Recortar presupuesto a partidos y no al INE, propone Laboratorio Electoral

Edgar Ledesma · 17 de noviembre de 2026

Recortar presupuesto a partidos y no al INE, propone Laboratorio Electoral

La discusión sobre cómo reducir el costo de las elecciones en México debe incluir el financiamiento público de los partidos políticos, planteó Daniela Arias, coordinadora general de Laboratorio Electoral, quien cuestionó que los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) afecten los recursos destinados a organizar los comicios, mientras el dinero de quienes compiten queda intacto.

El proyecto de presupuesto presentado a la Cámara de Diputados contemplaba 42 mil 274.5 millones de pesos para el INE en 2027, pero legisladores aprobaron 36 mil 274.5 millones, tras un recorte de 6 mil millones. El ajuste dejó intactos los 10 mil 842.7 millones destinados al financiamiento público federal de partidos y candidaturas independientes. Así, descontada esa bolsa, el Instituto dispondrá de alrededor de 25 mil 431.9 millones para su funcionamiento y las tareas electorales.

“Me parece que tenemos que tener la conversación del financiamiento público a los partidos políticos, si lo que se quiere es abaratar”, sostuvo Arias en entrevista con Animal Político. La especialista explicó que cuando se reduce el presupuesto del INE, éste debe ajustar sus propios gastos sin tocar las prerrogativas partidistas, determinadas mediante reglas constitucionales y legales.

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¿Cuánto le toca a cada partido?

Según el acuerdo INE/CG483/2026, Morena tiene asignados alrededor de 3 mil 604.9 millones de pesos para actividades ordinarias, campañas y otras prerrogativas. Es la fuerza política que más recibe porque obtuvo la mayor votación en la última elección de diputaciones federales. Esto responde a que una vez separados los recursos para los partidos nuevos, el 70% de la bolsa ordinaria se distribuye según los votos de las seis fuerzas que conservaron su registro y el 30% restante se reparte por igual.

Recortar presupuesto a partidos y no al INE, propone Laboratorio Electoral
Foto: Cuartoscuro

Para 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) tiene asignados mil 803.7 millones de pesos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mil 372.7 millones; Movimiento Ciudadano (MC), mil 354.7 millones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mil 167.2 millones, y el Partido del Trabajo (PT), 946.5 millones.

Somos México y el Partido Paz tienen asignados 246.6 millones cada uno. Estos montos incluyen actividades ordinarias, campañas y otras prerrogativas, mientras que los 47.3 millones previstos para el conjunto de candidaturas independientes corresponden únicamente a gastos de campaña.

Si se compara únicamente el dinero para campañas, Morena contará con 805.6 millones de pesos, alrededor de 17 veces la bolsa de todas las candidaturas independientes. La diferencia responde a las reglas de distribución, que consideran a quienes compiten sin partido, en conjunto, como una fuerza política de nuevo registro para calcular su financiamiento de campaña.

Reducir dinero a partidos y cerrarle la puerta al crimen

Revisar ese reparto abre otra pregunta, advirtió Arias, sobre quién financiaría a los partidos si disminuyen los recursos públicos. México ya permite aportaciones privadas reguladas, pero la especialista señaló que una mayor dependencia de grandes donantes puede concentrar su influencia y exige capacidad para vigilar de dónde viene el dinero y cómo se utiliza.

En su opinión, las denuncias sobre recursos empleados para impulsar candidaturas fuera de los mecanismos establecidos muestran que el problema no se resuelve únicamente reduciendo el financiamiento público. Discutir cuánto reciben los partidos, explicó, debe ir acompañado de una revisión de los controles sobre el resto de sus ingresos.

El recorte se discutió en medio de la crisis que desataron en el INE las presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el 6 de noviembre una reducción inicial de 5 mil millones de pesos, al sostener que “fue un presupuesto inflado el que se mandó”.

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Días antes, el 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a diputados que cinco empresas vinculadas entre sí habían obtenido contratos por alrededor de 2 mil 461 millones de pesos para vender material electoral a organismos locales entre 2014 y 2025. Según su exposición, compartían socios o representantes legales y presuntamente simulaban competir en las contrataciones, un esquema que trascendía la administración de Taddei.

