Kenia Hernández Rivera · 15 de julio de 2026
Los registros oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestran un incremento sin precedentes en el número de personas mexicanas fallecidas bajo su custodia. Mientras entre 2018 y 2024 el promedio anual fue de 1.8 decesos, solo en 2025 se documentaron nueve casos y durante el primer cuatrimestre de 2026 se contabilizan cinco casos adicionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 9 de julio que, entre 2025 y lo que va de 2026, 17 mexicanos murieron en hechos relacionados con la agencia —14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios—. Pero El Sabueso analizó los registros oficiales de fallecimientos del ICE desde 2018.
La base de datos documenta 27 muertes de personas mexicanas bajo custodia del ICE hasta abril de 2026, de las cuales 18 fueron atribuidas a enfermedades, seis a suicidios y tres a otros hechos, incluidos disparos y una pérdida de conocimiento.
Los datos abarcan varias edades y contextos —la edad promedio es de 45 años—. La víctima más joven de la lista es Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien tras ser arrestado en Florida en febrero de 2026 con cargos estrictamente migratorios fue hallado muerto en los baños del centro de detención un mes después, víctima de un presunto suicidio por asfixia. En el otro extremo está Abelardo Avelleneda Delgado, de 68 años, quien falleció en mayo de 2025 bajo lo que las autoridades etiquetaron como una “pérdida de conocimiento” tras complicaciones médicas sin que el personal de emergencias realizara maniobras adecuadas de reanimación.
“El personal de servicios médicos de emergencia (EMS) no tomó medidas adicionales de reanimación”, se lee en su Informe de fallecimiento.
Existe una diferencia entre las cifras de ambas fuentes. La SRE reporta 17 fallecimientos de personas mexicanas relacionados con acciones del ICE entre 2025 y 2026, mientras que el registro oficial de fallecimientos del ICE contabiliza 14 muertes ocurridas entre el 5 de mayo de 2025 y el 11 de abril de 2026. En esta última lista aún no aparecen Jaime Alanís García, quien murió en julio de 2025 tras caer de un techo mientras intentaba escapar de una redada del ICE en un invernadero de California; Félix Alcorta Rodríguez, fallecido el 19 de junio de 2026 cuando permanecía detenido en el Centro de Detención del Condado de Webb, Texas; y Lorenzo Salgado Araujo, quien murió el 7 de julio de 2026 después de que un agente del ICE le disparó durante un operativo en Houston. Las demás víctimas son:

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, entre el año pasado y el actual, suman 58 casos de individuos de distintas nacionalidades que murieron en centros de detención del ICE, de los cuales 14 fueron mexicanos. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años que murió el 7 de julio tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston.
Según informó CNN, Salgado Araujo se dirigía a su trabajo a bordo de su camioneta cuando agentes federales ejecutaban un operativo para arrestarlo. El relato de las autoridades sostiene que los elementos del ICE intentaron marcarle el alto, pero el mexicano presuntamente trató de evitar el arresto, impactó un vehículo oficial e intentó atropellar a uno de los agentes. Ante esa situación, el oficial abrió fuego en “defensa propia”, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El hombre murió poco después en un hospital a consecuencia de las heridas. No obstante, su familia, autoridades locales y organizaciones civiles cuestionan la versión oficial y exigen transparencia.
Testigos también contradicen el relato del DHS, incluso una fuente consultada por CNN aseguró que Salgado Araujo no era el objetivo de la operación del ICE. Su familia afirma que vivió cerca de 35 años en Estados Unidos y se encontraba en proceso de obtener un permiso de trabajo. En contraste, el DHS lo identifica como un “extranjero ilegal de México”.
Su muerte aún no aparece en los registros oficiales de fallecimientos del ICE (o muertes de extranjeros detenidos bajo custodia), cuya actualización más reciente corresponde al 29 de junio de 2026. Sin embargo, el caso presenta similitudes con otros registrados en años recientes.
Tras revisar esos expedientes, El Sabueso identificó un patrón comparable con el de Silverio Villegas González, de 38 años, quien murió el 12 de septiembre de 2025.
De acuerdo con el informe de fallecimiento, Villegas González tenía antecedentes por conducción temeraria, agresión, exceso de velocidad, conducir sin licencia y operar un vehículo sin seguro. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el mexicano “se negó a obedecer las órdenes de las fuerzas del orden y condujo su automóvil” contra los agentes, golpeando a uno de ellos y arrastrándolo “una distancia considerable”, lo que llevó al oficial a disparar “temiendo por su vida”.
Pero videos difundidos posteriormente y evidencia revisada por distintos medios cuestionan esa narrativa. El País informó que las grabaciones muestran a Villegas González mientras intentaba escapar, pero no prueban que hubiera atropellado a un agente. Además, en uno de los videos se escucha al propio oficial describir sus lesiones como “nada grave”, una declaración que contradice los primeros reportes oficiales, los cuales hablaban de heridas de gravedad.

La plataforma Behind Bars Data Project, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA en inglés), señala que la detención de migrantes en Estados Unidos alcanzó niveles récord, con más de 68 mil personas bajo custodia hasta febrero de 2026. De acuerdo con la iniciativa, las asignaciones presupuestarias sin precedentes aprobadas por el Congreso —70 mil millones de dólares para el plan migratorio— permitirán al ICE ampliar su capacidad de detención a 100 mil personas o más durante este año. Para lograrlo, prevé habilitar almacenes comerciales y campamentos de tiendas de campaña con el fin de incrementar rápidamente el número de camas disponibles.
Sin desagregar la nacionalidad de las personas fallecidas, UCLA documenta 291 muertes bajo custodia del ICE entre el 1 de octubre de 2003 y el 4 de junio de 2026. Texas, California, Arizona, Florida y Los Ángeles concentran el mayor número de casos.
En cuanto a las instalaciones, el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, registra la mayor cantidad de fallecimientos. El complejo, administrado por la empresa privada CoreCivic mediante un contrato con el ICE, encabeza la lista. Siguen el Centro de Detención Stewart, en Georgia, también operado por CoreCivic, y el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en Florida, cuya operación está a cargo del ICE en coordinación con la empresa privada de seguridad y logística Akima Global Services LLC.

Sobre este último centro, Amnistía Internacional publicó en 2025 un informe que documentó tratos crueles, inhumanos y degradantes tanto en Krome North como en el Centro de Detención de Everglades, conocido como “Alcatraz del Caimán”, ambos ubicados en Florida.
“Los hallazgos confirman un sistema deliberado diseñado para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas. La aplicación de las leyes de inmigración no puede operar al margen del estado de derecho ni eximirse de las normas de derechos humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región”, declaró entonces Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, tras la publicación del informe.
Puntualmente, en el Centro de Detención Krome del ICE, la investigación exhibió que, a pesar de contar con instalaciones médicas, las personas denunciaron graves negligencias médicas, incluyendo la falta de tratamientos y evaluaciones médicas.
Los detenidos confirmaron informes previos de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se reportaron casos de hacinamiento, aislamiento prolongado y arbitrario, falta de atención médica adecuada, inodoros desbordados, falta de acceso a duchas, iluminación constante y aire acondicionado averiado.
Los entrevistados también relataron episodios de violencia y malos tratos por parte de los custodios. Incluso, personal de Amnistía Internacional presenció el momento en que un guardia golpeó violentamente la mano lesionada de un hombre al cerrar la puerta metálica de una celda de aislamiento.
Al revisar de manera individual los registros oficiales de fallecimientos del ICE, entre el 25 de julio de 2018 y el 11 de abril de 2026, observamos lo siguiente: mientras el promedio anual de decesos de mexicanos entre 2018 y 2024 fue de 1.8 casos, en 2025 la cifra aumentó hasta alcanzar nueve fallecimientos solo en un año. La tendencia continuó durante el primer cuatrimestre de 2026, periodo en el que ya se contabilizaban cinco casos adicionales.
