Richard Halliday, agente de EU asesinado en Chihuahua; su familia denuncia a Maru Campos ante la FGR

Familiares de Richard Halliday, militar estadounidense desaparecido y asesinado en enero de 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván, a quien acusan de mentir al afirmar que desconocía la presencia de agentes extranjeros en la entidad.

De acuerdo con la orden de aprehensión emitida en contra de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria —a la que Animal Político tuvo acceso—, la denuncia en contra de la gobernadora fue presentada a través de un correo electrónico. 

La investigación en contra de Jáuregui Moreno se originó a raíz de un accidente vehicular en la sierra de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, tras participar en un operativo antidrogas sin contar con autorización del gobierno federal. 

El accidente provocó la renuncia del fiscal Jáuregui Moreno y que la gobernadora Maru Campos saliera a informar que desconocía la presencia de agentes estadounidenses o de la CIA en la entidad hasta el día del accidente. 

Sin embargo, en la demanda presentada ante la FGR, la familia Halliday afirmó contar con documentación que probaría que Maru Campos recibía reportes directos de inteligencia sobre las operaciones estadounidenses en Chihuahua desde al menos un año antes y que mantenía un esquema de coordinación no autorizado con agencias internacionales.

Por este motivo, la familia de Richard Halliday solicita que se investigue si la gobernadora tuvo conocimiento previo de la presencia de los agentes extranjeros en la entidad.

Denuncia ante FGR, por supuestas operaciones no autorizadas de la CIA

El 24 de enero de 2025, poco más de un año antes de la muerte de los dos agentes de la CIA en Chihuahua, el Departamento del Ejército de los Estados Unidos clasificó oficialmente el deceso del militar Richard Halliday bajo el estatus de muerte “en acto de servicio” (“in the line of duty”) o mientras este se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Esta información comprobaría que, muchos meses antes de que se diera a conocer el fallecimiento de los agentes, que estuvieron presentes en el desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio en El Pinal, entre el 16 y 19 de abril de 2026, ya había elementos extranjeros operando en activo en territorio nacional. 

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Luego de darse a conocer el accidente en el que perdieron la vida los elementos de la CIA, el 27 de mayo de 2026, la FGR recibió un correo electrónico enviado por Robert Halliday, padre del militar Richard Halliday, asignado a la base militar de Fort Bliss, en Texas. En dicho escrito, la familia sostuvo la existencia de informes sobre la presencia de personal de Estados Unidos en Chihuahua. 

“Le escribimos en nuestra calidad de familia de una víctima de asesinato. Tenemos pruebas contundentes de que la gobernadora Maru Campos ha mentido a los fiscales federales y al público mexicano”, señalaron.

En el mismo documento, la familia afirmó que la mandataria estatal mantenía contacto con las operaciones en la región. “La gobernadora Maru Campos mantuvo el control absoluto sobre su administración y dirigió personalmente toda relación ilegal con agencias extranjeras, incluidas las agencias estadounidenses”. 

En el correo, la familia adjuntó supuesta documentación relativa a operaciones no autorizadas (“rogue operations”) para corroborar que la mandataria estatal recibía informes directos de inteligencia procedentes de agencias estadounidenses en México.

En su denuncia formal, la familia Halliday sostuvo que su hijo fue asesinado en represalia por haber expuesto redes de tráfico criminal vinculadas a cárteles y operaciones militares irregulares asociadas con el tiroteo en Walmart de El Paso, Texas, en 2019. 

De manera paralela, diversos colectivos ciudadanos presentaron denuncias formales el 10 de julio y el 26 de agosto de 2026 a través del correo electrónico defensa@soberanianacional.com.mx, exigiendo que se investigue la responsabilidad del Ejecutivo estatal por traición a la patria, así como la entrega de información clasificada de seguridad nacional.

En el encabezado del documento enviado a la FGR los denunciantes precisaron el motivo de su comparecencia: “Formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos que pudieran ser sancionados por el Código Penal”. 

“Con base en la información esencial y eficaz que presentaremos para robustecer el caso sobre traición a la patria, permitir intervención de agencias extranjeras en la seguridad interna, poner en manos extranjeras información clasificada sobre seguridad nacional”, sostuvieron.

Además, entregaron un archivo electrónico en formato USB con fotografías, videograbaciones, grabaciones de audio y publicaciones digitales relacionadas con la participación de agentes extranjeros en la sierra de Chihuahua. 

