Diana Delgado Cabañez · 17 de julio de 2026
El gobierno de Estados Unidos devolvió al embajador mexicano, Roberto Lazzeri, las cartas que México envió a los centros de detención donde han fallecido migrantes tras operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o bajo su custodia.
En dichas misivas, se exigía el cese de las acciones que han provocado la muerte de al menos 17 migrantes en lo que va del año, 14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.
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A través de redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó que Michael Kozak, un alto funcionario de la dependencia, se reunió en Wahsington con Lazzeri e hizo la devolución de los documentos. E hizo un llamado a que cualquier solicitud o petición se realice por la vía diplomática.
“Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos. Asimismo, recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre”.

La primera de las cartas fue enviada al centro de detención de Adelanto, en California, donde han fallecido cuatro mexicanos.
“El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
A esto se suma que presentó las denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos.
A través de una nota informativa, la Secretaría detalló que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), promovió una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por la Embajada de México en el país.
También indicó que el gobierno de México comenzó a presentar denuncias ante las fiscalías estatales, por medio de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular.
Finalmente, la SRE envió un documento al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que se informa sobre la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE, solició que se recabe información de las oficinas estadounidenses y “analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia”, además de que se formulen las recomendaciones correspondientes y se transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
El pasado 9 de julio, el canciller Roberto Velasco informó que 17 connacionales han muerto bajo custodia y durante operativos del ICE, por lo que adelantó que interpondría denuncias en Estados Unidos.
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Detalló que, de los 17 connacionales que han muerto a manos de integrantes del ICE, 14 se encontraban bajo custodia y tres murieron durante operativos.
El último caso fue el de Lorenzo Salgado, quien fue asesinado por un agente estadounidense en Texas. El relato de las autoridades sostiene que los elementos del ICE intentaron marcarle el alto, pero el mexicano presuntamente trató de evitar el arresto, impactó un vehículo oficial e intentó atropellar a uno de los agentes. Ante esa situación, el oficial abrió fuego en “defensa propia”, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El hombre murió poco después en un hospital a consecuencia de las heridas. No obstante, su familia, autoridades locales y organizaciones civiles cuestionan la versión oficial y exigen transparencia. Testigos también contradicen el relato del DHS.
Su familia afirma que vivió cerca de 35 años en Estados Unidos y se encontraba en proceso de obtener un permiso de trabajo. En contraste, el DHS lo identifica como un “extranjero ilegal de México”.

CNDH exige que se investiguen las muertes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las muertes de ciudadanos mexicanos ocurridos bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por lo que se pronunció para que se lleven a cabo investigaciones imparciales, independientes y transparentes que permitan determinar responsabilidades.
En un comunicado, señaló que las políticas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos no solo criminalizan de facto la migración, sino que incrementan de forma exponencial el riesgo de violaciones a los derechos humanos, tales como la separación familiar, la detención arbitraria prolongada, la tortura, los tratos crueles e incluso la pérdida de la vida.
“La CNDH advierte que estos hechos constituyen acontecimientos de la mayor gravedad, pues comprometen los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de nuestros connacionales”, expuso.
El organismo aseguró que la protección de los derechos humanos de migrantes representa una obligación internacional que no admite excepciones y debe ser observada en todo momento por los Estados, con independencia de la nacionalidad o situación migratoria de las personas.