Renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA fue legal y bajo pago de derechos: secretaria de Cultura

La titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel, sostuvo que la denuncia presentada por académicos investigadores del INAH ante la FGR por la renta del Castillo de Chapultepec para una cena de la FIFA “no procede porque no hay ninguna violación a ninguna ley, porque es pago de derechos por uso del espacio en el marco de un evento cultural de diplomacia cultural”.

La funcionaria afirmó además que el evento se realizó bajo el esquema de pago de derechos por 1.3 millones de pesos y sin irregularidades, en el contexto de la visibilidad internacional de México como sede del Mundial de Futbol 2026.

Las declaraciones fueron emitidas este viernes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser consultada sobre la denuncia interpuesta por el uso del recinto para la cena de gala organizada por la FIFA.

Curiel explicó que el evento contó con invitados de más de 200 países y lo enmarcó en la proyección internacional del país como anfitrión del torneo. Señaló que se trató de una actividad de carácter cultural y diplomático.

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Añadió que la utilización del inmueble se realizó conforme a la normativa aplicable mediante el esquema de pago de derechos por uso del espacio. “Se llama pago de derechos por uso”, precisó.

Sobre el monto, Curiel confirmó la cifra de 1.3 millones de pesos por el uso del espacio.

El posicionamiento del gobierno federal ocurre luego de que el 23 de junio académicos investigadores del INAH presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por el uso del Castillo de Chapultepec para una cena organizada por la FIFA en el marco del Mundial de Futbol 2026.

La denuncia fue promovida por los investigadores Felipe Ignacio Echenique March y Juan Manuel Sandoval Palacios, quienes actúan como voceros de un grupo de académicos del instituto. El documento señala como responsables a quienes hayan intervenido en la autorización del uso del Museo Nacional de Historia para el evento.

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Los denunciantes sostienen que las autoridades federales carecen de atribuciones legales para rentar el recinto histórico para una cena privada y que la operación podría contravenir diversas disposiciones constitucionales y legales en materia de bienes nacionales y patrimonio histórico.

También señalan que inicialmente consideraron el evento como un acto protocolario vinculado al Mundial, pero modificaron su postura tras declaraciones emitidas en la conferencia matutina del 18 de junio, cuando la presidenta confirmó el arrendamiento del inmueble y el pago correspondiente por su uso.