Amiel Martínez · 25 de junio de 2026
Luego de que el INAH sostuviera que la cena de gala organizada en el marco del Mundial 2026 por la FIFA el pasado 10 de junio en el Castillo de Chapultepec se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente, profesores e investigadores del propio instituto presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas violaciones al Estado de derecho al haberse autorizado el uso del recinto.
La denuncia formal, que cuenta con sello de acuse de la FGR con fecha del 23 de junio, fue promovida por los profesores investigadores Felipe Ignacio Echenique March y Juan Manuel Sandoval Palacios, actuando como voceros de un grupo de académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El recurso legal va dirigido, indica el documento, contra quienes resulten responsables por propiciar y auspiciar la transgresión del orden legal al permitir que el instituto arrendara el Museo Nacional de Historia a la corporación transnacional por la cantidad de un millón de pesos.

De acuerdo con el documento dirigido a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, los denunciantes sostienen que las autoridades que encabezan la Presidencia de la República, la Secretaría de Cultura, el INAH y el propio Museo Nacional de Historia carecen de atribuciones legales para rentar dicho monumento histórico para una cena privada entre particulares.
Los investigadores argumentan que la operación financiera contraviene diversas disposiciones de la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticas e Históricas, entre otros ordenamientos, debido a que, afirman, no existe ningún apartado en la Ley de Derechos de la Federación que faculte u otorgue base legal para comercializar o rentar un bien de dominio público y uso común con fines de lucro.
Los académicos detallan en el texto que inicialmente consideraron que la cena del 10 de junio correspondía a un acto protocolario del gobierno federal para recibir a las delegaciones de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, una práctica que admiten ha ocurrido en diferentes épocas bajo la investidura presidencial sin infringir normas de privatización temporal.

Sin embargo, señalan que su postura cambió tras escuchar la conferencia matutina del 18 de junio en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el arrendamiento del inmueble.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la veracidad del festejo y los costos, la mandataria afirmó:
“La FIFA rentó.”
Al ser interrogada sobre los montos, Sheinbaum Pardo agregó:
“Creo que pagó más de un millón de pesos. Ya que la secretaria de Cultura nos diga. Pero se renta el Castillo de Chapultepec.”
Asimismo, ante la pregunta de si existían tarifas para que el público general pudiera rentarlo para “bodas o celebraciones de quince años”, la titular del Ejecutivo respondió:
“Tiene un monto, sí.”
Los investigadores calificaron estas declaraciones de “falsas e indebidas”, señalando que la explicación de la mandataria constituye una aseveración sin sustento ante una autoridad distinta a la judicial y que podría configurar una apología del delito al normalizar y estimular la renta comercial de monumentos históricos por parte de otros funcionarios.
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La denuncia penal advierte que el arrendamiento a la FIFA podría actualizar tipos penales contemplados en el Código Penal Federal y de la Ciudad de México, tales como ejercicio indebido de servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, usurpación de funciones y fraude.
Los denunciantes también acusan de falsear declaraciones a las autoridades del INAH que, a través de una tarjeta informativa emitida el sábado 20 de junio, defendieron la legalidad del evento.
En dicho comunicado, el instituto aseguró que la actividad se realizó bajo la normativa vigente y con esquemas orientados a la conservación del inmueble.
El organismo detalló que el encuentro tuvo un costo superior al millón de pesos cubierto por la FIFA y que congregó a más de 200 representantes internacionales con el propósito de promover el patrimonio cultural mexicano en la víspera de la justa mundialista, añadiendo que el Alcázar ha sido históricamente sede de diversas reuniones diplomáticas, académicas y culturales.
Para los investigadores del INAH, el caso actual revive los acontecimientos del 21 de octubre de 2001, cuando se llevó a cabo una cena-show organizada por Marta Sahagún de Fox para la Fundación Vamos México en el mismo recinto, un hecho que también denunciaron ante la entonces Procuraduría General de la República y que fue enviado a la reserva en 2006.
El documento entregado a la FGR solicita formalmente ejercer la acción penal contra quienes resulten responsables de la autorización de la cena de la FIFA, investigar si las direcciones del INAH han realizado contratos de arrendamiento similares previos con particulares y revisar los archivos relacionados con la denuncia del año 2001 para esclarecer el destino de los fondos recaudados en esa ocasión.