“Es inadmisible”: Sheinbaum exige investigar tortura contra manifestantes por el agua en Jalisco
Animal Político · 14 de octubre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió una investigación profunda sobre la represión policial y las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante la protesta por agua limpia del domingo en Guadalajara, Jalisco, y pidió identificar a los responsables y esclarecer quién dio la orden, al advertir que “no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entrevistar a las víctimas, determinar cómo ocurrieron los hechos y garantizar que haya sanciones y cero impunidad, mientras que, de los siete hombres que permanecían detenidos, dos fueron vinculados a proceso por lesiones, uno quedó en libertad sin cargos y cuatro esperan la resolución judicial sobre su situación.
Petición a la CNDH y la FGR
“Entonces es inadmisible”, afirmó la mandataria al referirse a las denuncias de tortura y al uso de la fuerza contra los manifestantes, y sostuvo que su gobierno no puede tolerar estas prácticas debido a que proviene de una lucha contra la represión.
Sheinbaum señaló que, después de que el tema fue planteado en la conferencia del martes, solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo ocurrido en Jalisco. También indicó que pidió una investigación profunda a la CNDH para esclarecer las circunstancias de las detenciones y establecer responsabilidades.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo la presidenta, quien condenó tanto el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes como las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos.
“No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, sostuvo.
La mandataria pidió que la investigación determine quién ordenó las acciones policiales y que las víctimas sean entrevistadas para conocer sus testimonios sobre lo ocurrido durante el operativo del domingo frente a Casa Jalisco.
“¿Quién dio la orden?”, cuestionó.
Sheinbaum consideró que las denuncias deben investigarse hasta esclarecer la participación de los policías y las condiciones en que se realizaron las detenciones. También planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga si corresponde, en caso de que las autoridades competentes determinen que su participación es necesaria.
“Y el caso que mencionas de policías municipales y policías estatales, si tiene que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la propia Fiscalía General de República tiene que entrar”, afirmó.
La presidenta insistió en que no debe permitirse la tortura en el país y señaló que las autoridades deben investigar los hechos, sancionar a los responsables y evitar que se repitan.
“Entonces tiene que investigarse, sancionarse y haber cero impunidad, porque no puede haber tortura en México”, dijo.
“No podemos permitir nosotros que venimos de luchar contra la represión, pues no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, declaró.
El gobierno de Jalisco admite abusos
Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció irregularidades en el operativo policial realizado durante la protesta por agua limpia y admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas.
El martes, el mandatario estatal afirmó que los policías que actuaron con excesos estaban identificados y anunció una investigación interna con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. También señaló que debía garantizarse la reparación del daño y la no repetición de los hechos.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”, reconoció Lemus en un mensaje difundido en sus redes sociales.
“A las personas no se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, añadió.
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El gobernador anunció la liberación de las personas detenidas durante los enfrentamientos; sin embargo, la situación jurídica de los siete hombres que permanecían bajo custodia judicial no quedó resuelta con ese anuncio.
De acuerdo con la actualización difundida el martes por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), dos de ellos fueron vinculados a proceso por lesiones, uno fue liberado sin cargos y los otros cuatro quedaron a la espera de que se determine si enfrentarán un proceso penal.
La Fiscalía estatal había informado que siete hombres fueron trasladados a los juzgados de control y oralidad del complejo penitenciario de Puente Grande. Según la dependencia, seis serían presentados por lesiones dolosas y uno por desobediencia o resistencia de particulares.
La autoridad también reportó que otras 32 personas detenidas durante los enfrentamientos frente a Casa Jalisco habían sido puestas en libertad.
Situación jurídica de los manifestantes
El CEPAD informó que David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos, mientras que Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso fueron vinculados a proceso por lesiones y deberán presentarse a firmar cada 15 días.
En tanto, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava tienen pendiente la resolución sobre su posible vinculación a proceso. Su audiencia continuará el viernes 16 de octubre.
La organización, que acompaña la defensa de los detenidos, pidió al Poder Judicial de Jalisco que determine la no vinculación a proceso de los cuatro hombres y convocó a acompañar a sus familias el viernes a las 10:00 horas en Puente Grande.
Denuncias de tortura e irregularidades
En una entrevista con Animal Político realizada antes de la actualización sobre la situación jurídica de los detenidos, Denisse Montiel Flores, codirectora del CEPAD, señaló que existen videos y otras evidencias que pueden ser utilizadas para cuestionar las condiciones de las detenciones y los señalamientos contra los arrestados.
“Hay un sinnúmero de evidencia que puede abonar a la defensa de estas personas detenidas”, sostuvo.
Montiel también denunció presuntos actos de tortura y obstáculos para que los abogados pudieran entrevistarse con sus representados y acceder oportunamente a las carpetas de investigación.
Las denuncias de familiares, personas liberadas y organizaciones de derechos humanos sobre golpes, amenazas y restricciones para acceder a información y defensa legal se produjeron después de los enfrentamientos registrados durante la movilización.