Entre las peticiones dirigidas al Ministerio Público de la Federación, los colectivos solicitaron requerir información a distintas dependencias del gobierno federal —entre ellas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores—  todas las alertas, bitácoras y registros de comunicación previa entre el gobierno de Chihuahua y entidades extranjeras, a fin de establecer si existieron antecedentes relacionados con la presencia o intervención de personas extranjeras en territorio nacional.

Acuerdos transfronterizos con Texas y señalamientos de diplomacia paralela

Las denuncias integradas en el expediente vinculan las acusaciones de conocimiento previo de la actividad extranjera con acuerdos de cooperación firmados entre autoridades estatales y del estado de Texas. 

En su escrito, la familia Halliday citó como antecedente central el acuerdo firmado el 14 de abril de 2022 en Austin, Texas, entre Maru Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, argumentando que dichos pactos y reuniones bilaterales al margen del Ejecutivo federal constituyeron una violación constitucional y un acto de traición a la soberanía nacional.

La familia Halliday mencionó la participación de la exfuncionaria estatal, Alejandra de la Vega Foster, en la gestión de dichos contactos, asegurando que su actuar “fue fundamental en la coordinación y facilitación del tratado traicionero firmado por los gobernadores Abbott y Campos”. 

De manera particular, la familia Halliday denunció un presunto doble nombramiento y conflicto de interés de Alejandra de la Vega Foster, a quien señaló por desempeñarse simultáneamente como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua y en comisiones bajo el gobierno de Texas, facilitando la firma de dichos acuerdos.

Asimismo, en el correo enviado a la FGR, la familia Halliday señaló la intervención de empresarios y exfuncionarios con doble nacionalidad como facilitadores de estos enlaces informales. Finalmente, dijeron contar con confirmación de que el reporte de persona desaparecida tramitado ante la Fiscalía Zona Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue alterado y manipulado bajo la gestión de la gobernadora Maru Campos y del fiscal Carlos Manuel Salas. 

Respecto al marco legal que regula estas actuaciones, las consideraciones jurídicas incluidas en el expediente señalan las limitaciones constitucionales de las entidades federativas para entablar compromisos directos con otros países. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I de su artículo 117, establece que los estados no pueden firmar alianzas o tratados con otras naciones. 

Postura del Gobierno Federal, del Ejecutivo de Chihuahua y la embajada de EU

Ante la presencia y fallecimiento de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en un primer momento que el gobierno federal no tenía conocimiento de la participación de agentes extranjeros en el operativo y que la Sedena tampoco estaba enterada de la presencia de personas no mexicanas en las acciones. 

Asimismo, señaló que cualquier relación en materia de seguridad con Estados Unidos debe canalizarse de manera obligatoria a través del gobierno federal, por lo que envió una comunicación al embajador estadounidense en México y anunció el análisis de posibles sanciones contra el gobierno de Chihuahua  por permitir la operación de personal de la CIA en campo.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró públicamente que sí tenía conocimiento de que se iba a realizar un operativo para localizar un laboratorio clandestino, pero sostuvo que desconocía la presencia de agentes estadounidenses o de la CIA en la entidad hasta el día del accidente. 

La mandataria estatal negó haber autorizado o gestionado el ingreso de los agentes extranjeros y afirmó que su administración mantuvo cooperación con la FGR para el esclarecimiento de los hechos. 

En medio de esta controversia, el 27 de abril de 2026 el fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia irrevocable al cargo tras admitir omisiones institucionales e inconsistencias en la información difundida inicialmente. El pasado 17 de octubre fue detenido y ahora afronta dos procesos penales, uno estatal y uno federal, por su presunta responsabilidad en el caso. 

En el ámbito diplomático, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, lamentó el fallecimiento de dos oficiales instructores pertenecientes a la representación diplomática estadounidense. 

Asimismo, el 19 de abril de 2026, el vicecónsul del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, David Matthew Silva, compareció ante el Ministerio Público en Chihuahua junto con el ciudadano estadounidense Marco Antonio Hernández para identificar formalmente los cuerpos de Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, manifestando ser sus compañeros de trabajo y contar con la autorización de las familias para realizar los trámites administrativos de traslado a El Paso, Texas.

En su conferencia de prensa matutina de este martes 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum negó tener un pacto con la gobernadora Maru Campos para proceder contra el exfiscal de Chihuahua, y afirmó que la justicia está por encima de la política. 

Hasta el momento, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni la fiscal Ernestina Godoy Ramos han informado respecto de la denuncia presentada por la familia del militar Richard Halliday, y han centrado toda la responsabilidad de una presunta intervención extranjera en México en el exfiscal Jáuregui Moreno.