Defensa de Ángel Aguirre presenta 31 pruebas contra acusación de la FGR por caso Ayotzinapa

Tras cinco horas de audiencia, un juez federal decretó un receso en la audiencia de vinculación a proceso de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

Hasta el momento, la defensa legal del exgobernador ha presentado 31 pruebas para intentar comprobar que el exmandatario estatal no ordenó ocultar ni destruir videos clave del caso.

En la cinco horas de audiencia, han declarado a favor del exgobernador tanto Jesús Martínez Garmelo, secretario general del Gobierno de 2011 a 2014, así como Felipe Martín Ornelas Rebollo, coordinador general de seguridad y transporte aéreo de Guerrero.

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Ambos exfuncionarios aseguran que el exgobernador sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Ciudad de México en el día y la hora en la que dos testigos protegidos aseguran que se dio la instrucción de eliminar los videos.

Testimonio de Osorio Chong es de los más fuertes 

El testimonio del exsecretario de Gobierno es uno de los más fuertes hasta el momento, no solo porque acompañó al exgobernador sino porque estuvo durante las reuniones de seguridad.

En la audiencia está el exgobernador, quien viste una camisa gris manga larga, el cabello caño despeinado y se encuentra en silla de ruedas, en compañía de su esposa.

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En la audiencia también están presentes 8 madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde la sala de testigos protegidos y 5 por videoconferencia, acompañados por representantes legales del Centro Prodh.

“Al tratarse de un caso de lesa humanidad, se trata de un proceso en el que aseguramos puertas abiertas. Escucharemos en todo momentos a las víctimas indirectas, que son las madres y padres de los 43”, señaló el juez al inicio de la audiencia.

Detención de Ángel Aguirre fue por destrucción de videos clave

La acusación se centra en que el exmandatario ordenó directamente la sustracción y posterior destrucción de las grabaciones de dos cámaras que registraron en tiempo real la violenta detención y desaparición de los normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531.

Esta acción, que habría implicado la complicidad de altos mandos de su gabinete y del Tribunal Superior de Justicia local, debilita el argumento sostenido por Aguirre durante más de una década, en el cual afirmaba haber sido un “chivo expiatorio” del gobierno de Enrique Peña Nieto para encubrir la inacción de las fuerzas armadas.

El proceso judicial que enfrenta el exgobernador también confronta de manera directa el vacío de mando y la parálisis estatal durante las horas más críticas de la agresión.

Las pruebas de la FGR y declaraciones ministeriales de su propio gabinete sugieren que el mandatario estatal conocía los ataques en tiempo real. En diversos informes oficiales se reportó que se comunicó vía telefónica con su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y con su secretario de Seguridad Pública, el teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez, presuntamente para instruir un traslado tardío a Iguala.

Además, bajo el conocimiento de que los agresores eran policías coludidos con el narcotráfico, el exmandatario habría omitido el despliegue de las fuerzas de seguridad estatales para proteger a los estudiantes.

Justicia para Ayotzinapa: La postura de las familias ante el juicio

Tras la detención del exgobernador efectuada en el Estado de México, organizaciones acompañantes de las familias de las víctimas fijaron su postura.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) emitió un pronunciamiento señalando que, aunque las familias no fueron notificadas de forma previa, el proceso representa un avance significativo.

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“De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, señaló en un comunicado.

La reanudación de la audiencia determinará si el juez federal vincula a proceso a Ángel Helodio Aguirre Rivero, lo que formalizaría el proceso penal en su contra y definiría si debe permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva en un penal federal.