Presidenta provisional del INE garantiza elecciones de 2027 y promete recuperar la colegialidad
Animal Político · 30 de octubre de 2026
La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo continuará con la organización de las elecciones de 2027 y mantendrá sus actividades conforme a los calendarios establecidos, pese a la crisis interna provocada por la renuncia de Guadalupe Taddei y las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones.
En un mensaje en video dirigido al personal del instituto y difundido este viernes en redes sociales, Cruz García afirmó que la institución cuenta con una estructura profesional experimentada y llamó a conducir esta nueva etapa bajo el principio de colegialidad, mediante el diálogo y las decisiones compartidas entre las consejerías.
También aseguró que el INE facilitará las revisiones del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el uso de recursos públicos, para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades sin anticipar conclusiones.
“Como consejera presidenta provisional, quiero transmitirles un mensaje de solidez institucional y confianza, sustentado en lo que ustedes representan, una estructura profesional experimentada y comprometida con el servicio público”, expresó al inicio del mensaje, en el que reconoció las inquietudes que puede generar la situación por la que atraviesa el organismo electoral.
Cruz García sostuvo que el INE tiene capacidad para afrontar esta etapa debido a la experiencia de su personal en las oficinas centrales, las juntas locales y distritales y los módulos de atención ciudadana. Señaló que el trabajo de esas áreas permite mantener en marcha las responsabilidades del instituto, por lo que pidió a sus trabajadores conservar el profesionalismo, la colaboración y la atención a la ciudadanía.
La presidenta provisional planteó que la conducción del organismo debe cambiar hacia un esquema de decisiones compartidas entre las consejerías, en referencia a uno de los principales cuestionamientos que surgieron durante la administración de Taddei: la concentración de facultades en la presidencia para designar a los titulares de las áreas ejecutivas y técnicas.
“Esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad”, afirmó.
Añadió que las consejerías buscarán fortalecer el diálogo, escuchar las distintas perspectivas y construir acuerdos mediante la deliberación y la responsabilidad compartida. De acuerdo con Cruz García, esta forma de conducción deberá traducirse en una mejor coordinación institucional, mayor claridad en las decisiones y respaldo al trabajo de todas las áreas del instituto.
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Cruz García garantiza continuidad de las elecciones de 2027
En su mensaje, la presidenta provisional aseguró que la prioridad operativa del instituto será continuar con los preparativos del proceso electoral concurrente de 2027 y cumplir los calendarios y procedimientos establecidos.
“Las actividades deben continuar conforme los calendarios y los procedimientos establecidos con el rigor técnico que exige nuestra función”, señaló.
La consejera presidenta también se refirió a las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones y al uso de recursos públicos durante la administración anterior. Indicó que el INE deberá brindar las facilidades que legalmente correspondan al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación para que ejerzan sus atribuciones.
“Estas revisiones deberán esclarecer los hechos y en su caso, determinar las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes, con respeto los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, afirmó.
Cruz García sostuvo que la organización de las elecciones y la rendición de cuentas deben atenderse de manera simultánea, por lo que la revisión de los contratos y de las decisiones administrativas no debe interrumpir las responsabilidades operativas del organismo.
“La función electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que debemos atender de manera simultánea”, expresó.
Las declaraciones ocurren mientras distintas instancias revisan posibles irregularidades en las contrataciones del INE. Entre las empresas bajo investigación se encuentran Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, relacionadas con un contrato por 197 millones de pesos para suministrar materiales de la elección judicial de 2025.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete proveedoras por posibles prácticas de simulación de competencia y triangulación de recursos, mientras que la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas anomalías en las contrataciones, posibles conflictos de interés y colusión.
Por su parte, el Órgano Interno de Control investigaba desde 2025 posibles irregularidades en contrataciones públicas, entre ellas eventuales conflictos de interés, uso irregular de recursos y simulación del cumplimiento de requisitos. La información presentada por ese órgano ante la Cámara de Diputados señala que las indagatorias involucran al menos a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas.
El miércoles, Cruz García informó que el Consejo General analizaba dar vista a la ASF y al OIC para que se deslindaran responsabilidades por posibles irregularidades durante la gestión de Taddei. Después de una reunión privada con las otras consejerías, explicó que revisaban las acciones que podían emprender y los expedientes relacionados con el desempeño de los mandos del instituto.
La reforma que concentró facultades en la presidencia del INE
El llamado de Cruz García a recuperar la colegialidad ocurre después de que integrantes del Consejo General cuestionaran las modificaciones legales aprobadas en octubre de 2024, que otorgaron a Taddei la facultad de nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin necesitar el respaldo del resto de las consejerías.
La modificación fue promovida por el senador de Morena Miguel Pavel Jarero Velázquez y cambió los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Antes de esa reforma, los nombramientos requerían al menos ocho votos del Consejo General.
Además, amplió las atribuciones de la Junta General Ejecutiva, presidida por Taddei e integrada en buena medida por funcionarios que ella podía designar, para aprobar acuerdos administrativos, técnicos y operativos del instituto. El nombramiento de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva conservó el requisito de aprobación colegiada.
Los desacuerdos por las designaciones comenzaron desde la llegada de Taddei a la presidencia del INE, en abril de 2023. En entrevista con Animal Político, la exconsejera Dania Ravel recordó que la entonces presidenta realizó nombramientos de encargadurías sin consultar al resto de las consejerías.
“Empezó a hacer nombramientos de encargadurías sin consensuarlo. Bueno, ni siquiera comentarlo con el resto de las consejerías”, relató.
Ante esa situación, varios consejeros impulsaron un acuerdo para establecer plazos para presentar propuestas y restricciones a las encargadurías. Sin embargo, el 10 de enero de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral modificó ese acuerdo y eliminó los plazos y las restricciones cuestionadas.
Meses después, la reforma aprobada por el Congreso amplió las facultades de la presidencia para realizar nombramientos definitivos sin el respaldo del Consejo General.
Durante la discusión legislativa, el entonces senador Manlio Fabio Beltrones advirtió sobre los riesgos de concentrar esas atribuciones en una sola persona.
“Creo que esto sí le pega al corazón del Instituto Nacional Electoral, le quitan la colegiación de las decisiones”, señaló.
La modificación fue publicada el 14 de octubre de 2024 y entró en vigor al día siguiente. Seis consejeros manifestaron su inconformidad y acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que las disposiciones afectaban la autonomía y el funcionamiento colegiado del organismo.
El 4 de febrero de 2025, la Corte no alcanzó los ocho votos necesarios para invalidar las disposiciones sobre los nombramientos, por lo que permanecieron vigentes. Posteriormente, el 14 de enero de 2026, sobreseyó la controversia promovida por el INE, al considerar que ese mecanismo no era procedente para impugnar normas electorales, sin pronunciarse sobre el fondo de los argumentos.