Alfredo Maza · 18 de noviembre de 2026
Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral de San Luis Potosí que reducía a 20 días las precampañas políticas y el periodo para que aspirantes a candidaturas independientes recolecten firmas de apoyo ciudadano.
Tras la notificación oficial al Congreso del Estado, se restablecerán los plazos anteriores fijados en la legislación electoral potosina. Es decir, hasta 40 días para la gubernatura y 25 días para diputaciones locales y ayuntamientos.
El fallo resuelve la acción de inconstitucionalidad (113/2026 y su acumulada 114/2026), promovida por Morena contra el Decreto 0586 del 12 de agosto de 2026. La resolución de la SCJN se emite poco después del inicio formal del proceso electoral en la entidad el pasado 15 de noviembre de 2026.

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Por mayoría de votos, con solo un voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el Pleno anuló el cambio al artículo 209 de la ley electoral estatal. La reforma reducía de 40 a 20 días el plazo para buscar respaldo rumbo a la gubernatura —y de 25 a 20 días para diputaciones y ayuntamientos— sin disminuir el requisito legal de reunir el apoyo del 2% de la lista nominal de electores.
Durante la sesión, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que, con un padrón electoral estatal aproximado de 2 millones 300 mil personas, quien aspire a la gubernatura por la vía independiente debe juntar alrededor de 46 mil firmas.
Recortar el plazo a la mitad habría obligado a recabar cerca de 2 mil 300 firmas diarias, frente a las mil 150 requeridas con el periodo anterior. “La propuesta de reducción de tiempos para la recopilación de firmas sí puede generar un obstáculo para aquellas personas que desean presentar una candidatura independiente”, señaló el ministro.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra subrayó que cada firma exige validar datos de la credencial de elector, mientras que la ministra Loreta Ortiz Ahlf recordó los antecedentes en la entidad: sólo una persona logró la candidatura independiente a la gubernatura en 2021, ninguna a diputaciones en 2015 y cuatro planillas a ayuntamientos en 2024.
Por ello, el ministro Irving Espinosa Betanzo respaldó la invalidez y anunció un voto concurrente, señalando la necesidad de un escrutinio estricto debido a que “quienes fijan estas restricciones son los competidores naturales de las candidaturas independientes”, en alusión a los legisladores de partidos políticos.
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En relación con las precampañas, la SCJN invalidó las fracciones I y II del artículo 319 y el artículo segundo transitorio del Decreto 0586. La mayoría determinó que imponer un límite uniforme de 20 días ignora las diferencias territoriales y logísticas de hacer campaña a nivel estatal frente a un distrito o municipio.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que “no es lo mismo hacer precampaña en toda una entidad federativa que hacerla en un municipio o en un distrito electoral”. Por su parte, la ministra ponente María Estela Ríos González defendió la propuesta señalando que “lo que se preserva finalmente es el derecho a votar y ser votado”.
En contraste, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf argumentaron que la Constitución Federal únicamente establece un tope máximo para precampañas y otorga libertad de configuración a los congresos locales.
“Esta Suprema Corte no puede ni debe agregar un requisito de naturaleza temporal que no se exige a nivel constitucional”, sostuvo la ministra Esquivel Mossa. Asimismo, la ministra Ortiz Ahlf indicó que los estados tienen margen para optimizar recursos públicos en procesos internos, agregando que su duración no debe sujetarse a la extensión del territorio o al tipo de cargo.
La sentencia ordena notificar la invalidez de la reforma electoral al Congreso de San Luis Potosí, al Ejecutivo local y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Con ello, se reactivan las fechas previas para las precampañas: del 20 de enero al 28 de febrero para la gubernatura y del 4 al 28 de febrero para diputaciones y ayuntamientos.
El partido político nacional Somos también había presentado una demanda contra el decreto, pero fue desechada el 30 de septiembre debido a que la promovió el presidente de su Comité Nacional, a pesar de que sus propios estatutos otorgan la representación legal a la Secretaría General.