Gobierno de México rechaza informe de Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas

El Gobierno de México expresó su rechazo al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) por el que dicho órgano solicitó al Secretario General de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de este delito cometido en nuestro país a la Asamblea General.

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron el documento internacional como tendencioso, parcial y sesgado.

De acuerdo con el pronunciamiento, el informe omite tomar en cuenta las observaciones y los avances institucionales logrados en el país desde 2019, tras la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de manera particular, desde el año 2025, con la llegada de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

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Se niegan a estudiar información, dice gobierno mexicano 

Así, el gobierno mexicano lamentó que el Comité de la ONU supuestamente se negara a estudiar la información actualizada que el Estado presentó el pasado 27 de marzo, antes de que se publicará la resolución.

Además, el Estado mexicano argumenta que el informe internacional no corresponde a la realidad actual del país, ya que se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a estudiar la situación de solo cuatro estados. 

Asimismo, el comunicado denuncia una “falta de rigor jurídico” y señala un conflicto de interés dentro del Comité, afirmando que “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

Las dependencias también destacaron que el propio organismo de la ONU, en los párrafos 117 y 118 de su decisión, reconoce que en la actualidad no existen pruebas de una política federal enfocada en cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población.

“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, se enfatiza en la respuesta oficial de las autoridades. 

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En su respuesta, el Gobierno Federal también asegura que en la administración actual se ha llevado a cabo una profunda reforma legislativa e institucional para combatir este delito, trabajando de la mano con los colectivos de familiares de las víctimas.

Fruto de este diálogo, en julio de 2025 se aprobaron diversas reformas a la ley que, según el gobierno, el Comité de la ONU no tomó en cuenta. 

En el comunicado se enlistan 10 herramientas y obligaciones clave que fueron ignoradas, entre las que destacan: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación legal de abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento tecnológico y de especialistas tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda como del Banco Nacional de Datos Forenses. 

Finalmente, México aseguró que mantiene sus puertas abiertas a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará “premisas que no reflejan su realidad actual”.

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