Respecto de las irregularidades que detonaron la crisis, Carvente reportó 18 expedientes, de los cuales 13 seguían en investigación y cinco habían avanzado a procedimientos de responsabilidad administrativa. Entre las conductas investigadas mencionó posibles conflictos de interés, desvío de recursos y simulación de requisitos en las contrataciones, sin que el monto total de los contratos equivalga a un daño patrimonial acreditado.

¿A dónde irá el dinero recortado al INE?

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había planteado desde septiembre revisar gastos sin afectar la organización electoral y solicitado al Órgano Interno de Control un análisis para identificar posibles reducciones. Durante la discusión de noviembre, explicó que los recursos se reasignarían a otras áreas, entre ellas educación inicial.

Recortar presupuesto a partidos y no al INE, propone Laboratorio Electoral
Foto: Cuartoscuro

Desde el INE, la presidenta provisional, Blanca Cruz García, explicó el 9 de noviembre que buscarían absorber el recorte en partidas o proyectos no prioritarios. “Lo que buscamos es garantizar el proceso electoral”, señaló, aunque el 13 de noviembre precisó que todavía esperaban la notificación formal del presupuesto y que la redistribución tendría que pasar por el Consejo General.

Para Arias, decidir dónde ahorrar exige primero entender qué se está pagando. Las medidas de seguridad de las boletas, la capacitación de quienes reciben y cuentan los votos y el despliegue necesario para instalar casillas en todo el territorio forman parte del costo, pero también de las garantías con las que se organiza una elección.

“Antes de hablar de si es caro o no es caro el sistema electoral, tenemos que comparar el tipo de sistema electoral que se tiene en cada país y las medidas que cada país ha adoptado”, sostuvo. Por eso, advirtió, reducir controles para ahorrar también obliga a discutir qué riesgos estaría dispuesta a aceptar la ciudadanía.

Brasil es una posible referencia por su tamaño, su población y su organización federal, explicó, aunque utiliza un sistema de voto electrónico que requiere considerar gastos distintos. “En Brasil se hizo una inversión gigantesca de materiales para voto electrónico, de urnas electrónicas”, señaló, al recordar que la cuenta debe incluir tanto la compra de los equipos como su mantenimiento.

Esa necesidad de distinguir los gastos también aparece en la metodología de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), cuya base de datos separa el funcionamiento permanente de las instituciones, los recursos destinados a una elección y los servicios pagados por otras dependencias, como la seguridad. Además, diferencia lo presupuestado de lo efectivamente ejercido e incluye inversiones realizadas antes y después de la jornada electoral.

¿El recorte pone en juego las elecciones?

En México, Arias propone revisar las contrataciones e investigar si hubo precios inflados, además de identificar posibles duplicidades de cargos. Consideró que esa revisión debe preservar la experiencia del personal y mejorar sus condiciones laborales, porque reducir la estructura también puede disminuir la capacidad para atender a los votantes. “Me parece que achicar la estructura del INE es minimizar su capacidad de organización electoral”, afirmó.

Su diagnóstico, sin embargo, no es que el recorte impida organizar las elecciones de 2027. La coordinadora de Laboratorio Electoral considera que el presupuesto puede alcanzar si se revisa cómo se contratan los servicios y se utilizan los recursos, una valoración que acompaña con la exigencia de investigar tanto dentro del Instituto como a sus proveedores.

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“Podría alcanzar perfectamente bien el dinero, pero entonces se necesita que haya las investigaciones pertinentes, no solamente dentro del INE, que son esenciales, sino de toda la red de empresarios y empresas”, sostuvo.

La mayor preocupación de Arias está en los organismos públicos locales electorales (OPLE), algunos de los cuales enfrentan dificultades para financiar sus actividades. El informe presentado al Consejo General del INE el 29 de octubre, con información al día 19 de ese mes, ubicó a Colima en riesgo alto y a Guerrero, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán en seguimiento medio, por recortes, ampliaciones pendientes o déficits operativos

Si esos problemas obligan al INE a asumir tareas adicionales, advirtió, el presupuesto nacional quedaría bajo una presión distinta. “Si el INE tiene que asumir funciones en muchos OPLE por riesgo financiero, entonces nos vamos a ver en aprietos para la operatividad de la elección”, señaló.