Rocha Moya, sin fuero pero con escolta federal, en medio de un torbellino por las acusaciones de EU

Tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa debido a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la situación legal y personal de Rubén Rocha Moya cambió drásticamente: perdió su fuero  —que es la inmunidad constitucional que lo protegía de ser procesado por algún delito—, y el gobierno federal le asignó protección.

Este lunes, el Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa desde Culiacán en la que confirmó el nuevo estatus de Rocha Moya.  “El gobernador al dejar el cargo, pues no tiene fuero”, puntualizó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

García Harfuch dio a conocer que —aunque él no lo pidió directamente, ni hay indicios de amenazas en su contra—, al político morenista se le asignó protección oficial tras realizar evaluaciones de riesgo. “En este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad… son pocos elementos”, explicó.

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Sin sospecha ni obstrucción 

El secretario García Harfuch aseguró que en el Gabinete de Seguridad no tenían sospechas de una posible colaboración entre el ahora gobernador con licencia y el Cártel de Sinaloa, como señala el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “No hay sospecha y nunca hemos tenido una obstrucción en las labores de seguridad”.

Respecto a los otros 9 funcionarios y exfuncionarios estatales acusados —entre ellos Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quien también solicitó licencia—, García Harfuch hizo una distinción: “quien tiene fuero es un senador, los demás no”, en referencia al legislador morenista Enrique Inzunza.

Presidencia acusa “linchamiento mediático” e injerencismo 

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo legal fijaron una nueva postura firme frente a la actuación de Estados Unidos en este caso.

Durante la conferencia de prensa matutina, la nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, denunció que al hacer públicos los cargos contra el gobernador al estar en funciones y los otros funcionarios y exfuncionarios, el Departamento de Justicia estadounidense rompió acuerdos diplomáticos.

“Dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático”, explicó Alcalde.

La presidenta Sheinbaum respaldó esa postura al reprochar el manejo del caso por parte de las autoridades estadounidenses, como si fuera la nota principal de los periódicos.

“¿Qué objetivo tenía sacarlo a ocho columnas si ellos saben que debe haber confidencialidad?”, cuestionó. “Un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía”, dijo.

Con todo, reiteró su promesa de aplicar la ley si se presentan evidencias sólidas. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, sentenció nuevamente como lo hizo el 30 de abril, un día después de que Estados Unidos hiciera pública la acusación formal y los cargos contra los funcionarios mexicanos.

Extradición en pausa: EU no comprobó “urgencia” 

En el ámbito jurídico, el proceso para una posible entrega a Estados Unidos se encuentra en pausa debido a un tema técnico. “La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición; lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición”, explicó la consejera jurídica.

Luisa Alcalde aclaró que, para que este tipo de solicitud proceda, las autoridades estadounidenses deben justificar que existía una urgencia, como el riesgo de que los acusados se fuguen.

No obstante, tras revisar los documentos, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no existe, al momento, o no se aportó, ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”.

En consecuencia, el proceso legal no avanzará ante un juez hasta que el país solicitante entregue la información probatoria necesaria, la cual  —aseguraron— ya fue solicitada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Gabinete de Seguridad refuerza acciones en Sinaloa 

Mientras la tensión diplomática entre México y Estados Unidos escala, el Gabinete de Seguridad aprovechó la visita a Sinaloa para respaldar a la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, quien, al igual que Rocha Moya, también es parte de Morena.

García Harfuch informó que reforzarán la estrategia de seguridad en Sinaloa, centrando las prioridades en reducir la incidencia delictiva, especialmente homicidio doloso y los delitos de alto impacto; detener a los generadores de violencia que financian y operan redes criminales y fortalecer a las instituciones de seguridad, incluyendo la entrega de 100 patrullas a la policía estatal.

“El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses”, garantizó el secretario.