Amiel Martínez · 29 de junio de 2026
Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmaron que corresponde a un juez, no al Poder Ejecutivo, decidir si procede o no la denuncia por la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec. Además, rechazaron las declaraciones de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, quien afirmó que la demanda “no procede”, y alertaron que este tipo de permisos vulneran la legislación patrimonial, mercantilizan los monumentos históricos y abren la puerta a la privatización de los espacios públicos.
El viernes pasado, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Cultura aseguró que la denuncia “no procede porque no hay violación a ninguna ley, porque es pago de derechos por uso del espacio en el marco de un evento cultural de diplomacia cultural”.

De acuerdo con Claudia Curiel, el evento de la FIFA se realizó conforme a la normativa, mediante un esquema de pago de derechos por uso del espacio por 1.3 millones de pesos, dentro de un acto de diplomacia cultural relacionado con el Mundial de Futbol de 2026. Al evento, aseguró, asistieron representantes de más de 200 países.
Sin embargo, para Felipe Echenique March —profesor investigador del INAH y uno de los voceros del grupo de académicos promovente de la denuncia— la funcionaria federal carece de atribuciones para calificar la procedencia de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el académico aclaró lo ocurrido en la reunión que sostuvo con el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, luego de que la secretaria afirmara que el funcionario ya había dialogado con los investigadores sobre el caso.
Echenique March explicó que será la fiscalía la que inicialmente determine sobre la procedencia de la denuncia y, si esta fuera rechazada, los denunciantes podrían acudir ante un juez para impugnar esa determinación, “pero si se quedan callados, pues no podemos hacer nada”.

La denuncia presentada el 23 de junio fue promovida por Echenique y Juan Manuel Sandoval Palacios como voceros de un grupo de investigadores del INAH. Solicitan que la FGR investigue a quienes autorizaron el uso del Museo Nacional de Historia para la cena organizada por la FIFA, al considerar que autoridades federales carecen de facultades para rentar el inmueble para una cena privada y hacerlo, aseguran, podría contravenir disposiciones constitucionales y legales en materia de patrimonio histórico y bienes nacionales.
Los investigadores también señalaron que inicialmente consideraron que el evento formaba parte del protocolo internacional del Mundial 2026, pero modificaron esa valoración después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que el Castillo de Chapultepec había sido rentado y que se había cobrado por su uso.
Durante la entrevista, Echenique afirmó que la denuncia no se limita al evento realizado con motivo del Mundial, sino que también busca que se investigue si el inmueble ha sido utilizado en otras ocasiones para actividades similares.
Sobre las afirmaciones de Curiel en el sentido de que Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, ya había dialogado con los investigadores, Echenique confirmó que antes de presentar formalmente la denuncia sí sostuvo una reunión con el funcionario, pero aclaró que ésta no derivó en ningún acuerdo ni significó un desistimiento de la acción legal.
Relató que durante ese encuentro Vázquez Herrera le dijo que al instituto no le informaron que el inmueble sería utilizado para una cena privada. “Él me dijo: ‘a nosotros no nos dijeron que era para eso. A nosotros nos dijeron que era para un evento cultural’”, relató.
A partir de esa conversación, Echenique concluyó que el propio INAH habría quedado al margen de la decisión. “Yo realmente creo que ni siquiera a él le pidieron opinión”, afirmó.
Añadió que, tras entregar copia de la denuncia al director del INAH, acudieron a presentarla formalmente ante la Fiscalía General de la República.
Echenique insistió en que la finalidad de la denuncia consiste en defender el patrimonio histórico y exigir el cumplimiento de la legislación vigente, independientemente del gobierno en turno. Indicó que la protección del patrimonio no responde a una postura política, sino al cumplimiento del marco jurídico que rige al instituto.
“Estos actos la vulneran y comienzan a volverse mercancías, o sea, lo empiezan a privatizar”, advirtió en referencia al uso del Castillo para eventos privados.
También sostuvo que el inmueble tiene un uso público definido por la ley y que permitir su utilización para beneficios particulares contradice ese propósito. “Son de uso común y dominio público. Nadie en lo particular puede usarlo para beneficiarse”, afirmó.
Felipe Echenique March informó que aún esperan que la FGR los cite para ratificar la denuncia dentro del plazo legal correspondiente y manifestó que, en caso de no recibir respuesta, buscarán insistir para que el expediente avance hasta que llegue con un juez, y que el juez nos diga: ‘no procede’”, concluyó.