Animal Político · 26 de octubre de 2026
El empresario José Alfredo Hernández Casillas se encuentra bajo escrutinio tras revelarse su papel como operador y beneficiario de una red de proveeduría de materiales electorales que obtuvo contratos millonarios con el Instituto Nacional Electoral (INE), en paralelo a su cercanía con la consejera Guadalupe Taddei.
Hernández Casillas se ha desarrollado principalmente dentro de la proveeduría de insumos electorales. Sus empresas se especializan en la fabricación de insumos para jornadas electorales como mamparas plegables, urnas de plástico, cajas contenedoras de paquetes electorales, papelería de seguridad y boletas.
A través de una red común, las compañías han concursado y ganado asignaciones en procesos electorales tanto a nivel federal como estatal. Investigaciones periodísticas también documentaron nexos con contratos de gran escala relacionados con insumos y servicios de producción del organismo electoral.

Hernández Casillas está presuntamente vinculado a una red de al menos siete empresas dedicadas a la fabricación y suministro de insumos electorales, como urnas, mamparas, boletas y papelería especializada. Las empresas han sido identificadas como:
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió un expediente sobre las operaciones financieras de Hernández Casillas y sus firmas asociadas. La indagatoria abarca la presunta simulación de competencia, el uso de supuestas empresas de papel o “factureras” para triangulación de flujos de efectivo.
Además de flujos financieros atípicos, movimientos de recursos entre las contratistas y cuentas vinculadas a allegados o funcionarios del entorno electoral, de acuerdo con reportes periodísticos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició también una investigación de oficio sobre contrataciones del INE y OPLEs por montos que superan los 500 millones de pesos vinculados a este grupo de proveedores.

La investigación abarca la legalidad de los procedimientos, la posible existencia de sobreprecios, el cumplimiento material de las entregas y presunto conflicto de interés o colusión entre funcionarios públicos y los representantes de las empresas.
Una de esas compañías, TOL Producciones, contratada por el INE y por Organismos Públicos Locales Electorales, con montos de más de 330 millones de pesos y 30 millones a nivel local, se encuentra bajo investigación por operaciones simuladas.
Taddei negó favorecer a empresas proveedoras, calificó los señalamientos como ataques políticos y descartó en un inicio separarse de su cargo.
Sin embargo, este domingo anunció que presentaría su renuncia este 26 de octubre al argumentar que su dimisión busca resguardar la estabilidad de la institución encargada de organizar las elecciones.
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