“Me quebré en un inicio”: juez Sergio Sigales y el costo de enfrentar dos procesos en su contra

Tras 29 años de trayectoria ininterrumpida en el Poder Judicial de la Federación, el juez de Colima, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, se encuentra a la espera de que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) resuelva el procedimiento disciplinario que podría culminar en su destitución e inhabilitación definitivas.

Al mismo tiempo, enfrenta una acusación penal impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR) y promovida por el propio TDJ, por presuntos delitos contra la administración de justicia.

La resolución del TDJ de enviar a la Fiscalía el expediente del juez -una medida que busca abrir un proceso penal en su contra por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones-, fue condenada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).

Ambos procedimientos -tanto el administrativo-disciplinario como el penal- comenzaron a finales de octubre de 2025. Esto ocurrió luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, a solicitud de la Secretaría de Marina (Semar), pidiera intervenir para investigar al juzgador adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, por presuntamente liberar a un delincuente que generó una escalada de violencia en la ciudad.

Tras meses de reserva procesal, recientemente el juez tomó la decisión de romper el silencio ante los medios de comunicación. En entrevista con Animal Político, explica que su determinación surgió al conocer el borrador de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado del TDJ, Bernardo Bátiz Vázquez.

“No había querido hablar porque esperaba sensatez, pírricamente o como un sueño de que podía haber una decisión justa en mi contra, pero cuando Arturo (Guerrero, su abogado) empezó a indagar cómo venía el proyecto: inhabilitándome, destituyéndome, pues ya no pude más, ya no pude callarme más”, afirma el juzgador.

Lee más | Jueces y magistrados denuncian “hostigamiento disciplinario” por fallos contra reforma judicial

Acusan al Tribunal de Disciplina de actuar por presiones políticas

Paralelo a su decisión de aparecer públicamente, esta semana el juez Sergio Sigales recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).

Mediante un comunicado, la directiva de la JUFED consideró grave la remisión al Ministerio Público de un caso derivado del criterio jurisdiccional de un impartidor de justicia y acusó al Tribunal de Disciplina de ceder ante presiones políticas.

“Lo que inició como un procedimiento de responsabilidad administrativa (expediente OIRA/136/2025 / 76/2025-V) podría trasladarse al ámbito penal. Llevar las diferencias de criterio jurisdiccional a ese terreno representa una clara maniobra de persecución institucional, con toda la maquinaria del Estado, en contra de personas juzgadoras de carrera judicial”, afirmó la asociación civil integrada por juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto en activo como en retiro, cuya misión -según señala su página de internet- es “defender los valores fundamentales de la carrera judicial” y “proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

En su posicionamiento, la JUFED sostiene también que la resolución compromete la imparcialidad del órgano de control interno del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues “muestra la pérdida total de neutralidad por parte del órgano disciplinario, enviando un mensaje directo e intimidatorio a quienes ejercen la función de juzgar”.

“Que el organismo encargado de vigilar la disciplina mantenga a un juzgador apartado de su cargo en abierta contravención a la ley no solo evidencia arbitrariedad, sino que demuestra que el TDJ actúa al margen del Estado de derecho”, añadió en referencia a que debido a los procedimientos en su contra.

La denuncia penal del TDJ al juez Sergio Sigales

El pasado 8 de octubre, Animal Político dio a conocer que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se encuentra analizando un proyecto de resolución del magistrado Bernardo Bátiz Vázquez que plantea la destitución e inhabilitación definitiva del juez de Colima, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido.

Posteriormente, este medio reportó que el proceso contra el juzgador escaló del ámbito administrativo al terreno penal. Esto, luego de que la FGR judicializara una carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos contra la administración de justicia.

Dichas acciones convirtieron a Sergio Sigales en el primer juez federal suspendido temporalmente por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano del Poder Judicial que tiene entre sus facultades vigilar, investigar, evaluar y sancionar conductas y faltas administrativas de ministras, magistradas, jueces y personal judicial.

Aunque inicialmente se desconocía el origen de la acusación en su contra, el propio juzgador confirmó poco después que la denuncia había sido promovida por el mismo tribunal disciplinario.

“Para sorpresa de absolutamente nadie, habiendo recibido hace unos instantes copia digital de la carpeta de investigación, he sido formalmente denunciado el 4 de noviembre pasado por el TDJ, juez y parte, un día después de lo dicho en la Mañanera”, informó en sus redes sociales.

La referencia del juez a la conferencia matutina de la presidenta responde a que en ese espacio, el 3 de noviembre de 2025, su caso tomó notoriedad cuando Claudia Sheinbaum confirmó el envío de una carta al TDJ para pedir una revisión al desempeño del juez Sigales, atribuyéndole la liberación de un procesado relacionada con el aumento de homicidios en la entidad.

“Les voy a dar un ejemplo de algo que acaba de ocurrir hace poco: Colima, hace tres días, subieron los homicidios. Ahí nos ayuda mucho la Marina. Y le preguntamos en el Gabinete, al almirante secretario [Raymundo Pedro Morales Ángeles]: ‘Oiga, ¿por qué si Colima ya había bajado bastante, ahora…?’. ‘No, pues es que dejaron salir a un delincuente, un juez’. Entonces, se le envió una carta a la Corte, y particularmente al Tribunal de Disciplina Judicial diciendo: ‘Ocurrió esto’. De inmediato hicieron su investigación, y están por sancionar al juez, en caso de que haya sido esta la situación, claro que tienen que hacer su investigación”, declaró Sheinbaum.

