Animal Político · 22 de octubre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre una posible responsabilidad de la gobernadora Maru Campos por la participación de agentes de la CIA en un operativo estatal sin autorización del gobierno federal, y señaló que corresponde a la FGR determinar si existen elementos para proceder legalmente; no obstante, afirmó que los dichos de la mandataria estatal sobre la colaboración de autoridades de Chihuahua con agencias de Estados Unidos, recogidos en una entrevista realizada en mayo pasado, “hablan por sí mismos”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó de delicado el caso, en el que murieron cuatro personas, incluidos dos agentes de la CIA, y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para investigar posibles delitos.
Al responder a una pregunta de la prensa sobre una entrevista en la que Campos reconoció que agentes estadounidenses participaban en acciones para detener a presuntos generadores de violencia en la entidad, Sheinbaum señaló que, más allá de las declaraciones de la gobernadora, los hechos ocurridos en Chihuahua deben analizarse conforme a la legislación penal y a las investigaciones ministeriales.

“En el caso de la comisión o de alguien que comete un delito, es muy claro el Código Penal, qué es lo que se tendría que demostrar para la comisión de un delito”, afirmó.
Sin embargo, Sheinbaum evitó adelantar una conclusión sobre la responsabilidad penal de la gobernadora y reiteró que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para proceder legalmente.
“Yo creo que bastante hemos hablado del tema de Chihuahua, y los dichos de la gobernadora, pues hablan también por sí mismos”, afirmó.
“Entonces, ya que la gente juzgue”, dijo.
La presidenta sostuvo que la gravedad del caso radica, entre otros aspectos, en la muerte de dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes estadounidenses durante un operativo en la Sierra Tarahumara relacionado con un laboratorio clandestino de drogas.
“Es desde nuestro punto de vista muy delicado, más allá de una declaración o no”, dijo.
La mandataria cuestionó las condiciones en que se realizó el traslado, debido a que ocurrió durante la noche por carreteras sinuosas y a alta velocidad, y señaló que las autoridades estatales no tenían atribuciones para desmantelar por su cuenta un laboratorio de metanfetaminas.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República ya realizó diligencias por los hechos y que, como parte de esa investigación, se determinó solicitar una orden de aprehensión contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien fue detenido el 17 de octubre.
La mandataria precisó que el procedimiento corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales, por lo que evitó anticipar si la investigación debe ampliarse a la gobernadora o a otros funcionarios estatales.
“Entonces eso la fiscalía lo toma y hace sus investigaciones y resuelve, que todavía entiendo que no se cierran todas las carpetas, pero resuelve una detención y un juez otorga una orden de aprehensión”, señaló.
En ese sentido, indicó que corresponde a la FGR valorar si existen elementos para integrar una carpeta de investigación por posibles delitos y determinar contra quiénes podrían dirigirse las indagatorias.
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El caso derivó en investigaciones federales sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en acciones relacionadas con un laboratorio clandestino ubicado en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, sin autorización del gobierno federal.
Las diligencias de la FGR incorporaron registros de acceso al Complejo Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, testimonios de policías que participaron en el convoy y documentos de dependencias federales que informaron no haber expedido permisos para que los ciudadanos estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black realizaran actividades en campo en México.
Las investigaciones también derivaron en una orden de aprehensión emitida el 17 de octubre contra Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, por su probable participación en el delito de traición a la patria. Jáuregui fue detenido, mientras que Zuany Portillo permanece prófugo, de acuerdo con la información proporcionada.
El exfiscal general dejó el cargo en abril, después de que se conociera la participación de agentes estadounidenses en el operativo, y reconoció su responsabilidad política por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización federal.

El 20 de octubre, Sheinbaum rechazó que su gobierno hubiera pactado con Campos la detención de Jáuregui a cambio de ofrecerle una embajada y sostuvo que las investigaciones debían avanzar con base en las pruebas presentadas por las fiscalías y las resoluciones de los jueces.
En esa conferencia, la presidenta negó haber exonerado a la gobernadora y afirmó que no le corresponde decidir si una persona debe ser investigada o deslindada de responsabilidades. También señaló que la FGR debía determinar si existían elementos para indagar a otros funcionarios por su posible participación en los hechos.