Mujeres indígenas intérpretes en Chihuahua tienen esquemas informales y sin reconocimiento
Karla Quintana / Raichali · 4 de abril de 2026
La labor de las personas intérpretes en lenguas indígenas en Chihuahua se sostiene, en gran medida, sobre esquemas informales, falta de reconocimiento institucional y una demanda creciente en sectores como la salud y la justicia.
Testimonios de mujeres rarámuri que ejercen esta labor e información oficial obtenida a través de la Plataforma de Transparencia, evidencian contradicciones entre el discurso institucional y las condiciones reales en campo.
Sewá Morales, lingüista e intérprete rarámuri, establece una diferencia central que suele diluirse en la práctica institucional: “dentro de la traducción, digamos, ya queda implícita muchas veces la interpretación interna de la persona que esté haciendo algún trabajo, de crearse un algún material, pues internamente está interpretando, y ya al final lo que hace es plasmarlo de una manera más organizada en algún texto”.
La lingüista relató el caso de una enfermera rarámuri que trabaja en un hospital general y que, además de sus funciones médicas, es requerida constantemente para apoyar en la comunicación con pacientes indígenas.
La profesionista es llamada por distintos médicos y personal de salud para traducir o interpretar, lo que le genera confusión sobre su rol dentro de la institución, ya que termina desempeñando varias funciones al mismo tiempo sin recibir una compensación adicional.
De acuerdo con Sewá Morales, esta situación refleja una carga laboral adicional para el personal indígena que aunque cuenta con una formación profesional específica como enfermería o medicina, en la práctica también asume tareas de interpretación.
Esto implica una exigencia constante que no forma parte de su puesto formal. Sin embargo, las instituciones terminan por incorporar ese trabajo de manera cotidiana, sin reconocimiento laboral ni económico.
La respuesta a la solicitud de información del folio 080142626000051 de la Secretaría de Salud estatal, la dependencia indica que “realiza la contratación de personas intérpretes certificadas en la modalidad de honorarios” para fortalecer la atención médica con pertinencia cultural.
Sin embargo, los datos muestran una cobertura limitada. En 2024, sólo se reportó personal en el Albergue Parral. Para 2025, se ampliaron a tres áreas: Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) Guachochi, Hospital General de Cuauhtémoc y Hospital General de Chihuahua, todos con intérpretes rarámuri.
Para 2026, la Secretaría informó que cuenta con autorización presupuestal para nuevas contrataciones.
Paralelamente, la dependencia reconoce que personal de enfermería y administrativo hablante de lenguas indígenas, brinda apoyo “solidario y circunstancial” en labores de interpretación, sin que ello constituya un puesto formal ni remunerado.
En cifras, el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) reporta 17 personas que se auto adscriben como indígenas, 16 mujeres y un hombre, en funciones como enfermería, trabajo social y áreas administrativas. Por su parte, Servicios de Salud de Chihuahua reporta 27 personas en condiciones similares, distribuidas en varios municipios.
Además, existen 727 auxiliares de salud comunitaria que, por su cercanía cultural y lingüística, “contribuyen a fortalecer la comunicación”, aunque no son intérpretes certificados.
Frente a la falta de formación institucional suficiente, surgen iniciativas informales. Sewá Morales, quien es integrantes de la Academia de la Lengua Rarámuri, relata que un grupo de estudiantes de medicina la contactó para aprender rarámuri durante sus vacaciones. Se organizaron en sesiones y reunieron recursos para pagarle. Describe el espacio les permitió abordar no sólo el idioma, sino la comprensión de escalas de dolor y términos médicos, lo que puso en evidencia la necesidad de formación intercultural en el sistema de salud.
Barreras lingüísticas y materiales
Sewá Morales advierte que una de las principales barreras para quienes llegan a la ciudad, incluidas personas de comunidades mestizas, es el lenguaje. Explica que, aunque en sus lugares de origen se utiliza un español funcional para la vida cotidiana, en los entornos urbanos predominan términos técnicos que dificultan la comprensión.
Esta situación se agrava en el caso de personas de pueblos originarios, quienes en muchos casos tienen un dominio limitado del español, lo que profundiza las dificultades de comunicación.
