Redacción Animal Político · 20 de abril de 2026
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, sostuvo un encuentro oficial con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que aseguró que la protección a las libertades es una “convicción” de Estado, y centró su defensa en los esfuerzos institucionales frente a la crisis de desapariciones en México.
La reunión entre el Alto Comisionado y su delegación con Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, y el subsecretario Arturo Medina, se llevó a cabo este lunes tras el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración a las conclusiones del informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), en las que se solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
En ese contexto, la delegación mexicana, encabezada por Rosa Icela, defendió su historial asegurando a la comitiva internacional que desde el gobierno “no se reprime ni se persigue a nadie”.

Por su parte, el subsecretario Arturo Medina “reafirmó que la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente”.
Frente a Türk y su equipo, el gobierno presentó un bloque de herramientas de búsqueda, entre las que destacó una alerta nacional, una plataforma única de identidad y la obligación de las autoridades de abrir carpetas de investigación desde el primer instante en que se reporta una ausencia.
Rodríguez sostuvo ante el Alto Comisionado que la cooperación con la ONU resulta vital y “amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.
La Segob, que se presentó a la mesa respaldada por los titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Ayuda a Refugiados y el Mecanismo de Protección para Periodistas, aprovechó el foro para rendir cuentas sobre otros temas de la agenda de derechos humanos.
Informó a la ONU sobre la reciente entrega a las fiscalías de los 32 estados de un nuevo protocolo de atención a la protesta social que, según la dependencia, busca garantizar la libre manifestación. Además, expuso los alcances de la estrategia “México Te Abraza”, enfocada en dar alojamiento, salud y trabajo a los migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos.

En materia de seguridad, Gobernación destacó la recolección de más de 9 mil 500 armas de fuego mediante campañas de canje voluntario, rematando su participación ante el máximo representante de derechos humanos de la ONU con una frase contundente: “México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz”.
Durante la sesión, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, presentó avances de trabajo en la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada en 2024 por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El titular de la dependencia destacó el enfoque de la reforma, asegurando el reconocimiento de los pueblos indigenas y afroamericanos como comunidades con acceso al derecho público, con carácter jurídico y acceso a un patrimonio propio.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU señaló que el país destaca como un referente en el reconocimiento de derechos humanos de sus pueblos originarios. Resaltando su importancia y valor en los conocimientos de investigación y adaptabilidad en torno a la crisis climática global.
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El 2 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La petición ocurrió luego de que el comité concluyera que existen indicios fundados para considerar que en México se están cometiendo desapariciones forzadas con la categoría de “crímenes de lesa humanidad”.
Posteriormente, el gobierno federal expresó su rechazo al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron el documento internacional como tendencioso, parcial y sesgado.

Hasta el pasado viernes, 17 de abril, Rosa Icela Rodríguez reiteró la postura de rechazo del gobierno federal hacia las conclusiones del informe del Comité de la ONU sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, sin embargo, señaló que continúan trabajando de la mano con organismos internacionales.
“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia… y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración”, sentenció la funcionaria.