FGR investigará caso Rocha Moya, pero sin pruebas irrefutables, objetivo es político: Sheinbaum
Redacción Animal Político · 30 de abril de 2026
Frente a las recientes acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que involucran al gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno mexicano no encubrirá a delincuentes, pero advirtió que si las autoridades estadounidenses no presentan pruebas sólidas, el móvil es político.
Durante la lectura de un comunicado oficial, la mandataria explicó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) al día siguiente.
Ese mismo 29 de abril, señaló que el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 mexicanos, entre los que se encuentran el gobernador de Sinaloa, el senador, Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Sheinbaum dijo que esta revelación de una “acusación de reemplazo bajo reserva”, provocó que la SRE emitiera un extrañamiento formal a Estados Unidos, ya que los tratados internacionales en la materia exigen estricta confidencialidad.
Sin pruebas claras, objetivo es político
La presidenta subrayó que la investigación y cualquier acción penal se darán bajo estricta jurisdicción mexicana. Además, descartó encubrir a los funcionarios en caso de que se presenten pruebas contundentes.
“Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito“.
Ante el caso, Sheinbaum también estableció la postura del gobierno federal respecto a la soberanía nacional y la relación bilateral, la cual, aseguró, es de “iguales”, “nunca de subordinación y menos de entreguismo” y condicionó la validez de los señalamientos a la entrega de evidencia concluyente.
“Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro”, aseveró.
Bajo la consigna de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, concluyó su posicionamiento con una advertencia final hacia cualquier intento de intervención: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
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Las declaraciones de la mandataria se presentan luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el miércoles una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
Además de Rocha Moya, la acusación también señaló a Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil. y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
Al gobernador de Sinaloa se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
En la acusación formal también se expone cómo el mandatario estatal habría llegado al poder a través de un pacto “político-criminal” durante las elecciones de 2021.
De acuerdo con la denuncia presentada ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en este pacto habría participado el grupo conocido como “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El miércoles, tras hacerse público el documento de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, expresó. Añadió que las acusaciones serán desmentidas: “Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
Posteriormente, afirmó que ya había sostenido una conversación con Sheinbaum y que existe respaldo por parte de la mandataria.
“Aquí estamos tranquilos trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe encauzarse conforme a las leyes”, señaló.
Entrevistado por medios de comunicación a la salida de una reunión privada, el mandatario estatal evitó profundizar sobre las acusaciones y respondió que no haría más declaraciones al respecto.
La mandataria confirmó este jueves la llamada con el gobernador y dijo que, tras darse a conocer las solicitudes estadounidenses, le transmitió un mensaje claro respecto a los señalamientos en su contra: “Si no hay nada, pues no hay nada que temer”, reiterando que por encima de cualquier acusación, tiene que haber pruebas.
Además, recordó que, bajo el estricto apego al Estado de derecho, si la investigación llegara a encontrar evidencias contra el mandatario estatal, el proceso legal exigiría primero llevar a cabo un desafuero.
Asimismo, la presidenta aseguró que actuaría “exactamente de la misma manera” si la petición de detención y extradición apuntara a un gobernante de oposición, ya sea del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano.