Cartas enviadas a EU por muertes de migrantes se apegan a la ley: Embajada de México
Diana Delgado Cabañez · 17 de julio de 2026
La Embajada de México en Estados Unidos respondió a la devolución de las cartas que el país envió a los centros de detención donde han fallecido migrantes tras operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o bajo su custodia y aseguró que las misivas fueron emitidas “en ejercicio de la función de protección consular”.
Asimismo, detallaron que las peticiones también se realizaron por la vía diplomática, tal como lo solicitó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EU y descartaron que haya una intención de México de “dirigir las acciones del personal estadounidense”.
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“La carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos. México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE”.
Este viernes, el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, como parte de los acercamientos diplomáticos tras el fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria.
“México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, señaló la Embajada.
El día de hoy, el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de…
— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) July 17, 2026
Previamente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó que Michael Kozak, un alto funcionario de la dependencia, se reunió en Wahsington con el embajador mexicano e hizo la devolución de los documentos alegando una intención de dirigir la actuación de autoridades estadounidenses.
“Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos. Asimismo, recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre”.
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Una de las cartas fue enviada al centro de detención de Adelanto, en California, donde han fallecido cuatro mexicanos. A esto se suma que presentó las denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos.
A través de una nota informativa, la Secretaría detalló que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), promovió una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por la Embajada de México en el país.
También indicó que el gobierno de México presentó denuncias ante las fiscalías estatales, por medio de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular.
Finalmente, la SRE envió un documento al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que se informa sobre la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE, solició que se recabe información de las oficinas estadounidenses y “analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia”, además de que se formulen las recomendaciones correspondientes y se transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
17 mexicanos murieron por agentes del ICE
El pasado 9 de julio, el canciller Roberto Velasco informó que 17 connacionales han muerto bajo custodia y durante operativos del ICE, por lo que adelantó que interpondría denuncias en Estados Unidos.
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Detalló que, de los 17 connacionales que han muerto a manos de integrantes del ICE, 14 se encontraban bajo custodia y tres murieron durante operativos.
El último caso fue el de Lorenzo Salgado, quien fue asesinado por un agente estadounidense en Texas. El relato de las autoridades sostiene que los elementos del ICE intentaron marcarle el alto, pero el mexicano presuntamente trató de evitar el arresto, impactó un vehículo oficial e intentó atropellar a uno de los agentes. Ante esa situación, el oficial abrió fuego en “defensa propia”, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El hombre murió poco después en un hospital a consecuencia de las heridas. No obstante, su familia, autoridades locales y organizaciones civiles cuestionan la versión oficial y exigen transparencia. Testigos también contradicen el relato del DHS.
Su familia afirma que vivió cerca de 35 años en Estados Unidos y se encontraba en proceso de obtener un permiso de trabajo. En contraste, el DHS lo identifica como un “extranjero ilegal de México”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las muertes de ciudadanos mexicanos ocurridos bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por lo que se pronunció para que se lleven a cabo investigaciones imparciales, independientes y transparentes que permitan determinar responsabilidades.
En un comunicado, señaló que las políticas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos no solo criminalizan de facto la migración, sino que incrementan de forma exponencial el riesgo de violaciones a los derechos humanos, tales como la separación familiar, la detención arbitraria prolongada, la tortura, los tratos crueles e incluso la pérdida de la vida.
“La CNDH advierte que estos hechos constituyen acontecimientos de la mayor gravedad, pues comprometen los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de nuestros connacionales”, expuso.
El organismo aseguró que la protección de los derechos humanos de migrantes representa una obligación internacional que no admite excepciones y debe ser observada en todo momento por los Estados, con independencia de la nacionalidad o situación migratoria de las personas.