Animal Político · 25 de octubre de 2026
Los contratos para adquirir materiales electorales, los vínculos de empresas proveedoras con exfuncionarios y la relación de Guadalupe Taddei con uno de los contratistas del Instituto Nacional Electoral (INE) están en el centro de un caso que ha llevado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a abrir una investigación por el posible uso indebido de recursos públicos.
La controversia reúne dos asuntos que deben esclarecerse: si existieron irregularidades en la asignación de contratos y si las relaciones personales o laborales entre proveedores y funcionarios influyeron en esas decisiones. Taddei ha negado favoritismos y defendió la legalidad de los procedimientos.
Las revelaciones periodísticas han derivado en exigencias de explicaciones y peticiones para que la consejera presidenta se separe del cargo. La investigación de la ASF deberá determinar las responsabilidades que correspondan.

De acuerdo con publicaciones del diario Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras de materiales electorales por posibles irregularidades, entre ellas simulación de competencia y triangulación de recursos.
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El señalamiento sobre la competencia apunta a una posible participación de compañías vinculadas entre sí en procedimientos en los que debían competir por contratos públicos. La investigación deberá esclarecer cómo se relacionan esas empresas y si sus vínculos afectaron las adjudicaciones.
Entre las firmas mencionadas están Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones en las que figura un contrato por 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025, reportado por Reforma.
Taddei explicó que, para adquirir urnas y mamparas de esa elección, una licitación se declaró desierta porque las propuestas incumplieron los requisitos. Después se recurrió a una adjudicación directa, sustentada, según su versión, en una investigación de mercado y en la necesidad de asegurar los tiempos de producción y entrega.
La consejera ha sostenido que las empresas cuestionadas tenían contratos anteriores a su llegada al INE. No obstante, ese argumento, como ella misma reconoció, no sustituye la revisión de la legalidad de cada procedimiento.

Uno de los nombres que aparece en las publicaciones es Jonathan Navarrete Torres. Reforma lo identificó como un trabajador registrado como chofer de Taddei y apoderado de Corporativo Zeg.
La presidenta del INE negó que hubiera sido su conductor, aunque reconoció que estaba adscrito a la oficina de la Presidencia. También afirmó que las personas mencionadas en los reportajes ya no trabajan en el organismo, sin precisar las fechas ni las razones de sus salidas.
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Otro caso es el de Jesús Octavio García González, quien fue representante de Corporativo Zeg y posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE, de septiembre de 2025 a abril de 2026.
Los señalamientos plantean posibles conflictos de interés por las relaciones de antiguos colaboradores con compañías contratistas. Taddei respondió que, al revisar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, encontraron que habían manifestado no participar en empresas, sociedades o asociaciones.
Los antecedentes fueron enviados al Órgano Interno de Control, que deberá determinar si hubo omisiones o falsedades en lo declarado y establecer las responsabilidades correspondientes.

La controversia también alcanza la relación de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, identificado como proveedor de materiales electorales y vinculado con las compañías bajo escrutinio.
El portal Latinus publicó un video en el que la consejera aparece con el empresario durante una celebración de la Independencia de México. Ese medio lo identificó como apoderado de Cajas Graf. Durante su mensaje ante la prensa del 21 de octubre, Taddei no explicó su relación con él y no se permitieron preguntas.
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Los cuestionamientos llegaron a la sesión del Consejo General del INE del jueves. El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, le preguntó qué hacía en una celebración con Hernández Casillas. Pero Taddei no respondió al señalamiento.
La ASF anunció el 23 de octubre una investigación de oficio tras identificar elementos e indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
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Su alcance comprende al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales y las empresas, funcionarios y proveedores relacionados. La revisión, por tanto, abarca operaciones y personas más allá de la Presidencia del instituto.
En un comunicado del sábado, la Presidencia del INE manifestó que colaborará con la ASF y con el Órgano Interno de Control. También informó que se hicieron relevos en áreas ejecutivas y administrativas, sin identificar en ese mensaje a las personas ni detallar los cambios.
El organismo afirmó que las autoridades tendrán acceso a la documentación y anunció un micrositio para consultar contrataciones, montos, proveedores y expedientes. Al mismo tiempo, señaló que no se pronunciará sobre casos particulares por respeto al debido proceso.

En el Consejo General, Marco Antonio Baños, representante de Somos, pidió la separación temporal de Taddei mientras se investiga. El representante legislativo del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, exigió su renuncia si no acredita la legalidad de los contratos y la inexistencia de conflictos de interés.
PAN y Movimiento Ciudadano pidieron esclarecer los hechos y respetar la presunción de inocencia. Morena y el PT respaldaron que las investigaciones se conduzcan por las autoridades competentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió realizar las auditorías necesarias para esclarecer el caso, ante la preparación de las elecciones de 2027.
Taddei, por su parte, mantiene su decisión de continuar. Según Reforma y El Universal, durante una reunión virtual con consejeros el sábado 24 de octubre rechazó dejar el cargo y calificó los señalamientos como un ataque político. La información de Reforma se atribuye a fuentes del INE que atestiguaron el encuentro. Un consejero electoral confirmó también a Animal Político que, en efecto, Taddei les comunicó que no dejará el cargo.
Las investigaciones deberán esclarecer quiénes intervinieron en las contrataciones, cómo se evaluaron las propuestas y si los vínculos entre proveedores y funcionarios influyeron en las decisiones. También sigue pendiente una explicación pública de Taddei sobre su relación con Hernández Casillas, una de las preguntas que han quedado sin respuesta durante la controversia.