En ese contexto, identifica como obstáculos centrales el idioma y la falta de materiales adecuados. Cuestiona que las instituciones prioricen documentos escritos, cuando una parte importante de la población rarámuri no necesariamente sabe leer en su lengua, lo que limita el alcance de estas estrategias.
“Y muchas veces hay instituciones que le apuestan a la traducción, cosas escritas, pero pues hay que ver la realidad que pues, ¿cuántas personas rarámuri sabe leer en su idioma?.” menciona la profesionista.
Frente a ello, propone el desarrollo de materiales audiovisuales como una alternativa más efectiva. Considera necesario que las instituciones cuenten con recursos como videos de bienvenida que expliquen sus funciones en varias lenguas indígenas, al menos en las de mayor presencia, para facilitar la comprensión desde el primer contacto.
Morales vincula estas problemáticas con transformaciones más amplias en las comunidades. Señala que las condiciones de vida en los territorios de origen se han deteriorado por diversos factores, lo que obliga a muchas personas a desplazarse hacia las ciudades, donde enfrentan no sólo barreras lingüísticas, sino también discriminación, racismo y actitudes de rechazo. A su juicio, estos elementos reflejan una falta de reconocimiento y de trato igualitario.
“Hace como un mes estuve hablando con mis papás y me decía mi papá: ‘Es que ya nadie se está quedando, ya nos estamos quedando solitos’. Y con justa razón, tantos problemas, tantos cambios en el clima, en el modo de vida, ya no es tan posible una vida de bienestar allá, o sea sí puedes vivir, pero a lo mejor es más en el sentido de sobrevivir, ya no sobrevives, ya es muy complicado.” explicó Sewá Morales.
Finalmente, subraya que existe una omisión sistemática en la atención institucional: no se evalúa el nivel de dominio del español de las personas usuarias. Aunque alguien pueda sostener una conversación básica, eso no implica que comprenda términos técnicos o procedimientos.
Sin embargo, en la práctica, el hecho de que una persona salude o inicie una conversación en español suele ser suficiente para que toda la atención continúe en ese idioma, sin que el personal pregunte si requiere apoyo de interpretación.
Esta omisión, advierte, tiene consecuencias directas en el acceso efectivo a derechos, particularmente en el ámbito de la salud. La falta de evaluación sobre el nivel de comprensión del idioma deriva en procesos de atención donde las personas indígenas no necesariamente entienden diagnósticos, tratamientos o procedimientos médicos, lo que incrementa riesgos y limita la toma de decisiones informadas.
En ese contexto, también cuestiona las condiciones en las que opera el sistema de salud. La carga de trabajo del personal médico incide en la calidad de la atención, reduce el tiempo disponible para explicar procesos o resolver dudas. Esta situación, explica, afecta a toda la población, pero se vuelve más crítica en el caso de personas que no dominan el español, ya que la barrera lingüística se suma a la prisa institucional.
“Usted va a un hospital y ve la gente corre y corre. No hay veces este trato humano más humano de sentarse con la persona de atenderla como se debe, ¿por qué?”.
La falta de tiempo y de condiciones adecuadas en el sistema de salud se traduce en prácticas que pueden derivar en tratos diferenciados, acota la experta. En particular señala que las personas indígenas enfrentan mayores dificultades debido a la combinación de factores como idioma, condiciones económicas y prejuicios sociales.
“El sistema de salud está tan cargado de trabajo que muchas veces también hay malos tratos, incluso hacia las mismas personas mestizas, pero es más evidente hacia las personas que no hablan español justamente porque no se maneja el idioma”.
Ante la ausencia de mecanismos formales suficientes, la atención en lengua indígena depende en muchos casos de redes informales. Morales explica que, en su experiencia, la solicitud de intérpretes suele gestionarse a través de colectivos o redes de mujeres, donde se comparten llamados cuando alguna institución requiere apoyo.
“Pertenezco a una red de mujeres intérpretes y de repente ahí pues sí ponemos mensajes de ‘oigan, se solicita un intérprete’”.
Ese tipo de organización no sustituye la necesidad de contratación formal ni garantiza cobertura permanente, lo que deja amplios vacíos en la atención institucional, concluye.
