12 años de Ayotzinapa: las cuatro nuevas líneas de investigación del gobierno de Sheinbaum
Animal Político · 29 de septiembre de 2026
A doce años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, el Ejecutivo mexicano dio a conocer cuatro distintas vías de investigación. Según las autoridades, estas surgen de un nuevo examen de expedientes, bitácoras telefónicas, declaraciones y diversos materiales acumulados a lo largo de la indagatoria.
La información fue presentada este lunes 28 de septiembre de 2026 por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) por medio del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Mitigación, Arturo Medina, así como por Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este anuncio llega después de doce años marcados por diversas detenciones, investigaciones, movilizaciones de familiares, exigencias de justicia, líneas de investigación y, a casi dos años de que la presidenta Claudia Sheinbaum inició su sexenio.
En el comunicado se anuncia que son cuatro las nuevas líneas de investigación sobre el caso, que surgen del reanálisis de documentos y registros telefónicos, con una metodología que incorpora elementos técnicos y científicos con el fin de buscar esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Primera línea de investigación: Análisis de comunicaciones y vínculos con funerarias
La primera línea de investigación revelada por las dependencias señala que, a través del análisis de comunicaciones, se lograron detectar patrones que no se habían identificado antes. Esto llevó a señalar a 17 nuevas personas que ahora forman parte de las pesquisas.
Al mismo tiempo, se lograron mapear las conexiones que existían entre miembros de Guerreros Unidos, elementos de las policías municipal y estatal, funcionarios públicos y personas ligadas al negocio de las funerarias.
Uno de los descubrimientos fue la existencia de contactos telefónicos entre integrantes del grupo criminal y personal tanto de funerarias como del sector salud. Se documentó que una de las personas bajo investigación, junto con su familia, controlaba funerarias, tenía la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y participaba en la administración de un panteón.
En agosto de 2025 se comprobó que el propietario de la funeraria hizo uso del teléfono de uno de los estudiantes. Este dato detonó una serie de diligencias en octubre de ese año, que incluyeron cateos a las instalaciones de las funerarias y del Semefo.
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Durante esos operativos se halló un fémur humano, un arma de fuego, diversos documentos y un horno crematorio que no contaba con registro oficial, además de evidenciarse irregularidades en el funcionamiento del servicio forense local.
Derivado de estos hallazgos, entre marzo y junio de 2026 se llevaron a cabo nuevas búsquedas dentro del Semefo. En total se recuperaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación. Todo este material sigue sujeto a análisis periciales para establecer su origen y posibles coincidencias con personas desaparecidas.
Segunda línea de investigación: Análisis de equipos telefónicos de los estudiantes
La segunda línea de investigación se enfocó en revisar la información contenida en tres teléfonos de los estudiantes, centrándose especialmente en la cadena de personas que los utilizaron después de la desaparición.
Respecto al segundo dispositivo, se determinó que fue usado por un policía municipal de Iguala. Este elemento registró actividad precisamente la noche de los hechos, por lo que su posible participación se mantiene bajo investigación.
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La revisión del tercer teléfono aporta elementos que refuerzan la hipótesis de que algunos estudiantes fueron llevados a la barandilla municipal. El usuario posterior a la desaparición corresponde a personas cercanas a un exservidor público de Iguala adscrito a esa dependencia.
Este hallazgo contradice la versión que en su momento ofreció José Ulises “N”, entonces juez de barandilla, ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Tercera línea de investigación: Reanálisis de expedientes y nuevo testimonio
La tercera línea de investigación surgió a partir de un nuevo análisis documental de los expedientes. Este trabajo permitió identificar a una persona que participó en los hechos y que, en ese momento, tenía apenas 14 años. Hasta ahora, su identidad no había sido determinada.
El 30 de julio de 2026 esta persona rindió una declaración. La información que aportó en ese testimonio refuerza las acusaciones que ya existen contra integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.
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Cuarta línea de investigación: Ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia
La cuarta línea de investigación se centra en el ocultamiento de las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El análisis de este material, de acuerdo con el comunicado, permitió reconstruir parte de las decisiones tomadas por servidores públicos de alto nivel que intervinieron en el encubrimiento de esas grabaciones.
Como consecuencia de estos hallazgos, se detuvo a la exmagistrada presidenta del Tribunal y a la exvisitadora del mismo órgano. Ambas se encuentran actualmente sujetas a proceso penal.
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A partir de las declaraciones de estas exfuncionarias, junto con nuevos elementos de prueba, se logró sustentar la detención de Ángel “N”, exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026, acusado del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de los 43 estudiantes.
Comunicación con familiares
En el comunicado lanzado por la Segob se hace énfasis en que se contempla mantener el diálogo con las madres y padres de los estudiantes, así como garantizar que se les dé atención por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En cuanto a la participación internacional, las autoridades dieron a conocer que existe una vía de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misma que propondrá especialistas para participar en el proceso.