Sheinbaum niega acuerdo político con Maru Campos por detención de exfiscal de Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya pactado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la detención del exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno a cambio de ofrecerle una embajada y sostuvo que la investigación federal en su contra deriva de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo sin autorización del gobierno federal.

Afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar las pruebas contra el exfuncionario, acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional, y señaló que esa institución deberá determinar si existen elementos para investigar también a la mandataria estatal.

“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, declaró este martes durante su conferencia matutina, luego de que se le preguntara sobre versiones periodísticas que apuntan a un supuesto acuerdo entre su gobierno y Campos para detener al exfiscal y ofrecer una embajada a la gobernadora.

Sheinbaum negó que su administración acuerde con gobernadores a quién encarcelar y sostuvo que las investigaciones deben avanzar por las vías legales, con base en las pruebas que presenten las fiscalías y las resoluciones de los jueces. La presidenta también rechazó haber “exonerado” a Campos, como, afirmó, se manejó en algunos medios.

“No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la fiscalía y de la investigación”, afirmó al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la indagatoria federal alcance a la gobernadora por su responsabilidad como titular del Ejecutivo estatal.

La mandataria insistió en que el procedimiento contra Jáuregui corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales, por lo que evitó anticipar si existen elementos para investigar a otros funcionarios de Chihuahua. Añadió que esperaba que, durante la audiencia que se llevará a cabo este martes, se dieran a conocer, hasta donde lo permitiera el proceso judicial, las pruebas que sustentan la imputación contra el exfiscal.

Operativo no autorizado con la CIA

Sheinbaum explicó que la investigación federal se originó tras conocerse que dos agentes del gobierno de Estados Unidos, quienes murieron en un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, habían participado en acciones relacionadas con un laboratorio clandestino de drogas.

La presidenta sostuvo que los agentes extranjeros no contaban con autorización para permanecer en México bajo las condiciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional y que las autoridades estatales no tenían atribuciones para realizar por su cuenta el operativo referido.

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De acuerdo con la explicación de la mandataria, los participantes acudieron al lugar para revisar el laboratorio y posteriormente emprendieron el regreso. Sheinbaum cuestionó que el traslado se realizara durante la noche por una carretera sinuosa de la Sierra Tarahumara, donde ocurrió el accidente que provocó la muerte de cuatro personas.

“Fue una irresponsabilidad ir esa noche, cualquiera que haya ido solamente para ir a ver un laboratorio”, sostuvo.

La presidenta señaló que, tras conocerse los hechos, el gobierno federal revisó si los agentes estadounidenses tenían autorización para estar en el país y posteriormente comenzó la investigación de la FGR sobre su participación en un operativo terrestre en Chihuahua.

La indagatoria está relacionada con los hechos ocurridos en abril pasado en la localidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) participaron en acciones contra un laboratorio clandestino de drogas.

Infracción a la Ley de Seguridad Nacional

La FGR investiga si la intervención de los agentes extranjeros ocurrió sin fundamento legal ni autorización federal, así como la posible omisión de las autoridades estatales de informar oportunamente sobre los hechos.

Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República determinó que existen elementos para acusar al exfiscal de violar la Ley de Seguridad Nacional, que establece las condiciones bajo las cuales las autoridades mexicanas pueden mantener relaciones con agencias de otros países.

“La Ley de Seguridad Nacional es muy clara de cómo un agente y cómo una autoridad estatal, sea fiscalía, sea tribunales, sea ejecutivo, puede tener una relación con una agencia de Estados Unidos o de cualquier otro país y eso es lo que encuentra”, declaró.

El exfiscal fue detenido el sábado 17 de octubre por autoridades locales en la capital de Chihuahua. Tras una audiencia inicial por los delitos del fuero común, en la que se determinó que enfrentara esa etapa en libertad bajo medidas cautelares, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

Jáuregui fue titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua entre 2023 y abril de 2026. Tras conocerse la participación de agentes estadounidenses en el operativo, dejó el cargo y reconoció su responsabilidad política por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización del gobierno federal.

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Postura del gobierno de Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos afirmó este lunes que su administración no protegerá a funcionarios involucrados en posibles delitos y sostuvo que la investigación estatal contra Jáuregui se realizó con transparencia. También señaló que la cooperación con autoridades extranjeras debe realizarse mediante los conductos institucionales y con apego a la ley.

“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni persigue a nadie”, expresó Campos en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La mandataria estatal recordó que, después de una reunión en abril con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se acordó crear un grupo interinstitucional dentro de la Fiscalía de Chihuahua para investigar la presencia de agentes de la CIA.

Campos indicó que la investigación estatal derivó en la judicialización de hechos relacionados con posibles delitos del fuero común, mientras que la FGR inició una causa distinta dentro de sus atribuciones. Añadió que, si durante las indagatorias se identifican otros hechos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, la Fiscalía estatal proporcionará a las autoridades federales la información correspondiente.