Interpretación desde la experiencia comunitaria
En paralelo, la experiencia de Todos los Santos Dolores Villalobos Vigil, quien también es una mujer rarámuri intérprete y que acompaña a mujeres víctimas de violencia, permite observar cómo la labor de interpretación surge en muchos casos, desde la práctica comunitaria antes de ser reconocida como una función especializada.
“Mi trabajo como intérprete empieza desde la comunidad […] yo no sabía que era intérprete, solamente pues era la voz de otras personas”.
Villalobos describe que su participación inició en actividades relacionadas con la salud, donde acompañaba a personal médico en comunidades para facilitar la comunicación con pacientes.
Su trabajo incluía explicar tratamientos, indicar la forma correcta de tomar medicamentos y acompañar procesos de diagnóstico en casos de desnutrición o enfermedades como la tuberculosis.
“Me gustaba llevar la información, informar de qué manera se debían de tomar el medicamento si había un niño desnutrido, si había una persona con tuberculosis”, detalla Villalobos Vigil.
Desde su experiencia, coincide que la interpretación no sólo implica traducir palabras sino comprender el contexto cultural y social de las comunidades. En ese sentido, considera que el vínculo territorial es un elemento clave para ejercer esta labor de manera adecuada.
“Es muy importante que las y los intérpretes conozcamos lo que hay dentro de una comunidad, yo me identifico mucho con las comunidades porque estoy dentro de ellas”.
Falta de reconocimiento institucional
Pese a la relevancia de esta función, Villalobos señala que el trabajo de interpretación sigue sin ser plenamente reconocido dentro de las instituciones, especialmente en el ámbito de la justicia.
“El papel que se cumple como intérpretes en los procesos de justicia es algo complicado, aquí es donde se nos ve como que, quienes no tenemos una licenciatura, no somos tomados en cuenta”.
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Todos los Santos Villalobos advierte que existen criterios limitados para determinar cuándo se requiere un intérprete, lo que puede derivar en la vulneración de derechos. En muchos casos, el simple hecho de que una persona hable español es interpretado como suficiente para prescindir de apoyo lingüístico.
“Piensan: ‘Ella habla muy bien el español, no necesita intérprete’, cuando es el derecho de la persona que le pregunten”.
Para Villalobos, esta práctica desconoce que el dominio básico del idioma no garantiza la comprensión de términos técnicos, especialmente en ámbitos como el jurídico o el médico.
“Con el hecho de que ya hablan el español, piensan que van a entender todo esto y sobre todo los términos jurídicos, médicos”.
La intérprete denuncia condiciones laborales precarias. Relata que durante años desempeñó estas funciones sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas.
“Yo principalmente estuve 10 años trabajando, no había un seguro médico, me enfermaba y no tenía con qué”.
En una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua, revela que la dependencia no cuenta con facultades para integrar un cuerpo técnico de intérpretes o peritos traductores, ya que esta atribución corresponde al Poder Judicial.
No obstante, la Secretaría reporta que cuenta con un equipo de personas hablantes de lenguas indígenas principalmente rarámuris distribuidas en distintas sedes como Creel, Guachochi, Ciudad Juárez y Chihuahua. Su función se limita a la atención administrativa y la gestión con pertinencia cultural, sin que puedan desempeñar labores periciales en procesos judiciales.
En cuanto a su situación laboral, el personal se distribuye entre plazas de base, contratos temporales y esquemas vinculados a programas productivos, lo que refleja una diversidad de condiciones sin una homologación clara en términos de reconocimiento profesional.
La misma dependencia señala que se encuentra en proceso de gestionar un convenio con la Dirección Estatal de Profesiones para facilitar la profesionalización y el registro oficial de personas hablantes de lenguas indígenas como peritos, lo que podría representar un avance en la formalización de esta labor.
Sin embargo, en Chihuahua hay cuatro lenguas originarias: rarámuri, ódami o tepehuán, warijó y pimo u o’oba. Estas tres últimas lenguas están más rezagadas en los planes de intérpretes, a pesar de que cada vez hay más comunidades desplazadas de manera forzada por la violencia, que enfrentan la barrera del idioma en ciudades urbanizadas.