Sheinbaum propone crear comisión del INE para evaluar posibles nexos criminales de candidatos
Redacción Animal Político · 21 de mayo de 2026
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la ley electoral para establecer mecanismos que permitan evaluar si los aspirantes a cargos públicos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada, medidas que aplicarían a partir de las elecciones de 2027.
La propuesta, presentada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería directamente del Instituto Nacional Electoral (INE) y que estaría conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General para ocupar el cargo por un periodo de tres años.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa surgió tras detectarse “casos aislados” de autoridades municipales vinculadas con actividades delictivas. Como ejemplo, la mandataria mencionó acciones bajo el Operativo Enjambre en el Estado de México, las detenciones de alcaldes en municipios de Jalisco, como Teuchitlán y Tequila, así como las más recientes en el estado de Morelos que derivaron en la captura del presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, y otros exfuncionarios y autoridades.
Sheinbaum detalló que la creación de este filtro de seguridad originalmente formaba parte de la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan A”, la cual no fue aprobada en su momento. Sin embargo, dijo que ante el cierre del plazo para realizar modificaciones previas al arranque del proceso electoral de 2027, su administración decidió presentar esta propuesta específica durante el periodo extraordinario de sesiones.
“Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados, pero es importante si vamos a tener elección en el 2027 que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, enfatizó durante la conferencia matutina.
En caso de ser aprobada la iniciativa para crear la comisión de verificación, los partidos ya tendrían un filtro para las candidaturas rumbo a 2027. El pasado abril, Animal Político publicó que, a unos meses de que comience el proceso electoral, las fuerzas políticas no cuentan aún con métodos para garantizar que sus quienes aspiren a un cargo público no tengan vínculos con organizaciones criminales, pues los procesos están delimitados, hasta el momento, únicamente por los rquisitos que establecen autoridades electorales, los cuales no son suficientes.
Por un lado, dirigentes de partidos políticos advirtieron que carecen de recursos financieros para poner los filtros suficientes y que la “autorregulación” no es una medida efectiva. Otros señalaron que esa es tarea de las autoridades de justicia.
En tanto, especialistas advirtieron sobre la necesidad de que ante la colusión de políticos con grupos criminales, ya sea por coerción o vinculación acordada, se involucren distintas instituciones.
Comisión determinaría si existen riesgos en candidaturas
El objetivo central de la comisión, explicó Alcalde, sería funcionar como un vínculo entre los partidos políticos “que voluntariamente decidan participar” y diversas autoridades de seguridad y justicia. Las instituciones encargadas de recibir y consultar los nombres de los aspirantes serían el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Estas dependencias realizarían un análisis para determinar si hay o no un “riesgo razonable” de vínculos con el crimen organizado.
“Esta información, las instituciones la entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable”, explicó la consejera jurídica.
Asimismo, subrayó que la comisión que proponen crear informaría a los partidos si existe riesgo razonable o no, señalando las dependencias que así lo indicaron. “Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, enfatizó.
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El mecanismo propuesto este jueves también establece que la participación de los partidos políticos para entregar sus listas de aspirantes sería voluntaria. Sin embargo, tendrían como requisito obligatorio que todas las personas que busquen una candidatura firmen una carta de conformidad aceptando ser evaluadas por la comisión, independientemente de si su partido decide o no solicitar la revisión.
La iniciativa, señaló Alcalde, subraya que todo este proceso de verificación se llevaría a cabo bajo condiciones de confidencialidad y la información tendría carácter reservado para proteger el debido proceso legal. Asimismo, determina que si las autoridades encuentran información relevante durante sus evaluaciones, continuarían con las investigaciones que correspondan de acuerdo con sus atribuciones.