Corte frena 7 años de omisiones y ordena al Congreso de Morelos votar municipio indígena de Alpuyeca

Tras mantener en vilo desde diciembre de 2019 a la comunidad nahua de Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo que ordena al Congreso Estatal dictaminar y votar en su próximo periodo de sesiones la creación del cuarto municipio indígena de la entidad.

Además, con ocho votos a favor y uno en contra, la SCJN resolvió suprimir el requisito de una consulta ciudadana previa para crear el municipio indígena de Alpuyeca. Así, los legisladores del Congreso Estatal de Morelos no podrán postergar más la resolución ni condicionarla a este trámite administrativo.

Así, al resolver el amparo en revisión 7/2026, la SCJN concluyó que, dado que el proceso nació de la propia asamblea comunitaria celebrada el 5 de diciembre de 2019, obligar a las autoridades a preguntar de nuevo a los habitantes si desean aquello que ya decidieron formalmente deja sin sentido este mecanismo de participación y retrasa indebidamente el trámite.

El conflicto por el municipio indígena de Alpuyeca: casi siete años de omisiones

El expediente parlamentario de Alpuyeca comenzó el 16 de diciembre de 2019, fecha en la que los integrantes de su Consejo Promotor entregaron al Congreso local la propuesta formal para separarse administrativamente de Xochitepec.

A partir de ese momento, el trámite atravesó etapas sucesivas sin alcanzar un dictamen final. Ante la falta de pronunciamiento, la comunidad tramitó en julio de 2021 un primer juicio de amparo. 

Sin embargo, aunque un juzgado federal ordenó al Congreso dar respuesta, las comisiones legislativas tardaron hasta junio de 2023 en pedir una opinión técnica a las dependencias indigenistas y hasta el 22 de noviembre de 2023 para emitir un acuerdo inicial de preparación de una consulta. 

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Posteriormente, el 28 de febrero de 2024, el Congreso emitió el Acuerdo 179, mediante el cual canceló los trabajos que ya se realizaban y trasladó la tarea de organizar la consulta al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

La comunidad recurrió a un segundo amparo contra este cambio. La jueza de distrito les concedió la protección federal y ordenó al Congreso reiniciar de inmediato la consulta; inconforme con esa orden, el Congreso local llevó el caso a revisión ante la Corte argumentando que la jueza no había evaluado con precisión el contenido de su acuerdo.

SCJN señala dilación legislativa del Congreso Estatal de Morelos

Al presentar el caso ante el Pleno, la ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf describió la secuencia de demoras institucionales, asegurando que “las actuaciones del Congreso fueron tardías en cada etapa. Solicitó una opinión técnica sobre la consulta hasta junio del 2023 y ordenó iniciar trabajos preparatorios en noviembre de ese año, casi 4 años después de la solicitud”. 

La ministra Ortiz Ahlf hizo énfasis durante la sesión en que “la decisión que adoptemos reconozca que en el caso resulta impostergable dar una respuesta a la comunidad de Alpuyeca, pues las actuaciones dilatorias y omisivas por casi —subrayó— siete años se han traducido en una denegación de su derecho de autogobierno”.

Finalmente, en su resolución, la SCJN modificó la sentencia previa dictada por un juzgado federal de distrito en Morelos que había ordenado reiniciar la consulta indígena; sin embargo, los ministros consideraron que insistir en esa vía prolongaría todavía más la falta de respuesta del Poder Legislativo estatal.

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La consulta previa frente a la autodeterminación de Alpuyeca

La mayoría de ministros sustentó su decisión en la reforma al artículo 2° de la Constitución General, publicada el 30 de septiembre de 2024, la cual reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público. 

El máximo tribunal precisó que la consulta previa es una herramienta creada para proteger a las comunidades cuando el Estado pretende imponer medidas de forma unilateral, pero no una condición para que las instituciones gubernamentales ratifiquen lo resuelto en una asamblea.

Durante la sesión, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó este criterio al advertir la contradicción de exigir una verificación externa sobre acuerdos ya tomados por los propios pueblos.

“Quiero decirles que si sostenemos este criterio, vamos a llegar al absurdo, voy a plantearlo así, de que si una comunidad lleva décadas o siglos pidiendo agua potable y un día la Conagua dice: ‘Voy a realizar la obra de agua potable’, entonces la Corte va a decir: ‘Consúltense si quieren agua potable’, cuando la comunidad lo viene solicitando y está expresa y manifiesta la voluntad de la comunidad”.

El fallo también descartó que el Congreso de Morelos deba organizar consultas en los municipios y comunidades vecinas (como Xochitepec, Xoxocotla, Coatetelco, Temixco, Emiliano Zapata o Tlaltizapán). 

La Corte constató que en el expediente no existe ninguna inconformidad ni reclamo de afectación directa a tierras por parte de poblados aledaños; por el contrario, autoridades de diversas comunidades indígenas de la entidad enviaron escritos al tribunal en respaldo de la municipalización de Alpuyeca.

Discusión en el Pleno de la SCJN: 8 votos a favor del municipio indígena

La votación registró posturas divididas en torno al procedimiento del juicio. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra votó en contra y formuló un voto particular al advertir que la comunidad acudió al amparo pidiendo que se realizara la consulta que el Congreso había suspendido.

“Ellos solicitaron la consulta y nos estamos sustituyendo en su voluntad diciéndoles que no, que no es necesaria la consulta […], creo que eso va en contra de la autonomía, contrario a lo que están comentando. O sea, porque nosotros desde aquí decidimos: tú querías, pediste la consulta, pero no es necesaria la consulta. Eso es lo que me preocupa”.

Frente a esta postura, la ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf defendió que la labor del tribunal era dar una protección efectiva y no añadir obstáculos que alargaran el procedimiento.

“En este caso la voluntad comunitaria ya fue expresada por la Asamblea General, pues la creación del municipio fue una decisión de Alpuyeca que precisamente dio origen al procedimiento ante el Congreso. Exigir que la comunidad vuelva a pronunciarse sobre esa misma decisión convertiría la consulta en un requisito para convalidar lo resuelto por la propia autoridad o, peor aún, para revocar sus decisiones en completo perjuicio de la autodeterminación”.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo votó a favor pero emitió un voto concurrente, advirtiendo que un solo periodo ordinario podría resultar muy estrecho para revisar los estudios territoriales y técnicos. Sin embargo, la ministra Ortiz Ahlf mantuvo el plazo al señalar que los derechos no pueden permanecer suspendidos de manera indefinida.

Los alcances del fallo sobre el nuevo municipio indígena en Morelos

La sentencia de la Suprema Corte puntualizó que la resolución no declara de forma automática la existencia del municipio ni sustituye la labor parlamentaria.

El mandato judicial instruye a los diputados de Morelos a retomar las constancias que se han acumulado a lo largo de más de seis años y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40, fracción XI, de la Constitución de Morelos y los artículos 128 a 133 de su Ley Orgánica. 

Estos puntos exigen la acreditación de lazos etnolingüísticos, capacidad presupuestal, delimitación del territorio, opiniones del municipio de origen (Xochitepec) y del Poder Ejecutivo estatal, así como la votación calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Con este fallo, el Congreso de Morelos queda impedido para ordenar nuevos trámites o peritajes que ya consten en el expediente, debiendo emitir una resolución definitiva en su próximo período de sesiones sobre si Alpuyeca se convierte en el cuarto municipio indígena del estado, sumándose a Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.