Cierran entrevistas del INE con propuestas de recortes, ajustes para 2027 y otra idea del instituto
Edgar Ledesma · 19 de abril de 2026
Esta semana concluyó la fase de entrevistas públicas para renovar tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y en las comparecencias de algunos de los perfiles más observados surgieron propuestas de austeridad, ajustes para la elección judicial de 2027 y diversas justificaciones sobre por qué deberían incorporarse a la mesa principal del árbitro electoral.
La atención no se concentró en todas las candidaturas por igual. Varios perfiles llegaron a esta etapa con cuestionamientos previos por sus cargos actuales, por su cercanía con espacios de poder, por las dudas sobre algunas trayectorias o por la discusión sobre cómo avanzaron dentro del proceso. Con las entrevistas ya públicas, el foco pasó del expediente a sus propias palabras.
En estas tres vacantes se juega una parte clave del rumbo del INE. Las y los consejeros electorales integran el Consejo General, el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de velar por los principios que rigen al instituto.
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Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México y uno de los perfiles más observados en este proceso por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, documentada al menos desde 2023, defendió en su entrevista un INE más austero, con menos puestos, compras más baratas y recorte a los “privilegios” de la alta burocracia y de las consejerías.
Su planteamiento coincidió con una de las banderas de la reforma electoral impulsada por el actual gobierno: recortar privilegios y reducir gasto en los órganos electorales.
Al responder sobre cómo eficientar recursos y combatir el financiamiento ilícito en campañas, Chávez propuso evitar duplicidades entre el INE y los órganos locales, abaratar materiales electorales y ordenar mejor las adquisiciones del instituto.
También habló de una “reingeniería institucional” para eliminar cargos que, a su juicio, no son necesarios. Pero no aterrizó una propuesta concreta para frenar la entrada de dinero ilegal a las campañas.
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“Yo sostendría que hay que enriquecer la democracia, no hay que enriquecer a la burocracia ni a las ni los consejeros”, dijo.
La parte más cuestionada de su candidatura apareció cuando explicó por qué podría actuar con autonomía. Chávez no se apoyó en experiencia directa como árbitro electoral, sino en una defensa personal y académica.
Dijo que es un demócrata, apeló a sus 31 años como profesor universitario y usó como argumento su paso por espacios de representación en la universidad. “Yo ya fui consejero, fui consejero universitario, fui consejero técnico”, afirmó.
La idea de fondo de su candidatura apareció con más claridad al cierre de la entrevista. Chávez sostuvo que el Consejo General del INE no debe verse solo como una estructura técnica o administrativa, sino como un espacio de definición política.
“Sí estoy convencido de que el Consejo General del INE es un espacio de política electoral y allí necesitamos más demócratas y menos burócratas”, dijo.
Bernardo Valle Monroy, exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y perfil observado por haber colaborado desde la Secretaría de Gobernación en la reforma electoral del actual gobierno, llevó la discusión a la elección judicial de 2027. Su principal planteamiento fue que el INE enfrentará un reto mayor para sostener la participación ciudadana.
Su diagnóstico fue que, a diferencia de 2025, en la próxima elección ya no estarán en la boleta ministras y ministros de la Suprema Corte, que fueron, según su propia lectura, una de las figuras que más llamaron la atención de quienes salieron a votar. Planteó que el instituto tendrá que reforzar la promoción del voto, explicar mejor los cargos en disputa y facilitar el diseño de la boleta.
Valle planteó ajustes para hacer más entendible y más operable la elección judicial de 2027. Su punto central fue que el desafío no será solo organizarla, sino lograr que siga interesando a la ciudadanía.
Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, defendió su candidatura desde la experiencia. Su mensaje fue que sí se pueden reducir costos electorales sin detener la operación de una autoridad.
Para sostenerlo, contó que al llegar al instituto encontró una situación financiera crítica y que, a partir de ahí, aplicó recortes en personal eventual, plazas, papelería, publicidad, asesorías y otros gastos operativos. Su argumento fue que una autoridad electoral puede trabajar con menos recursos si hay planeación, revisión puntual del gasto y capacidad de ajuste interno.
Alejandra Tello Mendoza también quedó entre los perfiles observados en este proceso. Docente de la Escuela Judicial Electoral, su candidatura quedó bajo observación por su registro como persona con discapacidad, además de los señalamientos sobre cercanías dentro del Tribunal Electoral y perfiles afines al oficialismo.
Ya en su entrevista, Tello Mendoza centró su diagnóstico en la desconfianza hacia las autoridades electorales y cuestionó que el sistema haya respondido durante años con más candados, más vigilancia y más sanciones, sin romper el problema de fondo: la falta de confianza entre ciudadanía e instituciones.
El siguiente paso se dará este lunes 20 de abril, cuando la Jucopo reciba las tres quintetas que le entregue el Comité Técnico de Evaluación; Ricardo Monreal dijo que, en su caso, podrían discutirse el martes en el pleno, y la Cámara tiene como tope el 22 de abril para intentar la designación por mayoría calificada. Si no hay acuerdo, la ruta prevista es la insaculación y, en última instancia, el sorteo en la Suprema Corte.