INE asegura que no es su función verificar posibles vínculos de candidatos con el crimen

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo no puede convertirse en “juez y parte” de una contienda política y verificar candidaturas y sus posibles nexos con la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, Taddei mostró su desacuerdo con la propuesta de crear una comisión para investigar a candidatos, por lo que reiteró que la función del organismo es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia.

“Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó este lunes.

Guadalupe Taddei pidió a los legisladores en el Congreso de la Unión tener claridad sobre las competencias de ese instituto al momento de dictaminar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues señaló que el INE no es una autoridad ministerial ni judicial.

“El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública”, insistió.

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Asimismo, añadió que el INE no está facultado para bajar candidatos, sino que es responsabilidad de los partidos.

“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello, es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones”, expuso.

Sheinbaum propone crear comisión del INE para evaluar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la ley electoral para establecer mecanismos que permitan evaluar si los aspirantes a cargos públicos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada, medidas que aplicarían a partir de las elecciones de 2027.

La propuesta, presentada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería directamente del INE y que estaría conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General para ocupar el cargo por un periodo de tres años.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa surgió tras detectarse “casos aislados” de autoridades municipales vinculadas con actividades delictivas. Como ejemplo, la mandataria mencionó acciones bajo el Operativo Enjambre en el Estado de México, las detenciones de alcaldes en municipios de Jalisco, como Teuchitlán y Tequila, así como las más recientes en el estado de Morelos que derivaron en la captura del presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, y otros exfuncionarios y autoridades.

Sheinbaum detalló que la creación de este filtro de seguridad originalmente formaba parte de la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan A”, la cual no fue aprobada en su momento. Sin embargo, dijo que ante el cierre del plazo para realizar modificaciones previas al arranque del proceso electoral de 2027, su administración decidió presentar esta propuesta específica durante el periodo extraordinario de sesiones.