EU vincula a Rocha Moya con presunto pacto “político-criminal” en elecciones 2021 en Sinaloa
Alfredo Maza · 29 de abril de 2026
En la acusación formal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se expone cómo el mandatario estatal habría llegado al poder a través de un pacto “político-criminal” durante las elecciones de 2021.
De acuerdo con la denuncia presentada ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en este pacto habría participado el grupo conocido como “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A partir de esto, las autoridades de Estados Unidos detallan la operación de una supuesta red de corrupción donde el gobierno estatal y las fuerzas de seguridad trabajarían al servicio de este grupo criminal para facilitar sus actividades y perpetuar su dominio.
FGR evalúa solicitudes de extradición
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril se recibieron “solicitudes de extradición de diversas personas” por parte del gobierno de Estados Unidos, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación.
Sin embargo, la SRE puntualizó que los documentos —de acuerdo con una primera revisión jurídica en el marco del Tratado de Extradición bilateral— “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
El gobernador Rocha Moya, por su parte, rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al asegurar que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, y señaló un componente político detrás de las acusaciones.
“Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”, afirmó.
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El supuesto pacto “político-criminal” durante las elecciones de 2021
De acuerdo con el documento de la acusación formal contra Rocha Moya, que difundió el Departamento de Justicia de EU, el hoy gobernador habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, líderes de “Los Chapitos” —quienes habrían estado custodiados por sicarios con ametralladoras y otras armas— a principios de 2021 durante su campaña electoral.
La fiscalía estadounidense afirma que en estos encuentros, los hijos de El Chapo le habrían prometido asegurar su victoria electoral y a cambio, él se habría comprometido a colocar en puestos clave de su gobierno en el estado a funcionarios afines a los intereses de “Los Chapitos” y sus actividades criminales.
En la ejecución de dicho plan —indica la acusación— se señala a Enrique Díaz Vega, quien luego fue nombrado secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. De él se dice que habría entregado a los líderes criminales una lista con los nombres y direcciones de los opositores políticos de Rocha Moya.
Esta información habría sido utilizada por el cártel supuestamente para intimidar a los candidatos rivales y obligarlos a retirarse de la contienda gubernamental. Según la demanda, el día de las elecciones, en junio de 2021, la intervención del crimen organizado habría sido “absoluta”.
La acusación detalla que, siguiendo órdenes directas de Iván Archivaldo Guzmán, sicarios del cártel habrían robado urnas y papeletas del partido opositor, además de privar de la libertad a rivales políticos utilizando las listas proporcionadas por Díaz Vega.
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“Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”, señala la acusación.
En 2021, Animal Político y Noroeste documentaron que entre el sábado 5 y domingo 6 de junio, al menos nueve operadores electorales del PRI y Morena fueron secuestrados en distintos municipios de Sinaloa, para obligarlos a suspender operativos preparados para la jornada electoral.
La investigación estadounidense señaló que, para impactar aún más en los resultados, altos mandos de la Policía Estatal de Sinaloa habrían ordenado a sus agentes no acercarse a los recintos electorales ni intervenir bajo ninguna circunstancia.
Esto ocurrió a pesar de que los policías recibieron múltiples llamadas de emergencia que denunciaban amenazas en casetas de peaje, robo de urnas en ciudades principales como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, y la presencia de individuos armados golpeando a los votantes para coaccionarlos a favor de los candidatos del cártel.
En la demanda en su contra en EU, se indica que tras ganar la gubernatura, Rocha Moya y su secretario general, Enrique Inzunza Cázarez, se habrían reunido nuevamente con los líderes de “Los Chapitos”, en otro encuentro vigilado por hombres fuertemente armados.
En esa ocasión habrían reafirmado el acuerdo: el cártel tendría el control de la Policía Estatal para operar sin riesgo de interferencias legales.
Luego de su extradición a Estados Unidos y en calidad de detenidos, tanto Ovidio como Joaquín Guzmán aceptaron declararse culpables ante tribunales estadounidenses, con lo que abrieron la oportunidad de colaborar con la justicia de aquel país.
La “nómina” del Cártel: Pruebas documentales de la corrupción institucional
En la acusación de Estados Unidos también se asegura que para garantizar impunidad, el Cártel de Sinaloa estableció un sistema de sobornos mensual y metódico.
El “jefe de plaza” del cártel en Culiacán supuestamente recibía regularmente una caja con grandes sumas de efectivo acompañada de una lista que detallaba las tarifas para cada funcionario público corrupto. Fotografías de estos recibos informales, obtenidas durante la investigación, muestran los supuestos seudónimos y montos asignados a diversos mandos del estado.
Entre los supuestos sobornados, figura el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra (identificado en la nómina como “Culiacán Regio”), quien recibía aproximadamente 200 mil pesos al mes.
A cambio, Zaavedra supuestamente protegía a los miembros del cártel y les filtraba información anticipada sobre operativos conjuntos apoyados por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Los sucesivos jefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (identificados en los recibos como “R1”), habrían percibido 300 mil pesos mensuales por dejar operar a la facción libremente.
Las fuerzas policiales encargadas de la seguridad en las calles también habrían estado en esta nómina.
Se trata de José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” y exsubdirector de la Policía Estatal, quien supuestamente cobraba 100 mil pesos mensuales. Por su parte, el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, recibía 30 mil pesos al mes.
EU también señala al gobierno de Sinaloa por la crisis global del fentanilo
Finalmente, en la acusación se señala a Rocha Moya y su gobierno de haber sido un “pilar fundamental” para que el Cártel de Sinaloa convirtiera al estado en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos, supuestamente recibiendo precursores químicos por mar y aire desde China para la producción masiva de fentanilo y metanfetamina.
Algo que las autoridades estadounidenses sostienen “ha alimentado la letal epidemia de opioides en Estados Unidos”.
Para este fin, según la demanda, funcionarios del más alto nivel de seguridad, como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, habrían recibido cuantiosos sobornos de más de 100 mil dólares estadounidenses mensuales.
A cambio, Mérida Sánchez proporcionaba a “Los Chapitos” avisos anticipados sobre redadas policiales y militares en sus instalaciones clandestinas.
Además, durante 2023 habría alertado al cártel de al menos 10 cateos a laboratorios de drogas, dándoles el margen necesario para evacuar al personal, los equipos y las sustancias antes de la llegada de las autoridades, según la acusación.
Asimismo, bajo su mandato como jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés habría permitido sistemáticamente que los vehículos cargados con precursores químicos para la fabricación de fentanilo transitaran libremente por la ciudad de Culiacán sin ser inspeccionados ni detenidos.
Por este motivo, según las autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa ha logrado operar laboratorios clandestinos e introducir de contrabando cantidades masivas de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a lo largo de toda la frontera.