Nos parece una burla": personal del IMSS rechaza aumento salarial de 8%; continúan movilizaciones

Una vez concluida la jornada laboral, el personal comenzó a congregarse afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eran enfermeras, camilleros, médicos y administrativos. A ellos se sumaron trabajadores jubilados que alguna vez ocuparon esos mismos puestos y que hoy volvieron a las calles para acuerpar los reclamos de quienes sostienen la operación diaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Algunos llegaron con el uniforme puesto, delatando que estaban saliendo del turno. Aunque sus motivaciones individuales variaron, los unificó el rechazo al ajuste salarial y una profunda inconformidad con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Este descontento germinó a finales de septiembre, cuando el personal de la institución comenzó a organizarse para denunciar la escasez crónica de insumos médicos y para cuestionar la legitimidad de la dirigencia del SNTSS, encabezada por Rafael Olivos Hernández. En octubre, la tensión aumentó.

El reciente anuncio del director del IMSS, Zoé Robledo, de un aumento global del 8 % no bastó para contener la indignación: cientos de trabajadores volvieron a tomar las calles este miércoles exigiendo un 10 % directo al salario tabular, condiciones dignas de trabajo y una renovación sindical profunda.

Al arrancar la movilización, las banderas blancas y verdes, colores institucionales del IMSS, se abrieron paso entre el tránsito vehicular. Una camioneta de carga equipada con megáfonos encabezaba el contingente. Fue una marcha larga y pausada que, con el paso de las horas, fue cambiando la ruta original, hasta culminar con un cerco total en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, frente a la Torre del Caballito.

Ahí, las y los manifestantes cerraron la circulación, decididos a no moverse hasta que apareciera un interlocutor con poder de decisión.

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“Necesitamos un funcionario con capacidad resolutiva, no a un funcionario de cuarto nivel, se están burlando de nosotros”, se escuchó a través de las bocinas. Era Octavio Fernández, médico anestesiólogo y vocero del movimiento, quien tomó el micrófono sobre la avenida para explicar el rechazo a entregar su pliego petitorio bajo esas condiciones. Detalló que la exigencia explícita es entablar diálogo directo con representantes de alto nivel de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República, ante el desgaste de mesas de trabajo previas que calificaron como simulaciones.

El vocero aseguró que el gobierno de la Ciudad de México solo opera como un puente intermedio y lanzó un ultimátum: si la respuesta federal no llegaba, elevarían el tono de las protestas con bloqueos en otros puntos neurálgicos de la capital.

Trabajadores del IMSS consideran insuficiente el aumento salarial y piden diálogo con Sheinbaum.

🗣️ “Nos parece igual de raquítico que el primer ofrecimiento”, expresó Rafael Soto, enfermero de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre el anuncio del aumento salarial por parte del IMSS y del SNTSS.

Trabajadoras y trabajadores inconformes marchan desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Zócalo de la CDMX. “Es hora de elevar el diálogo con la presidenta”, dice, al considerar que la dirigencia sindical no cuida los intereses de los usuarios y trabajadores.

🎥 @Fuguemann_

— Animal Político (@Pajaropolitico) October 21, 2026

Durante la tensa espera, los reclamos contra el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, se mezclaron con las exigencias económicas. Fernando Soto, enfermero de cardiología en el Hospital Siglo XXI, quien ha tomado relevancia por encabezar varios de los actos de resistencia del personal médico del IMSS, llamó a romper el miedo y anunció la ruta crítica del movimiento.

Una megamarcha nacional programada para el 30 de octubre y una asamblea masiva al día siguiente para articular la exigencia de un Congreso Nacional Extraordinario. La propuesta es elegir un delegado congresista por cada 350 trabajadores y construir una representación nacional que dispute la conducción del sindicato. Soto también convocó a realizar protestas intermitentes en las unidades médicas y a reforzar el campamento que mantienen en los edificios de Reforma y Zamora, que, aseguró, no están dispuestos a abandonar. Además, anunció la creación de una red nacional contra la represión, bajo la consigna “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Aunque llamó a radicalizar las acciones, Fernando Soto rechazó que la disidencia suspenda la atención a los derechohabientes. “Nunca nos vamos a ir a paro”, afirmó, y sostuvo que la lucha busca defender la seguridad social sin poner en riesgo la vida de los pacientes. La base movilizada dejó claro que el conflicto ya rebasó lo estrictamente económico para ser una crisis de legitimidad de la dirigencia formal a la que ya no reconocen.

“Vemos a nuestro paciente mal y no podemos darle la atención que necesita”

Claudia Alfaro terminó su turno y se integró de inmediato a la marcha. Como enfermera general en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas, dice que vive de primera mano las carencias del sistema y califica el nuevo tope salarial como un agravio.

