentada públicamente y rechazó que los señalamientos constituyan acusaciones sin sustento.
La controversia surgió después de que Buenrostro identificara a Juan Carlos Padilla Aguilar, militante de Somos, como el funcionario que incorporó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas a la administración pública, quienes posteriormente se convirtieron en empresarios y obtuvieron contratos millonarios de organismos electorales.
Ayer, Somos anunció que interpondrá una demanda contra Sheinbaum y Buenrostro, al acusarlas de vincular sin sustento a la organización con una trama de corrupción. En un comunicado, el partido sostuvo que el gobierno busca encontrar “chivos expiatorios” ante la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE).
La organización también acusó a la presidenta de desviar la atención sobre las irregularidades atribuidas a la administración de Guadalupe Taddei al involucrarla en una supuesta trama de corrupción. Además, consideró que la mandataria había elegido el camino de la confrontación en lugar de gobernar para todos.
En su posicionamiento, Somos atribuyó la descomposición del INE a la actuación de Taddei y de sus socios, y señaló que la crisis del organismo está relacionada con presuntos actos de enriquecimiento ilícito, colusión y conflictos de interés entre antiguos funcionarios.
Los vínculos de Padilla Aguilar con los exintegrantes del INE
Los señalamientos del gobierno federal contra Somos surgieron durante la presentación que realizó Buenrostro el jueves, cuando identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar como el funcionario que incorporó a los hermanos Hernández Casillas al servicio público durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con la información expuesta por la secretaria, Padilla Aguilar fue superior jerárquico de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de que ambos abandonaran el servicio público y comenzaran a participar en el sector empresarial.
La funcionaria señaló que Padilla Aguilar encabezó en 2022 el Frente Cívico Nacional en el Estado de México y actualmente milita en Somos, organización en la que también participan los exintegrantes del INE Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
Según lo expuesto por Buenrostro, Córdova forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos; Baños es representante suplente de la organización ante el INE, y Jacobo Molina dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política.
Sheinbaum también cuestionó la coincidencia entre Padilla Aguilar y los antiguos funcionarios electorales dentro de esa organización política, al recordar que el primero fue quien incorporó a los hermanos Hernández Casillas a la administración pública y posteriormente ocupó cargos en gobiernos priistas.
Las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) entre 2014 y 2023, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Ese periodo coincide con la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del Consejo General del INE y con la reforma electoral de 2014, que otorgó a ese órgano la facultad de designar a los consejeros electorales de las 32 entidades.
La investigación presentada por Buenrostro también identificó contratos por 646 millones de pesos entre 2024 y 2025 en 15 organismos electorales locales. Las cifras, explicó, fueron obtenidas de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema Compranet histórico, por lo que podrían aumentar conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre las compañías mencionadas por la funcionaria se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.
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Buenrostro expuso que las empresas presuntamente participaban en los mismos procedimientos de licitación para simular competencia y que, aunque aparecían distintas compañías, los beneficiarios finales eran los mismos empresarios.
También señaló que algunas de las compañías compartían domicilios, teléfonos, representantes legales y proveedores, además de que se detectaron operaciones financieras mediante las cuales los recursos recibidos de organismos electorales eran transferidos a otras empresas.
La secretaria indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones relacionadas con esas compañías, algunas de las cuales habían sido identificadas anteriormente como posibles empresas factureras.
INE deberá transparentar contrataciones para 2027
Sheinbaum señaló que uno de los principales pendientes del INE es garantizar la transparencia de las próximas licitaciones y contrataciones relacionadas con la organización de las elecciones de 2027.
Explicó que el organismo electoral deberá establecer nuevos lineamientos para regular sus adquisiciones, mientras que el gobierno federal buscará fortalecer los mecanismos de vigilancia y transparencia en Talleres Gráficos de México, encargado de producir principalmente las boletas electorales federales.
La mandataria recordó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer ese organismo, mediante cambios en su estructura de gobierno y mecanismos de supervisión de sus contrataciones. Entre las medidas planteadas está ampliar la integración de su Consejo de Administración e incorporar a instituciones académicas y a la Auditoría Superior de la Federación como observadora.
Sheinbaum también consideró necesario reducir la participación de intermediarios en la adquisición de materiales electorales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas, para que puedan comprarse directamente a fabricantes mexicanos mediante procedimientos abiertos.
En ese contexto, pidió al INE establecer criterios claros de contratación, rangos de precios y mecanismos que permitan evitar la concentración de adquisiciones en un grupo reducido de proveedores.
La presidenta señaló que el presupuesto del organismo electoral para este año se ubicaba en alrededor de 37 mil millones de pesos, aunque precisó que la Cámara de Diputados todavía debía determinar el monto definitivo.
Consultada sobre el posible recorte de 5 mil millones de pesos que preparan los legisladores, Sheinbaum manifestó estar de acuerdo, al considerar que el presupuesto enviado por el organismo estaba inflado. No obstante, señaló que deberá garantizarse la realización de las elecciones.