Así funcionaría la Comisión de Verificación para detectar posibles vínculos criminales de candidatos

Rumbo a las elecciones de 2027, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y funcionaría como enlace institucional para alertar a los partidos políticos sobre aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con la mandataria, esta iniciativa, que enviará al Congreso de la Unión, surgió como una medida preventiva tras detectarse “casos aislados” de autoridades municipales con nexos delictivos.

Como ejemplos, citó el Operativo Enjambre en el Estado de México, así como las detenciones de los alcaldes de Teuchitlán y Tequila, en Jalisco, así como las recientes capturas de exfuncionarios y autoridades de Morelos.

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De ser aprobada la iniciativa para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, los partidos contarían con un filtro institucional rumbo a las elecciones de 2027. Una publicación de Animal Político del pasado abril, dieron a conocer que las fuerzas políticas carecen aún de métodos propios para garantizar que sus aspirantes a un cargo público no tengan vínculos con organizaciones criminales, pues los procesos se limitan a cumplir con los requisitos que establecen las autoridades electorales, los cuales han resultado insuficientes.

Por un lado, dirigentes de diversos partidos han advertido que no cuentan con los recursos financieros para implementar filtros de seguridad rigurosos, reconociendo que la “autorregulación” no es una medida efectiva y señalando que la investigación de perfiles es tarea exclusiva de las autoridades de procuración de justicia.

Ante este escenario de vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada —ya sea por coerción o por una vinculación acordada—, especialistas subrayaron la urgencia de involucrar a distintas instituciones. Este diagnóstico coincidiría con el objetivo de la nueva propuesta, la cual busca que dependencias de inteligencia y justicia evalúen los riesgos de infiltración criminal en las candidaturas.

¿Cómo funcionaría la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas?

La comisión estaría conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. Su funcionamiento se basaría en el siguiente mecanismo interinstitucional:

1. Entrega de listas: los partidos políticos entregarían de manera voluntaria a la comisión del INE los nombres de sus aspirantes a candidaturas.
2. Consulta a dependencias: La comisión fungiría como enlace y consultaría los perfiles con cuatro instituciones: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
3. Análisis: estas autoridades evaluarían la información en sus bases de datos para determinar si existe o no un “riesgo razonable” de que el aspirante tenga nexos con el crimen organizado.
4. Reporte sin detalles:  las instancias de seguridad entregarían su dictamen a la Comisión de Verificación de Integridad indicando la existencia o no del riesgo, pero sin señalar el asunto o la carpeta de investigación de la que se deriva. Posteriormente, el órgano informaría los resultados a los partidos e indicaría específicamente qué dependencias fueron las que advirtieron sobre el riesgo.
5. Decisión final: con la información, los partidos asumirían la responsabilidad de determinar si registran o no dicha candidatura.
6. Continuarían indagatorias: si las autoridades de seguridad hallaran información relevante durante sus análisis, continuarían con las investigaciones correspondientes según sus atribuciones.

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La iniciativa impulsada por Sheinbaum también plantea que, aunque la participación de los partidos sería voluntaria, establecería como requisito obligatorio que todas las personas que aspiren a un cargo de elección popular manifiesten su conformidad para ser evaluadas.

Asimismo, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, subrayó que, de acuerdo con la propuesta, todo este proceso se llevaría a cabo bajo estrictas condiciones de confidencialidad. La información recabada por las autoridades tendría carácter de reservada para no afectar el debido proceso y garantizar en todo momento el principio de presunción de inocencia de todos los aspirantes.