Manu Ureste · 13 de octubre de 2026
Dos de los siete hombres que permanecían detenidos tras la protesta por agua limpia del domingo en Guadalajara fueron vinculados a proceso por lesiones, mientras que solo uno fue liberado sin cargos, informó este martes el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Las otras cuatro personas continuarán su audiencia el viernes 16 de octubre, cuando se determinará su posible vinculación a proceso, según la organización que acompaña la defensa de los detenidos.
La actualización precisa el alcance del anuncio que hizo horas antes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien aseguró que todas las personas detenidas el domingo habían recuperado su libertad. La liberación no significa que hayan concluido los procesos penales contra ellas.
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De acuerdo con el CEPAD, David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos. Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso fueron vinculados a proceso por lesiones y deberán presentarse a firmar cada 15 días.
Alexis Daniel Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava tienen pendiente la resolución sobre su posible vinculación a proceso.
En su publicación en redes sociales, el CEPAD llamó al Poder Judicial de Jalisco a determinar la no vinculación a proceso de Alexis, Samuel, Teodoro y Juan Darío.
“¡La protesta social no es un delito! No permitamos que el sistema de justicia penal se convierta en una herramienta de persecución y criminalización”, expresó.
La organización convocó a acompañar a las familias este viernes a las 10:00 de la mañana en Puente Grande, donde continuará la audiencia.
En entrevista con Animal Político, realizada antes de esta actualización, Denisse Montiel Flores, codirectora del CEPAD, afirmó que existen videos y otras evidencias para cuestionar las condiciones en que se realizaron las detenciones y los señalamientos contra los arrestados.
“Hay un sinnúmero de evidencia que puede abonar a la defensa de estas personas detenidas”, sostuvo.
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Montiel también denunció actos de tortura y obstáculos para que los abogados pudieran entrevistarse con sus representados y acceder oportunamente a las carpetas de investigación.
La Fiscalía estatal informó este martes por la mañana que siete hombres habían sido trasladados a los juzgados de control y oralidad del complejo penitenciario de Puente Grande. La dependencia señaló que seis serían presentados por lesiones dolosas y uno por desobediencia o resistencia de particulares.
También reportó que las otras 32 personas, de un total de 39 detenidas tras los enfrentamientos frente a Casa Jalisco, habían sido puestas en libertad.

Horas después, Lemus anunció la liberación de todos los detenidos y reconoció irregularidades en el operativo.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”, afirmó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
“A las personas no se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, añadió.
El gobernador aseguró que los policías que actuaron con excesos están identificados y anunció una investigación interna, acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. También señaló que debe garantizarse la reparación del daño y la no repetición.
Su reconocimiento ocurrió después de que familiares, personas liberadas y organizaciones de derechos humanos denunciaron golpes, amenazas y restricciones para acceder a información y defensa legal.
Entre los cuatro hombres cuya posible vinculación a proceso se resolverá el viernes está Samuel Morales Navarro, un repartidor de aplicaciones que trabaja en su motocicleta para sostener el hogar y costear los estudios médicos de su madre, enferma de cáncer.
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También está Alexis Daniel Guzmán Ríos, un joven cineasta que acudió a documentar la protesta; Teodoro Jesús Torres Valdez, un hombre de 50 años que es padre y abuelo y lleva más de tres décadas en el mismo trabajo; y Juan Darío Muñoz Nava, estudiante universitario y trabajador.
Los perfiles difundidos en redes sociales para exigir su liberación fueron corroborados por Montiel.
La marcha del domingo 11 de octubre reunió a miles de personas que exigieron una solución al suministro de agua sucia y maloliente en Guadalajara y otros municipios metropolitanos. Frente a Casa Jalisco se registraron enfrentamientos y policías dispersaron a los asistentes con gases y chorros de agua.
El gobierno estatal atribuyó inicialmente la violencia a un supuesto grupo ajeno a la protesta. Las familias y los defensores rechazaron que sus detenidos pertenecieran a ese grupo o hubieran cometido los delitos que se les atribuían.