“No estamos de acuerdo, nosotros vamos por el 10 %. Es una burla hacia nosotros”.

Claudia desmiente la narrativa oficial que presenta este incremento como un logro histórico, argumentando que en las clínicas periféricas y en los hospitales de zona no se refleja ninguna mejora en el equipamiento ni en el abasto de insumos médicos elementales. Es una realidad en la que la vocación termina subsidiando al sistema: el personal debe poner de su bolsillo para comprar materiales básicos y poder operar.

“Nosotros damos la atención [a los derechohabientes] con lo que tenemos, con lo que hay. A veces tenemos que comprar nuestro material, nuestros insumos para poder darles la atención que ellos merecen”, relató.

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La enfermera, que aún mantenía su chaleco verde, narró el costo emocional de atestiguar el dolor de un paciente sin contar con las herramientas para aliviarlo, absorbiendo además los reclamos legítimos de los derechohabientes, quienes descargan su frustración con el personal de primera línea y no con los altos mandos institucionales.

“Vemos a nuestro paciente mal y no podemos darle la atención que necesita”, lamentó. Su reclamo también apunta a la complicidad del sindicato y al temor de perder las garantías de salud elementales una vez que alcancen la jubilación.

Quince años de carencias estructurales

Bajo la condición de anonimato por temor a represalias administrativas, una trabajadora con 15 años de antigüedad en el área de documentación en una clínica del IMSS describe un panorama de progresiva asfixia institucional.

“No nos dan bases de datos, no tenemos internet, no tenemos personal, carecemos de muchas cosas para proporcionar a los médicos”, denunció.

Su labor es el sistema nervioso de la información clínica que requieren los cirujanos y los especialistas, pero la falta de conectividad, la obsolescencia tecnológica y la congelación de plazas han vuelto su tarea una carrera de obstáculos. Para ella, el incremento salarial del 8 % demerita el esfuerzo humano invertido, especialmente tras haber sostenido la operación hospitalaria durante los años más críticos de la pandemia de covid-19.

Una oferta insuficiente

La movilización de este miércoles rechazó el anuncio que el martes por la mañana presentó el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante una asamblea del consejo técnico de la institución: la nueva oferta de incremento global del 8 %. Este porcentaje se desglosa en un 4 % directo al salario tabular y un 4 % destinado al concepto de ayuda para renta de casa habitación.

Acompañando la cifra económica, Robledo anunció también un paquete de contingencia institucional: la basificación de 10 mil 939 plazas eventuales, el reforzamiento de almacenes para el abasto de medicamentos y el despliegue de 31 mil 700 cirugías extraordinarias para abatir el rezago quirúrgico. Paralelamente, el SNTSS oficializó ante las autoridades laborales una prórroga de prehuelga hasta el 15 de noviembre de 2026, lo que mantiene el conflicto en el terreno de la negociación legal.

La propuesta económica se destrabó luego de que en su conferencia matutina del pasado 20 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera reajustar los gastos operativos y administrativos del IMSS para liberar recursos en favor de los trabajadores, cuidando no asfixiar el presupuesto de atención médica directa. Sin embargo, para la disidencia el esquema resulta “opaco”, pues la mitad del beneficio se diluye en una prestación indexada y no impacta directamente sus salarios base.

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Por su parte, Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, calificó el aumento global de 8 % como una “victoria gremial contundente” y afirmó que representa el incremento más alto en términos reales frente a la inflación de las últimas dos décadas. Este 21 de octubre, el dirigente también dio por concluida la revisión salarial de 2026 y descartó someter el nuevo acuerdo a otra consulta con la base trabajadora. Aunque Olivos llamó a la reconciliación sindical, para la disidencia el nuevo acuerdo no resuelve la exigencia de un aumento de 10% directo al salario tabular ni la demanda de una mayor participación de las y los trabajadores en las decisiones sindicales.

Para los manifestantes que cercaron las avenidas alrededor del Caballito, el acuerdo firmado por Olivos y la cúpula sindical pertenece a una realidad ajena a la de un sector importante de sus agremiados.

Rafael Soto, antes de dar por finalizada la movilización de este miércoles, insistió en que el movimiento no dará marcha atrás y delineó los pasos para disputar el control del sindicato. El plan contempla una “megamarcha nacional”, la toma de los edificios de las 37 secciones sindicales del país, uno por semana, de manera pacífica, y el reforzamiento de su movimiento, el cual, dijo, apenas está mostrando de lo que es capaz, pues aseguró que esto era el inicio y no el final de la movilización.

Por último, Soto fue categórico en desmarcarse de cualquier acción que vulnere a la población civil: “nunca nos vamos a ir a paro”. La estrategia disidente busca asfixiar políticamente a la dirigencia y a las autoridades, asegurando que la defensa de sus derechos laborales jamás se hará a costa de la vida de los pacientes.