En revisión de nexos delictivos el INE no decide candidaturas, sino los partidos, aclara Sheinbaum

Luego de que Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, advirtió que el organismo no puede asumir tareas para revisar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que “está entendiendo mal la propuesta” incluida en la reforma electoral y señaló que esta solo prevé que una comisión del órgano electoral enlace consultas con autoridades competentes, subrayando que “la decisión es del partido político”.

Las declaraciones de Sheinbaum fueron hechas durante su conferencia matutina de este martes, en la que explicó que el mecanismo planteado busca ordenar el proceso mediante el cual los partidos pueden solicitar información sobre antecedentes de sus aspirantes.

Señaló que la vía propuesta sería una comisión integrada por consejeros electorales encargada de realizar consultas ante instancias como la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera. “La idea es que una comisión del INE, de consejeros, esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia”, sostuvo.

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El INE solo canalizaría información, no decidiría candidaturas

De acuerdo con Sheinbaum, el procedimiento se activaría únicamente a solicitud de los partidos. “Si un partido político dice ‘Yo quiero que investiguen a estos candidatos’, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes”, explicó.

Añadió que dichas autoridades indicarían si existe algún riesgo, incluidas posibles vinculaciones con actividades ilícitas. “Si lo encuentra la UIF, obviamente tiene que presentar su denuncia a la fiscalía, pero si no, puede decir ‘estos son los riesgos’”, señaló.

La presidenta indicó que el INE solo consolidaría y devolvería la información a los partidos, sin intervenir en la determinación final sobre candidaturas. “¿Qué hace el INE? Ya resuelve, se lo regresa al partido político. ¿Quién toma la decisión de si lo postula o no? El partido político”, afirmó.

Insistió en que el instituto no asumiría funciones de evaluación sobre la probidad de los aspirantes. “No es que el INE vaya a resolver”, dijo, antes de reiterar que “la decisión es del partido político, no del INE”.

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Taddei defiende límites del INE y pide claridad al Congreso

Las declaraciones respondieron a los planteamientos expuestos el lunes por Taddei, quien señaló en conferencia que el INE no puede convertirse en “juez y parte” en una contienda política.

Sostuvo que las atribuciones del organismo se limitan a organizar elecciones y garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. “Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó.

La consejera presidenta pidió al Congreso mantener claridad sobre las competencias del instituto al dictaminar la reforma, al recordar que el INE “no es un órgano ministerial ni judicial” y que la investigación, persecución y sanción de posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde exclusivamente a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.

Añadió que el instituto no está facultado para retirar candidaturas y advirtió que asumir ese rol colocaría al INE “en el centro de la disputa política”, por lo que consideró fundamental mantener la separación de funciones.

La reforma enviada por el gobierno propone la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros y adscrita al INE, encargada de canalizar consultas sobre posibles vínculos de aspirantes con organizaciones delictivas a partir del proceso electoral de 2027.

Según ha expuesto Sheinbaum, la propuesta surgió tras casos detectados en municipios del Estado de México, Teuchitlán, Tequila y en localidades de Morelos, donde fueron detenidos el presidente municipal de Atlatlahucan y el exalcalde de Yecapixtla. La mandataria recordó que este filtro formaba parte del llamado “Plan A” de reforma electoral, que no fue aprobado, y que se retomó ahora ante el cierre de plazos legislativos previos al proceso electoral de 2027.