En un comunicado, el TDJ señaló que el juzgador “incurrió en faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia, debido a un notorio desvío de la legalidad, al actuar como parte activa en la reducción de penas acordadas en al menos cuatro asuntos relativos a procedimientos abreviados -donde la persona acusada acepta su responsabilidad a cambio de una condena reducida-, relacionados con la comisión de delitos de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes”.

Días después, la gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno Silva, celebró la medida durante su conferencia de prensa semanal “Diálogos por la Transformación”.

“Me da mucho gusto que estemos viviendo un proceso de reconstrucción de nuestro Poder Judicial en el que las y los jueces, sean locales o sean federales, ya tienen una supervisión y hay consecuencias si no actúan de manera apegada a derecho, de manera apegada a la ley”, señaló.

Los señalamientos públicos en su contra, aunados a las afectaciones económicas que implica la reducción del 67 % de sus ingresos por el freno de su actividad jurisdiccional, han sido difíciles de enfrentar para el juez, su esposa y su hijo, estudiante de la carrera de Medicina.

“Bueno, ha sido terrible […] he sufrido crisis nerviosas, he sufrido depresión desde luego, sí; estoy en tratamiento médico para controlar este estado emocional que sufro, que sufre mi familia”, admite en entrevista.

“Te puedo decir que una de mis cualidades como ser humano […] es que siempre me he conducido con respeto hacia todo el mundo”.

En concreto, sobre las acusaciones en su contra, el juez y su abogado, Arturo Guerrero Zazueta, explican que en las cuatro resoluciones que se le reprochan hizo un simple “control judicial”, que es la función que tienen las personas juzgadoras en México para revisar, vigilar y poner un límite a las actuaciones de las autoridades, como la Fiscalía, las policías y el gobierno, para garantizar que todo se haga con apego a la Constitución.

En estos cuatro casos en particular, el propósito era verificar que la FGR cumpliera con su propio reglamento interno, el Acuerdo A/017/2015, normativa que obliga al Ministerio Público a otorgar mayores reducciones de pena cuando los acusados carecen de antecedentes penales.

Además, aseguran que se trató de una resolución que se realizó en estricto apego al marco normativo internacional sobre derechos humanos.

¿Quién es el juez Sergio Sigales?

El juez Sergio Sigales Obrador Garrido tiene casi tres décadas de servicio en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Nació en 1968 en Ciudad del Carmen, Campeche, donde creció en un entorno agrícola y se educó en instituciones públicas. En 1986, ingresó a la Universidad La Salle en la Ciudad de México, donde estudió Derecho.

Aún sin titularse, inició prácticas en 1991 como defensor público en los reclusorios Norte y Sur de la capital del país. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público y secretario proyectista en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El 16 de noviembre de 1997 ingresó al Poder Judicial de la Federación (PJF) como secretario del Tribunal Colegiado de Circuito.

Su ascenso a la categoría de juez de distrito se concretó tras participar en 12 concursos de oposición y librar un litigio administrativo. Luego de impugnar el resultado de su sexto concurso final, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a su favor la Revisión Administrativa 165/2015 en mayo de 2019, otorgándole la razón y ordenando su nombramiento.

Sin embargo, debido a los retrasos administrativos derivados de la pandemia de COVID-19, su adscripción formal ocurrió el 16 de octubre de 2020 en la ciudad de Colima, inicialmente en materia de amparo y, a partir del 16 de agosto de 2021, como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal. Ingresó a esa plaza tras la reestructuración generada por el homicidio del juzgador Uriel Villegas Vásquez y su esposa.

Un dato curioso es su parentesco lejano con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de que su abuelo materno y la madre del exmandatario eran primos hermanos.

Sin embargo, enfatiza, nunca existió trato ni cercanía personal entre ambos, habiendo coincidido únicamente en dos ocasiones en actos públicos.

Exceso en los plazos de la medida cautelar e irregularidades procesales

En su pronunciamiento, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito remarcó que la suspensión cautelar aplicada al juez Sigales rebasó con exceso los plazos fijados por la ley.

“El juez Sigales Obrador Garrido se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones desde hace casi un año, habiendo vencido con exceso el plazo máximo de seis meses que la propia normativa fija para este tipo de medidas provisionales”, enfatizó.

Además, la JUFED recopila lo que considera inconsistencias procedimentales registradas desde el inicio del caso en octubre de 2025.

Una de ellas es que la denuncia penal ante la FGR se mantuvo oculta para la defensa hasta que los abogados del juzgador tuvieron acceso directo a la carpeta de investigación.

De igual forma, la asociación señaló la falta de respuesta a las solicitudes presentadas el 22 de abril y el 6 de octubre de 2026 para acceder a las actas y justificaciones de la sesión del 30 de octubre de 2025.

“La JUFED reafirma su solidaridad y respaldo al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido y pide el cese de las acciones de amedrentamiento penal y de la persecución política en contra de personas juzgadoras de carrera judicial”, concluye la asociación civil que afirma haber renovado su compromiso con la justicia y las libertades en el marco de la reforma judicial de 2024.

La audiencia que viene y la defensa internacional

Actualmente, el juez Sigales Obrador Garrido aguarda la resolución del Pleno del TDJ sobre su destitución e inhabilitación, al tiempo que espera la primera audiencia de la causa penal 104/2026, fijada para celebrarse de manera remota el 14 de diciembre de 2026 a través de un juzgado en Nayarit.

Debido a que el marco legal mexicano limita la impugnación de las resoluciones del TDJ vía amparo y a que se inició el proceso penal en su contra, su representación jurídica prepara recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU en defensa de sus derechos humanos, laborales y profesionales.

“Y por eso estamos aquí, alzando la voz y de frente a la sociedad, que es como debe conducirse cualquier persona honrada, digna, que es lo que somos yo, mi familia y mis amigos”.