Los dictámenes clínicos oficiales muestran que 19 de las 27 muertes (66.7%) se atribuyeron a causas médicas. No obstante, las descripciones contenidas en los propios expedientes apuntan a deficiencias en la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas, entre ellas hipertensión arterial y diabetes mellitus. Otros seis casos (22.2%) corresponden a suicidios ocurridos dentro de las celdas. Los informes describen que las víctimas utilizaron prendas de tela alrededor del cuello, sujetas a accesorios de la ducha o a las literas.
Los dos casos restantes corresponden a muertes por arma de fuego. Uno de ellos fue el de Silverio Villegas. El otro corresponde a Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, quien falleció el 30 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, García Hernández tenía antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, evadir un arresto con un vehículo y huir de la policía. Había vivido en Estados Unidos desde los 13 años y murió durante un tiroteo registrado en la oficina de campo de las Operaciones de Aplicación de la Ley y Remoción (ERO en inglés) Dallas, la división local del ICE responsable de aplicar las leyes migratorias, procesar a personas detenidas y ejecutar deportaciones en el norte de Texas.
Entre los 27 casos documentados, solo uno corresponde a una mujer: Augustina Ramírez Arreola, de 62 años, quien falleció el 25 de julio de 2018. Su expediente señala que no contaba con antecedentes penales y atribuye su muerte a una cardiopatía reumática, con enfermedad de las arterias coronarias, neumonía y tuberculosis como factores contribuyentes.
La mayoría de los registros incluye antecedentes penales, aunque son muy diversos: violencia doméstica, robo, delitos relacionados con drogas, conducción bajo influencia de alcohol, reingreso ilegal y resistencia al arresto. Sin embargo, algunos expedientes muestran delitos menores o procesos estrictamente migratorios.
Para la organización Sin Fronteras I.A.P., dedicada a la defensa de los derechos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en México, toda muerte ocurrida bajo custodia del Estado debe investigarse de forma exhaustiva, independiente, imparcial y transparente. Además, considera indispensable garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y el respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
“Nos genera una profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las personas migrantes. Migrar no es un delito y ningún proceso de control migratorio debería costarle la vida, la dignidad o los derechos humanos a las personas”, señala la organización en entrevista con El Sabueso.
Sobre los casos clasificados como suicidio, la organización advirtió que el endurecimiento de las políticas migratorias también exige analizar el impacto que estos procesos tienen en la salud mental de las personas migrantes.
“Sí observamos un incremento en los controles migratorios a partir de las políticas implementadas en Estados Unidos. Esto también nos lleva a señalar la importancia de considerar el impacto de los procesos migratorios en la salud mental de las personas, de por si el trayecto se vuelve muy complejo por los múltiples factores de riesgo que se presentan y que no concluyen con su llegada a las comunidades de destino”, concluye.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este martes 14 de julio que, tras los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del ICE, el gobierno de México puso en marcha una serie de acciones legales y diplomáticas.
“Estas acciones corresponden a la etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”, puntualizó la cancillería en uncomunicado.
El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes, según medios estadounidenses.
La medida se anunció al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine, cuando se encontraba a bordo de su coche.
También el Departamento de Seguridad Nacional informó que un migrante mexicano de 28 años falleció este 14 de julio atropellado por un camión mientras huía de agentes migratorios en Florida.
El joven era uno de los cuatro ocupantes de un vehículo que se encontró con agentes de inmigración en el estacionamiento de una gasolinera y una tienda de conveniencia en St. Augustine, alrededor de las 7:00 horas, según informó la Patrulla de Caminos de Florida, que atendió el incidente.
(Última actualización 15 de julio de 2026)
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