Paquete Económico 2027 avanza sin cambios en comisiones del Senado
Andro Aguilar · 21 de octubre de 2026
El paquete fiscal para 2027 avanzó en las comisiones del Senado sin cambios respecto a lo aprobado una semana atrás en la Cámara de Diputados. Las tres leyes, Federal de Derechos, de Impuesto sobre la Renta y de Ingresos de la Federación, fueron avaladas con los votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo y podrán ser discutidas en el pleno.
Integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, debatieron alrededor de tres horas en torno a la recaudación, el ajuste a las cuotas de servicios públicos, los límites fiscales a las empresas y el nivel de endeudamiento autorizado.
Discusión sobre endeudamiento
La Ley de ingresos, que proyecta los recursos financieros de los que dispondrá el gobierno federal, prevé una bolsa de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos: 58.9% proviene de la recaudación tributaria (6.26 billones de pesos), 3.28 billones por ISR, 1.76 billones por IVA y 828.2 mil millones por IEPS.
La Ley de Ingresos derivó en una discusión enfocada principalmente en el endeudamiento. La ley permite un límite de endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos y un límite de endeudamiento externo neto de hasta 13 mil 500 millones de dólares.
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La propuesta proyecta un crecimiento real del PIB de entre 1.5% y 2.5%, un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar y un precio de la mezcla mexicana de exportación de 61.8 dólares por barril. La recaudación federal para estados y municipios se estimó en 5.72 billones de pesos.
Los senadores de Morena argumentaron que la ley da certeza financiera para sostener la inversión pública, los programas sociales del Estado y la estabilidad macroeconómica. Remarcaron que la cifra autorizada de endeudamiento no significa necesariamente que el presupuesto se ejerza en su totalidad de forma irresponsable. Destacaron que el proyecto no crea impuestos generales nuevos.
Los senadores de la oposición, sin embargo, centraron sus críticas en el volumen de la deuda y la veracidad de los pronósticos económicos.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que el gobierno sobreestima el crecimiento económico para ocultar un déficit fiscal mayor. Recordó que en el ejercicio anterior se estimó un déficit de 3.9% del PIB pero concluyó en 4.9%.
Anaya advirtió que la deuda acumulada compromete el pago de 1.6 billones de pesos sólo en intereses financieros, lo que supera el presupuesto anual de los programas sociales.
“Hasta antes de 2018 la deuda total acumulada de nuestro país, nos tomó 200 años que se acumulara esa deuda en 200 años de vida de México independiente se acumularon 10.55 billones de pesos. Solamente en 7 años de gobierno de Morena han endeudado al país por 11.11 billones de pesos, o sea, en 7 años han contratado más deuda pública que la que se contrató en 200 años incluyendo un montonal de gobiernos irresponsables que hemos tenido en nuestro país. Decía yo que el paquete económico que ustedes van a votar a favor y que nosotros vamos a votar en contra contempla gastar 1.6 billones solo en intereses de la deuda vieja”.
En respuesta, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, llamó a no confundir el financiamiento previsto para un ejercicio con un saldo acumulado de la deuda pública.
“La deuda debe evaluarse considerando el costo financiero, las condiciones de contratación, los riesgos de refinanciamiento y su relación con las necesidades de inversión y funcionamiento del Estado. La responsabilidad hacendaria no consiste en rechazar cualquier modalidad de financiamiento. Consiste en utilizarla racionalmente, evitar desequilibrios insostenibles y asegurar que las obligaciones contraídas puedan atenderse sin comprometer la estabilidad económica”.
Ley federal de derechos
La Ley Federal de Derechos actualiza el cobro de las cuotas que el gobierno exige por la prestación de servicios públicos y uso de bienes públicos. Entre los aspectos más destacados se encuentran la cuota para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas de mil 158 pesos, que representa un aumento de 17.8% respecto a la cuota anterior.
También, se ajustan tarifas oficiales de los permisos para inspeccionar, validar y emitir los certificados que permiten el comercio de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. Asimismo, se actualizan 29 cuotas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); por ejemplo, la autorización de protocolos de investigación para medicamentos o dispositivos médicos registra un alza del 427%, las licencias para bancos de sangre y servicios de transfusión se elevan más de once veces, y los permisos de publicidad en prensa suben un 385%.
Las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano se incrementan en un 10%.
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Senadores de Morena y la mayoría oficialista argumentaron que la recaudación generada permitirá fortalecer la infraestructura de control fronterizo, la seguridad de la información, los sistemas operativos y la conservación de los recursos naturales. Mientras que integrantes de la oposición criticaron las alzas por considerarlas desmedidas y perjudiciales para los habitantes y la competitividad.
Movimiento Ciudadano advirtió que el encarecimiento de los trámites ante Cofepris se trasladará a los costos de la atención médica y los medicamentos, en un contexto donde más de 44 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios públicos de salud. En tanto, la bancada del PRI sostuvo que el aumento del 17.8% a visitantes extranjeros y del 10% al espacio aéreo restará competitividad al sector turístico nacional, afectando indirectamente a trabajadores como meseros, camaristas y guías de turistas.
“Los incrementos que más nos preocupan son los relacionados con la salud (…) Estos costos pagan los hospitales, bancos de sangre, laboratorios y fabricantes de dispositivos médicos. Pero en el fondo son incrementos que se van a trasladar al precio de los tratamientos y de la atención hospitalaria”, señaló el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Ley de impuesto sobre la Renta
Sobre la Ley del ISR, legisladores de oposición sostuvieron que limitar los gastos operativos deducibles de impuestos perjudican el flujo de dinero y la capacidad de inversión de las empresas. Explicaron que gastos indispensables como nómina, mantenimiento o insumos podrían no reconocerse por completo, lo que obligaría a los negocios a pagar impuestos aun cuando sus ganancias reales no hayan aumentado. Asimismo, señalaron que el sistema sigue haciendo descansar una tercera parte de la recaudación total sobre el ISR retenido a los trabajadores formales, dejando de lado incentivos para el 99% de las micro, pequeñas y medianas empresas y sin implementar una reforma fiscal progresiva.
La senadora Cristina Ruiz, del PRI, advirtió que para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y utilidad fiscal, se establecen límites a sus deducciones y al aprovechamiento de pérdidas fiscales.
“Piensen en una fábrica que vende, pero también compra materiales, paga salarios, mantiene maquinaria, lo que entra en su cuenta no son todas ganancias. Si ustedes limitan los gastos que puede descontar, pueden obligarla a pagar más ISR sin que haya aumentado su ganancia económica”.
El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, defendió que la reforma cumple dos objetivos: facilita el cumplimiento de los pequeños negocios, agricultores y personas físicas al reducir sus cargas administrativas, y fortalece la fiscalización sobre corporativos más grandes.