Juez resuelve que ASEA y Semarnat pueden revocar proyectos de gas licuado en el Golfo de California

La resolución a la sentencia de un juicio de amparo promovido por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente A.C., también conocido como Defensa Ambiental del Noreste (DAN), busca detener la expansión de infraestructura de gas fósil en el Golfo de California.

La resolución de este amparo la concedió un Juzgado Federal de la Ciudad de México. En la decisión se reconoce que tanto la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sí tienen las facultades para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que una Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas como políticas, planes o programas.

La EAE permite anticipar impactos ambientales negativos y corregirlos desde el plan inicial. Además, fomenta la transparencia y participación ciudadana en las comunidades. 

Por ello, la sentencia que obtuvieron ProDESC y Defensa Ambiental del Noroeste obliga a las autoridades a dar una respuesta completa y exhaustiva a la petición de protección del Golfo de California frente a proyectos de gas fósil.

Uno de esos proyectos es Amigo GNL, un megaproyecto que comprende la construcción y operación de una terminal de licuefacción de gas licuado (GNL, por sus siglas en inglés) que busca desarrollarse en la costa oeste de México, en Guaymas, Sonora.

¿Cómo surge esta sentencia?

Este juicio de amparo fue promovido por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente A.C. y otras organizaciones, junto con comunidades, personas académicas y activistas, tras enviar previamente una carta al Gobierno Federal en la que solicitaron la urgencia de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica y a emitir una moratoria a la infraestructura de gas fósil en el Golfo de California. 

Las organizaciones pidieron dichas medidas en julio de 2025. Sin embargo, las respuestas de la ASEA y de las autoridades correspondientes fueron “ambiguas e incompletas”, informaron las organizaciones en un comunicado.

Ante las respuestas de las autoridades federales, una jueza federal concedió el amparo a las organizaciones, tras determinar que las respuestas que presentó la ASEA y el gobierno federal no fueron congruentes ni exhaustivas. 

En la sentencia, la jueza ordenó a las autoridades señaladas emitir otra respuesta debidamente fundada.

Un fallo precursor a la nueva ley ambiental en México

Para ProDESC y la organización Defensa del Medio Ambiente, esta resolución “llega en un momento clave” ya que, el 26 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum y la Semarnat presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

La nueva propuesta a la ley ambiental que presentó el gobierno federal propone incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica a la legislación mexicana, con fundamentos basados en la prevención del daño, la justicia ambiental y la restauración de ecosistemas.

En un comunicado de Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente A.C. y el ProDESC, señalaron que la solicitud que interpusieron fue pionera para la incorporación de esta herramienta ya que, desde abril de 2025 destacaron la necesidad de incluir instrumentos de planeación ambiental –como la Evaluación Estratégica– previos a la toma de decisiones y un año antes de la iniciativa del ejecutivo federal.

Cabe destacar que la Evaluación Ambiental Estratégica es una herramienta reconocida internacionalmente.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y las Relatorías Especiales de la ONU, suelen recomendar el uso de esta figura legal para la protección y la conservación de sitios dezalto valor, como el Golfo de California.

Las organizaciones subrayan en un comunicado que, con estándares probados de dicha estrategia se evita que las autorizaciones de proyectos nocivos se otorguen desde una perspectiva fragmentada, en detrimento de los derechos humanos ambientales.