Morena, del “no estás solo” a pedir pruebas por acusación a Rocha Moya; oposición exige renuncias
Edgar Ledesma y Andro Aguilar · 30 de abril de 2026
En octubre de 2024, diputados de Morena recibieron en San Lázaro al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al grito de “¡No estás solo!”, en medio de la crisis de violencia en la entidad y de los señalamientos que lo alcanzaron tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, quien afirmó que el día de su detención acudiría a una reunión en la que también estaría el mandatario estatal. Rocha Moya negó esa versión y sostuvo que ese día no estaba en Sinaloa.
Este miércoles, tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre si Morena mantendría aquel respaldo. El coordinador morenista no repitió la frase y llevó la respuesta al terreno legal: su bancada acompañará “la ley, la verdad y la justicia”.
“Mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a que se aplique el principio de presunción de inocencia”, dijo Monreal. Ese fue el mismo argumento utilizado por otros legisladores de Morena desde el Senado, de cuya bancada forma parte Enrique Inzunza Cázarez, incluido entre los acusados por el gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El coordinador morenista Ignacio Mier destacó que las imputaciones deben tener sustento probatorio: “tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”. El senador pidió esperar y no anticipar juicios.
“Si hay prueba, se tendrá que demostrar, ya lo dije. Lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): en la solicitud no encuentra plena prueba, pero en todo caso, así es el procedimiento en el sistema de justicia mexicano, será la Fiscalía la que lo determine”.
El senador Enrique Inzunza registró su asistencia al Senado por la mañana, pero no volvió a su escaño. Se ausentó de la última sesión del periodo ordinario y más tarde, en la instalación de la Comisión Permanente, de la que es integrante, fue sustituido por su compañera Simey Olvera.
EU acusa a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos nexos con el narcotráfico
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La fiscalía estadounidense señaló que los cargos son acusaciones y que las personas señaladas se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad. Tras ello, la SRE informó que recibió una solicitud de detención provisional con fines de extradición, la cual fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis, aunque señaló que no venía acompañada de elementos de prueba.
Las acusaciones abrieron un nuevo choque político entre partidos y legisladores en el Congreso. A nivel nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió la renuncia inmediata de Rocha Moya; el Partido Acción Nacional (PAN) planteó que el Senado evalúe la desaparición de poderes en Sinaloa, y Movimiento Ciudadano pidió que el gobierno federal se deslinde del gobernador.
Partidos de oposición exigen renuncias e investigación
El PRI sostuvo que las acusaciones de Estados Unidos colocan a Sinaloa y a México en una crisis de credibilidad, por lo que exigió la renuncia inmediata del mandatario sinaloense. El senador Alejandro Moreno afirmó que Morena debe explicar qué sabía sobre los señalamientos contra Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. “El gobierno de Morena tiene que decidir de qué lado está”, dijo.
Acción Nacional planteó que el Senado evalúe la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que la entidad enfrenta una crisis de seguridad y que un gobierno bajo ese nivel de señalamientos no tiene condiciones para garantizar tranquilidad. “Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, sostuvo el partido.
El PAN señaló que Sinaloa enfrenta desde hace más de año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad. Por ello, consideró que la desaparición de poderes debe revisarse como una medida prevista para situaciones extraordinarias y “una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”.
Movimiento Ciudadano también pidió que Rocha Moya deje el cargo mientras se investigan las acusaciones. El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que el gobierno federal debe deslindarse del gobernador de Sinaloa y permitir que sea investigado. “Rocha no debe seguir siendo gobernador”, publicó en redes sociales.
Las acusaciones sacuden el Congreso de la Unión
En la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán pidió una investigación; el priista Rubén Moreira planteó que el mandatario pida licencia; Elías Lixa pidió a la FGR solicitar su desafuero, y la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, llamó a que se separe del cargo mientras se indaga el caso.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y diputada del PAN, Kenia López Rabadán, pidió investigar las acusaciones contra Rocha Moya sin adelantar una postura a favor o en contra. Dijo que México necesita “gobernadores que detengan al crimen organizado”.
Desde el PRI en San Lázaro, Rubén Moreira pidió que el gobierno mexicano fije una postura sobre las acusaciones contra Rocha Moya y no desvíe la atención con otros temas, como el llamado a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
El coordinador priista sostuvo que su partido ya había señalado al gobernador de Sinaloa y planteó que debería separarse temporalmente del cargo mientras se investigan los hechos. También pidió que el Senado lo llame a cuentas, como Morena intentó hacerlo con Maru Campos. “Yo creo que el gobernador debería pedir licencia”, dijo.
A su lado, el diputado Mario Zamora, excandidato del PRI al gobierno de Sinaloa en 2021, recordó que impugnó aquella elección y que acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar irregularidades. Sin embargo, pidió no prejuzgar y que se investigue. “La justicia tiene que llegar para todos”, afirmó.
En San Lázaro, el coordinador del PAN, Elías Lixa, pidió que la FGR integre las pruebas que entregue Estados Unidos y solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de Rocha Moya. “Tiene que rendir cuentas ante la justicia”.
Lixa sostuvo que Rocha Moya no sólo debe renunciar, sino presentarse ante la justicia mexicana o estadounidense, según corresponda, para responder por las acusaciones. “Que se rompa el pacto de la narcopolítica en México”, señaló.
En el Senado, el coordinador panista Ricardo Anaya planteó una ruta para procesar penalmente al gobernador de Sinaloa y redujo las opciones a dos: impunidad o justicia.
En la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la coordinadora Ivonne Ortega dijo que el caso debe tomarse con seriedad y procesarse conforme a la ley, pero sin proteger a nadie desde el cargo. La diputada también sostuvo que Rocha Moya debería pedir licencia, separarse del gobierno y permitir que se le investigue.
La diputada Ortega acusó a Morena de usar criterios distintos frente a los casos de Sinaloa y Chihuahua. Dijo que mientras su bancada actuó “fuerte” contra la gobernadora Maru Campos, ahora pide esperar pruebas en el caso de Rocha Moya.
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, argumentó que si bien su partido defiende la presunción de inocencia, se requiere una explicación puntual y exhaustiva.
Frente a las exigencias de la oposición, Morena pidió esperar a que la FGR revise la solicitud enviada por Estados Unidos y determine si existen pruebas. El vocero de la bancada, Arturo Ávila, sostuvo que la solicitud de detención provisional con fines de extradición no está acompañada de elementos probatorios y fijó la postura del grupo: “vamos a esperar a que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas”.
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Ávila también rechazó que la postura de Morena sea una defensa política de Rocha Moya y dijo que el caso se debe procesar conforme al debido proceso. “No es una defensa política, no es ni siquiera: uno está solo. Es vayámonos al debido proceso”, afirmó.
Monreal sostuvo que la SRE hizo lo correcto al recibir la solicitud y turnarla a la FGR, pues ahora corresponde a la fiscalía revisar si existen elementos suficientes. Además, dijo que por ahora no hay razón para que Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza se separen de sus cargos: “no tienen por qué hacerlo”.
El coordinador morenista insistió en que, mientras no existan pruebas, el caso mantiene un componente político. “Ante la ausencia de lo jurídico es un asunto político, y hasta este momento yo no conozco ninguna prueba”, sostuvo.
Con el caso Rocha Moya, la Cámara de Diputados cerró el periodo ordinario con un contraste político: el gobernador que en octubre de 2024 fue arropado por Morena al grito de “¡No estás solo!” enfrenta ahora exigencias de renuncia, licencia, desafuero y desaparición de poderes, mientras su bancada pidió esperar pruebas y respetar la presunción de inocencia.