Alfredo Maza · 9 de noviembre de 2026
La discusión de un juicio de amparo en materia mercantil desencadenó un tenso enfrentamiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama atribuyó las múltiples objeciones a sus proyectos de sentencia a la contienda política por la sucesión de la presidencia del máximo tribunal del país.
Ante este escenario, Batres Guadarrama sugirió pausar la presentación de proyectos de resolución en la Suprema Corte hasta que se defina la renovación de la presidencia del órgano jurisdiccional el próximo año, cargo que actualmente encabeza el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
“Por alguna razón parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña. A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”, dijo.
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Este conflicto ocurre en el contexto de una antinomia jurídica —es decir, una contradicción entre normas de la propia Constitución— entre el artículo 94 constitucional, que plantea una presidencia de dos años asignada por votación popular en la elección judicial, y el artículo 97, que preserva la elección interna de cuatro años a cargo del Pleno de la SCJN.
La postura de la ministra surgió luego de que la mayoría del Pleno rechazara las consideraciones centrales de su propuesta en el amparo directo en revisión 2286/2026. En dicho expediente se analizaba la constitucionalidad de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial respecto a los plazos legales para emitir y notificar resoluciones administrativas.
El desacuerdo técnico se originó durante la revisión de un amparo directo sobre la nulidad del registro de una marca de artículos de cuero y equipaje. El promovente argumentó que la normativa violaba el principio de seguridad jurídica al no establecer un plazo explícito para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emita y notifique sus resoluciones.
En la propuesta de sentencia, la ministra Lenia Batres planteó negar la protección constitucional argumentando que la omisión legal se subsana mediante la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual otorga tres meses para resolver y diez días para notificar.
Sin embargo, el ministro Giovanni Figueroa Mejía votó en contra tras señalar contradicciones en el argumento, al sostenerse simultáneamente que la ley no requiere un plazo fijado y que a la vez aplica el término de tres meses.
Figueroa Mejía enfatizó además el retraso procesal del caso: “La autoridad administrativa demoró más de 5 años en resolver el procedimiento de nulidad, pues la solicitud correspondiente se presentó en agosto de 2019 y la resolución de nulidad se emitió hasta septiembre del año 2024”.
Por su parte, el ministro Irvin Espinosa Betanzo, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y la ministra Yasmín Esquivel Mossa desecharon los párrafos 59 al 64 del proyecto.
Espinosa Betanzo precisó que dichos apartados citaban precedentes sobre el plazo para promover una demanda, en lugar del marco temporal que obliga a la autoridad administrativa a resolver.

La confrontación directa entre Lenia Batres y sus colegas escaló luego de que seis de los nueve integrantes del Pleno rechazaran la argumentación jurídica de su propuesta.
Molesta por la asignación de participaciones, la ministra interrumpió el orden del debate para cuestionar al ministro presidente. “Si quiere darme la palabra el día que usted guste”, le dijo.
Durante la sesión, Batres Guadarrama también ironizó sobre la necesidad de explicar a los demás ministros las diferencias entre las figuras jurídicas de caducidad y prescripción, proponiendo de forma sarcástica redactar una “tesis” didáctica para los miembros de la Corte.
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Ante los señalamientos, la ministra Loretta Ortiz Ahlf llamó a mantener el respeto institucional dentro del Pleno de la SCJN.
“Dudar sobre los conocimientos que tienen los ministros sobre caducidad o sobre prescripción… o sea, perdón, pero tenemos conocimiento sobre la materia de derecho y el estar exponiendo así las ideas no nos beneficia; al revés, nos perjudica”, dijo.
Al concluir el estudio, la Secretaría General de Acuerdos dio a conocer el cómputo final. Por mayoría de cinco votos se declaró la procedencia del recurso de revisión, y por una mayoría de ocho votos a favor y uno en contra del ministro Giovanni Figueroa Mejía, el Pleno confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo.
La resolución final se aprobó con el desistimiento de las consideraciones rechazadas y con el anuncio de votos particulares y concurrentes por parte de la mayoría de los ministros.