Anticorrupción suma 4 mil 193 servidores sancionados y 517 denuncias ante la FGR en dos años

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha sancionado a 4 mil 193 servidores públicos durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, informó su titular, Raquel Buenrostro, quien también señaló que en ese periodo se han presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina de este martes, Buenrostro detalló que de los funcionarios sancionados, 3 mil 528 incurrieron en faltas administrativas no graves y 665 en faltas graves.

Entre las principales conductas por las que se han impuesto sanciones mencionó el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo responsabilidad de los funcionarios, la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.

La funcionaria explicó que cuando se trata de faltas administrativas graves, la Secretaría integra los expedientes y los remite al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es la instancia encargada de imponer las sanciones correspondientes.

En total, mil 737 servidores públicos han sido enviados al tribunal por faltas administrativas graves. De ellos, 87 ya fueron notificados de una sanción, mientras que mil 650 expedientes permanecen en proceso.

517 denuncias ante la FGR

Buenrostro señaló que algunas de las conductas detectadas como faltas administrativas también pueden constituir delitos, por lo que la Secretaría presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Durante los dos primeros años de la administración se han presentado 517 denuncias relacionadas con servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.

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Entre los delitos identificados en las denuncias mencionó enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que los procedimientos administrativos y penales pueden avanzar de manera paralela cuando una misma conducta puede generar responsabilidades en ambas vías.

Caso de la Policía Federal

Como parte de su exposición, Buenrostro presentó algunos casos detectados por la dependencia. Uno de ellos corresponde a un contrato celebrado en 2015, cuando todavía existía la Policía Federal, para desarrollar un sistema de servicios de inteligencia con un valor de 130 millones de pesos.

De acuerdo con la funcionaria, posteriormente se gestionaron 65 millones de dólares como gastos de seguridad nacional que supuestamente estaban relacionados con ese contrato, aunque el contrato no fue pagado.

La dependencia acreditó abuso de funciones y desvío de recursos y, afirmó Buenrostro, fueron emitidas sanciones de inhabilitación por 15 y 20 años contra el extitular de la División de Inteligencia y la exsecretaria general de la Policía Federal.

Además, se solicitó la reparación del daño por 65 millones de dólares y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Pago anticipado por servicios de frijol

Otro caso corresponde a un contrato identificado en 2025 junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para servicios de producción y envasado de poco más de 2 mil toneladas de frijol.

La funcionaria indicó que en el expediente se acreditó un pago indebido de 73.6 millones de pesos y el incumplimiento en la prestación del servicio.

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El caso fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por abuso de funciones y desvío de recursos. En él están involucrados nueve servidores públicos y un particular, quien era el proveedor.

También se presentó una denuncia penal y el asunto permanece en proceso tanto en el tribunal como en la Fiscalía General de la República.

Reetiquetado de medicamentos

Un tercer caso expuesto durante la conferencia está relacionado con un almacén de medicamentos. Buenrostro señaló que en 2025 se detectó que personas que participaban en el almacén reetiquetaban cajas de medicamentos, principalmente oncológicos.

De acuerdo con la funcionaria, en el caso estaban involucrados servidores públicos y personas externas vinculadas con el proveedor de los medicamentos, mientras que las instalaciones pertenecían a un particular que rentaba el almacén.

La Secretaría presentó en 2025 una denuncia penal contra servidores públicos y un particular, así como contra quien resultara responsable.

En febrero de 2026 se determinó la existencia de una falta administrativa grave por abuso de funciones y daño patrimonial, por lo que el expediente fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los casos fueron presentados por Buenrostro como parte de las acciones de la Secretaría para detectar y sancionar irregularidades cometidas por servidores públicos y particulares en el ejercicio de recursos públicos.

La funcionaria señaló que las denuncias ante la Fiscalía y los procedimientos administrativos pueden desarrollarse de manera simultánea cuando los hechos pueden generar tanto responsabilidades administrativas como penales.