Fracking, territorio y crimen organizado: lo que México está dejando afuera

Por Iyari Balderas*

En México, el fracking suele discutirse entre dos extremos: quienes lo ven como una oportunidad extractivista para producir ganancias, y quienes lo consideran un riesgo ambiental. Ambas posturas dejan por fuera un tema incómodo en la discusión, el de la seguridad. ¿Qué ocurre cuando un proyecto extractivo llega a territorios potencialmente disputados o donde ya existen conflictos socioambientales, confrontaciones por recursos naturales y presencia del crimen organizado? 

El riesgo es latente en Papantla, Veracruz, donde las comunidades han convivido con actividades petroleras y existen pozos donde se ha utilizado el fracking. En Chicomuselo, Chiapas, el problema es extractivista; en los ejidos San Francisco Las Palmas y Nueva Morelia no hay fracking, pero sus conflictos están relacionados con la minería-extracción de barita. Se han documentado desplazamientos forzados, asesinatos, deterioro ambiental y la presencia del crimen organizado. 

Esto nos sirve para entender una lección: cuando una actividad extractiva entra en un territorio con disputas previas, el recurso puede convertirse en otro motivo de control y violencia. Por eso, pensar ahora en implementar el fracking sin incorporar la parte de una estrategia de seguridad territorial es un riesgo para México.

Los proyectos de este tamaño mueven maquinaria, agua, trabajadores e infraestructura estratégica en regiones donde existen amenazas, dejando a la población expuesta a presiones de toda índole. Antes de autorizar un proyecto debería analizarse si hay gas “natural”, pero también los grupos criminales que operan en la zona y los conflictos socioambientales que existen. Cuando una inversión millonaria llega a un territorio donde el Estado no tiene control suficiente, el riesgo ya no es solamente ambiental, también puede convertirse en una disputa entre la vida y la muerte por el control territorial.

Debe haber beneficios económicos y sociales verificables para la comunidad

Eso no significa renunciar a la soberanía energética, México tiene razones para reducir vulnerabilidades externas: en 2025, Estados Unidos envió por ducto a nuestro país un promedio de 7.5 millones de pies cúbicos diarios de gas “natural”. Una dependencia tan grande nos obliga a pensar cómo fortalecer la soberanía energética nacional, pero sin generar nuevos problemas de seguridad dentro del país y fomentando proyectos comunitarios de energía eólica, solar y geotérmica. 

Si se decide avanzar con el fracking, las comunidades no pueden quedarse con los riesgos mientras las ganancias salen de los territorios; tiene que haber beneficios económicos y sociales verificables: empleo digno, protección del agua y garantías de seguridad. La Manifestación de Impacto Social del Sector Energético permite identificar afectaciones a comunidades y plantear medidas para prevenirlas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha reconocido que ciertas actividades relacionadas con el fracking pueden afectar fuentes de agua potable. La seguridad energética debe incluir la seguridad de las personas y la construcción de paz en los territorios; las ganancias económicas merecen atención, pero si el proyecto solo beneficia al capital privado y las comunidades no tienen acceso a esos beneficios, solo aumentarán la desigualdad, las tensiones sociales y, por consecuencia, el tejido social se debilitará u aumentará la conflictividad.

¿Los proyectos de fracking realmente mejoran la vida de quienes viven ahí?

Además de evaluar los impactos económicos y ambientales el Estado mexicano debe cumplir el Acuerdo de Escazú, cuyo Artículo No. 9, obliga a proteger a las y los defensores ambientales frente a amenazas y ataques, además de garantizar el acceso a la información, participación de las personas en ese tipo de proyectos y la justicia climática. A ello se suma el Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta a pueblos originarios ante decisiones que puedan afectarles. Estos instrumentos deben ayudar a prevenir conflictos antes de que deriven en violencia.

El fracking debe considerar las realidades de las personas que viven el día a día en su territorio, por ello, antes de preguntar cuántas ganancias obtendremos, la pregunta debe de ser más sencilla y cercana a la gente. ¿Esos proyectos mejoran realmente la vida de quienes viven ahí? ¿Sin aumentar los conflictos socioambientales que desestabilizan y provocan riesgos de seguridad, que fortalezca al crimen organizado u alienten una intervención extranjera? La seguridad energética depende de algo elemental: que el Estado Mexicano pueda proteger el territorio donde pretende hacer el fracking. Y por supuesto, mantener su legitimidad ante la población como primer flanco de resistencia.♦

*Iyari Balderas, Coalición México Resiliente.

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