Proponen en San Luis Potosí someter a polígrafo aspirantes a candidaturas y detectar vínculo-narco
Antonio González · 6 de mayo de 2026
En San Luis Potosí, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano, presentó una iniciativa de reforma que plantea como requisito para ser candidato una Certificación Estatal de Integridad de Confianza.
De acuerdo con la propuesta, modificaría la Constitución del Estado, la cual introduce una nueva figura denominada “Condición de Integridad y Confiabilidad para la postulación democrática”.
En ese sentido, deberá acreditarse para competir por la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
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“La certificación se incorporaría como un documento adicional obligatorio dentro del registro de candidaturas, junto con requisitos ya existentes como actas de nacimiento, comprobantes de residencia y declaraciones bajo protesta”, señala la propuesta.
Serrano aseguró que su propuesta forma parte de la reforma electoral que actualmente se analiza en el Congreso de San Luis Potosí, por lo que descartó que la iniciativa responda a coyunturas políticas recientes.
En entrevista con Animal Político, el legislador explicó que dicha propuesta fue presentada desde enero pasado y busca establecer filtros institucionales que permitan prevenir la infiltración de personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en cargos públicos obtenidos por la vía electoral.
“Es una propuesta que presentamos en el marco de la reforma electoral que desde diciembre se revisa en el Congreso. La intención es buscar mecanismos que nos permitan evitar que personas vinculadas con el crimen organizado penetren en estructuras gubernamentales o legislativas”, señaló.
Detección de vínculo con polígrafo
Detalló que el plan contempla la aplicación de evaluaciones similares a los procesos de certificación de seguridad, entre ellos estudios psicológicos, toxicológicos y pruebas de polígrafo, con el objetivo de determinar posibles vínculos con grupos delictivos.
El legislador sostuvo que la medida aplicaría a quienes busquen competir por la gubernatura del estado, presidencias municipales y diputaciones locales, aunque reconoció que aún se encuentra en etapa de construcción el mecanismo institucional encargado de ejecutar dichas evaluaciones.
Dicha medida sería regulada a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y así cuente con las facultades necesarias para aplicar exámenes de control a los aspirantes a cargos de elección popular.
Posible ruta jurídica
En ese sentido, informó que el próximo miércoles convocará a una mesa de trabajo con los 27 diputados que integran el Congreso local para definir la ruta jurídica y operativa de la propuesta, así como la instancia responsable de aplicar los controles.
“Estamos tratando de coincidir con las diferentes fuerzas políticas en el cómo. Es una iniciativa novedosa y entendemos que puede generar posturas a favor y en contra, pero lo importante es construir un mecanismo confiable”, indicó.
Serrano también precisó que no se descarta la participación de instancias federales o del Estado mexicano relacionadas con seguridad pública, aunque ese punto será parte del debate legislativo.
Insistió en que su iniciativa no está relacionada con casos recientes que han generado polémica a nivel nacional, sino que responde exclusivamente a la discusión de la reforma electoral en San Luis Potosí y a la intención de fortalecer los mecanismos de confianza en quienes buscan acceder a cargos públicos.
Gobernador de Sinaloa es acusado por EU de nexos con crimen organizado
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, una denuncia en la que se expone cómo habría llegado al poder a través de un pacto “político-criminal” durante las elecciones de 2021.
De acuerdo con la denuncia presentada ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en este pacto habría participado el grupo conocido como “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A partir de esto, las autoridades de Estados Unidos detallan la operación de una supuesta red de corrupción donde el gobierno estatal y las fuerzas de seguridad trabajarían al servicio de este grupo criminal para facilitar sus actividades y perpetuar su dominio.
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Posteriormente, Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal al gobierno de Sinaloa mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En un mensaje a medios, Rocha Moya dijo que se mostrará “con firmeza” en el momento que las instituciones de justicia de México lo requieran.