FGR iniciará investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha, pero señala falta de pruebas
Alfredo Maza · 29 de abril de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió formalmente las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios públicos de la entidad acusados por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
En este sentido la institución detalló que iniciará una investigación propia para recabar información, pero respaldó la afirmación realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al asegurar que la petición no cuenta con las pruebas suficientes para proceder de forma inmediata.
“Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, señaló Ulises Lara López, vocero de la FGR, en un mensaje a medios.
No obstante, el también titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes precisó que analizarán detalladamente la documentación entregada por la SRE para determinar la viabilidad de la solicitud.
Investigación propia y el fuero político de Rocha Moya
En su mensaje, Lara López también indicó que, tanto en la legislación mexicana como en el tratado bilateral de extradición, se señala que es indispensable presentar datos de prueba sólidos que infieran la comisión de un delito antes de solicitar a un juez una orden de aprehensión.
La FGR llevará a cabo su propia indagatoria “para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal”.
Por ese motivo, el funcionario recordó los obstáculos legales que existen debido a los cargos públicos de los señalados.
Explicó que, en el caso de perfiles como gobernadores y senadores, la ley mexicana exige iniciar un “juicio de procedencia” en el poder legislativo, el cual tiene como fin “obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostentan dichos cargos”. Es decir, su fuero político que le impide ser procesado.
Ulises Lara reclama a EU filtración del caso
Ulises Lara también expuso una contradicción en el actuar del gobierno de Estados Unidos respecto a la confidencialidad del caso, al asegurar que en la misma solicitud estadounidense se exigía a México tomar medidas para asegurar que la información “no sea divulgada ni se haga del dominio público”.
En ese sentido, el vocero de la FGR reclamó que la ruptura de este acuerdo provino del país vecino y agregó que este tipo de acciones contravienen normas internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual protege la naturaleza confidencial de los procedimientos penales.
Finalmente, el fiscal aseguró que la institución cumplirá a cabalidad con los protocolos y la Constitución, garantizando el respeto a la soberanía nacional y a los derechos de las personas requeridas.