Edgar Ledesma · 7 de octubre de 2026
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, afirmó este martes, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, que no existen condiciones ni autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum para explotar gas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking, y precisó que las pruebas autorizadas solo buscan verificar la disponibilidad de agua salada profunda.
“Hoy no existen condiciones para avanzar en una explotación mediante fracturación hidráulica, ni existe autorización de la presidenta para hacerlo. Quiero ser muy clara porque eso sí me parece fundamental que todo el mundo lo sepa”, aseguró la funcionaria en su encuentro con diputados como parte de la glosa del Segundo Informe.
La precisión llegó al cierre de la comparecencia ante las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad, que duró cuatro horas con 32 minutos, incluido un receso, después de que la funcionaria habló de posibles pruebas piloto y corrigió la información que había dado sobre los estados contemplados en los estudios.

En la primera ronda, el diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano (MC), le preguntó si la Semarnat estaba de acuerdo con el fracking y si tenía capacidad para atender sus riesgos, mientras la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Partido del Trabajo (PT), cuestionó los avances hacia su prohibición.
Bárcena respondió que antes de cualquier posible desarrollo se tendrían que actualizar las normas de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), elaborar una directriz para construir pozos no convencionales y establecer reglas para tratar el agua salada.
“No estamos todavía en condiciones de ir adelante con este desarrollo. La presidenta, lo que indicó es que el grupo técnico de expertos, en todo caso, se hagan pruebas piloto, si acaso, pero todavía no hay condiciones para que se lleve adelante este desarrollo”, insistió.
También enumeró restricciones para proteger los acuíferos y los ecosistemas, evitar el uso de agua destinada al consumo humano o agrícola, monitorear la actividad sísmica y excluir químicos altamente tóxicos, además de reciclar al menos 75% del agua empleada.
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“No se puede utilizar agua para consumo humano ni agrícola. Debe haber un monitoreo permanente de actividades sísmicas. No se pueden utilizar químicos altamente tóxicos o dañinos”, sostuvo.
Al ubicar los estudios, mencionó Coahuila y Tamaulipas, por lo que en la segunda ronda la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, de MC, le recordó que el gobierno federal había incluido a Nuevo León en el anuncio del 6 de agosto y le pidió aclarar si el estado quedaba fuera.
“Simplemente queremos que nos confirme que Nuevo León queda fuera de este proyecto”, planteó.
La secretaria consultó entonces a Andrea González Hernández, titular de la ASEA, quien la acompañaba en la comparecencia, y corrigió su respuesta.
“Entonces sí está incluido Nuevo León, perdón. Yo no tenía esa información, pero esta primera etapa es una etapa piloto, ¿correcto? O sea, no es una etapa ya de desarrollo para nada”.

Antes de concluir, Bárcena volvió al tema para precisar qué pruebas había autorizado Sheinbaum.
“La presidenta Claudia Sheinbaum, en relación al fracking, no es que haya autorizado pruebas piloto de fracking, lo que ha autorizado es que se hagan pruebas para verificar si hay agua disponible, salada y profunda”.
Al responder a los cuestionamientos sobre el Tren Maya, Bárcena informó que la revisión de las obras tiene un avance de 97% en materia de impacto ambiental y de 45% en cambio de uso del suelo, aunque aclaró que este último proceso enfrenta pendientes relacionados con la propiedad de los terrenos.
“Cambio de uso del suelo, no hemos podido completarlo porque hay tramos en donde no se ha podido justificar la propiedad del suelo”, detalló.
Explicó que Semarnat, Profepa, Tren Maya y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantienen reuniones semanales para revisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los siete tramos.
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En los tramos 5 norte y sur, añadió, concluyeron los trabajos de limpieza y retiro de concreto en seis de las ocho cavernas y cenotes afectados, aunque siguen pendientes asuntos sujetos a litigio.
“Todavía tenemos mucho que hacer”, reconoció.
La secretaria también reiteró las limitaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que recibe unas 14 mil denuncias al año y, según explicó, necesita al menos 350 millones de pesos adicionales para 2027.
“Solo tenemos 507 inspectores, 150 abogados, que no nos damos abasto, esa es la verdad”, admitió.
Bárcena señaló que algunas oficinas carecen de vehículos o recursos suficientes para combustible, lo que dificulta las inspecciones, y planteó que una parte de los ingresos excedentes que genera el sector se destine a fortalecer su operación.
“Somos una secretaría muy chiquita y con pocos recursos”, afirmó.

Sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la funcionaria reiteró que la Semarnat recibió información tardía y reconoció que los 55 millones de pesos entregados mediante Bienpesca fueron insuficientes frente a las afectaciones a los pescadores.
“Nosotros tuvimos información tardía, cuando el derrame ocurrió en febrero. Nosotros ya tomamos nota de este derrame cuando llegó el hidrocarburo a la playa, que fue a principios de marzo”, explicó.
El tema fue planteado por el diputado emecista Sergio Gil Rullán, quien cuestionó que no apareciera en la exposición inicial de la secretaria, y posteriormente por la diputada Iraís Reyes, del mismo partido, quien pidió información sobre los resultados de la investigación, las responsabilidades y la reparación de los daños.
“Yo creo que 55 millones de pesos pues sí son francamente insuficientes para lo que ellos pudieron haber sufrido”, respondió Bárcena.
La secretaria ofreció enviar por escrito los resultados sobre las afectaciones a especies y arrecifes, además de señalar que se trabaja en una norma para atender derrames de hidrocarburos en el mar.