Bienestar niega uso electoral de programas y condicionamiento de apoyos

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, negó que los Servidores de la Nación condicionen los apoyos sociales o pidan votos por Morena, pero distinguió su trabajo de las actividades que disputan los partidos políticos para difundir sus programas de gobierno y sus propuestas de país.

Durante su comparecencia de casi tres horas ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición le preguntaron cómo impedirá que esa estructura intervenga en las elecciones de 2027 y qué seguimiento ha dado a las denuncias contra sus integrantes. La funcionaria sostuvo que los apoyos se entregan directamente a la población, sin intermediarios, y que existe capacitación permanente para el personal.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el presupuesto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, donde ubicó a los Servidores de la Nación, pasaría de 4 mil 142 millones de pesos en 2026 a cerca de 4 mil 900 millones en 2027. Al preguntar qué garantiza que esos recursos no se utilicen electoralmente, recordó que Marcelo Ebrard acusó a Bienestar de operar en favor de Sheinbaum durante la contienda interna de Morena en 2023.

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Ramírez respondió que los trabajadores son identificables por sus chalecos y su presencia en las comunidades, donde la propia población puede advertir cualquier condicionamiento. Sobre la exigencia de respaldar a Morena para obtener un apoyo, expresó: “Que me digan una sola persona que le hayan dicho eso”, y sostuvo que la tarea de la dependencia es ayudar a que las personas ejerzan sus derechos.

“No vale la pena que alguno de los servidores de la nación, alguno de los integrantes de la Secretaría de Bienestar se involucre en el proceso electoral”, afirmó, al señalar que los partidos tienen su propia dinámica para promover sus propuestas. Respecto al gasto, informó que 98.55% de los recursos se destina a los apoyos y 1.4% a la operación, aunque no explicó específicamente el incremento presupuestal señalado para la unidad de delegaciones en 2027.

Denuncias contra servidores de la nación

En su segunda intervención, Téllez citó información que atribuyó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre 517 denuncias penales contra servidores públicos de esa red, por conductas como pagos indebidos, simulación de servicios, falsificación de documentos, desvío de recursos y coacción del voto. “No queremos que Morena se inmiscuya en las decisiones de la Secretaría del Bienestar”, expresó, al reiterar su pregunta sobre las garantías de imparcialidad.

Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Gildardo Pérez Gabino pidió precisar cuántas denuncias por presunto uso político de los programas había recibido Bienestar, cuántas había canalizado a las autoridades y qué medidas adoptó para proteger a los beneficiarios. También recordó resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre infracciones de servidores públicos al principio de imparcialidad, para cuestionar la afirmación de que no existían casos.

“Cuando hay una denuncia, se procede”, respondió Ramírez, quien sostuvo que las instituciones funcionan y aseguró que en ese momento no tenían una denuncia por ese motivo. La secretaria mencionó la capacitación y las reuniones permanentes con el personal, pero no se refirió específicamente a las 517 denuncias citadas por Téllez ni precisó el número de casos canalizados que solicitó MC.

Al explicar la coordinación con la fiscalía especializada en delitos electorales, Ramírez indicó que corresponde a la dirección jurídica de Bienestar y reconoció: “No me meto mucho a esa parte”, antes de destacar su participación en la capacitación de los trabajadores. Sostuvo que las instituciones cuentan con mecanismos para sancionar las conductas que lo ameriten y reiteró su disposición a revisar los datos con los legisladores.

En materia de fiscalización, Téllez afirmó que entre 2019 y 2024 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acumuló observaciones por 5 mil 800 millones de pesos y preguntó cuánto se había aclarado y cuántos funcionarios habían sido sancionados. Su compañera de bancada, María Isabel Rodríguez Heredia, también pidió precisar si se habían recuperado recursos y qué acciones había emprendido la dependencia para atender las irregularidades señaladas.

Ramírez respondió con información de un periodo distinto, la Cuenta Pública de 2024, para la cual reportó seis acciones por 5 millones de pesos, de los que, dijo, ya se habían subsanado 1.5 millones. “Cada peso público debe estar debidamente acreditado”, sostuvo, y agregó que las observaciones iniciales a Sembrando Vida de ese ejercicio fueron atendidas durante la auditoría, aunque no desglosó la situación del acumulado de 2019 a 2024 planteado por el diputado ni dio una cifra de funcionarios sancionados.

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Ante los cuestionamientos sobre apoyos duplicados y depósitos a personas fallecidas, la secretaria explicó que el padrón se contrasta trimestralmente con el Registro Nacional de Población (Renapo) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). “Las personas que ya han fallecido no reciben recursos”, aseguró, y añadió: “Hoy les podemos decir que no hay apoyos duplicados”, al sostener que existe una verificación permanente de los registros.

Desde Morena, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez rechazó que las observaciones de fiscalización se presentaran como prueba de corrupción. “Observación de auditoría no es un desvío”, expresó, al señalar que se trata del inicio de un proceso en el que las dependencias pueden aclarar y documentar el ejercicio del gasto, además de respaldar a la secretaria y rechazar las acusaciones de intervención electoral contra los Servidores de la Nación.

La funcionaria informó que los programas para el bienestar alcanzan a 42.8 millones de personas, 10.7 millones más que en 2025, y que la inversión del gobierno federal superará un billón de pesos al concluir 2026. Frente a esas cifras, Víctor Samuel Palma César, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que el aumento del gasto debe acompañarse de mejores servicios de salud, educación y cuidados, pues las transferencias económicas no resuelven por sí solas esas carencias.

“Es un poco difícil contestar puntualmente cada una de ellas”, reconoció Ramírez al comenzar su segunda ronda de respuestas, y reiteró su propuesta de instalar mesas de trabajo para revisar la información con los legisladores. “Todo lo tenemos público. Todo es transparente”, afirmó, y agregó: “No ocultamos un solo dato”, al ofrecer una revisión “punto por punto, dato por dato”, propuesta que fue aceptada por la presidencia de la comisión.