Rivales de Papel: empresas vinculadas simulan competencia por 253 mdp en seis alcaldías y el Metro

Entre mayo de 2023 y enero de 2026, cinco empresas relacionadas entre sí participaron como supuestas competidoras en procesos de contratación pública y obtuvieron 26 contratos que, en su conjunto, suman 253 millones de pesos en seis alcaldías y el Metro de la Ciudad de México.

Terrenos Estratégicos; Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova; Constructora LMI; Alianza Comercialización y Construcciones, y Carbonusa son las cinco compañías que integran esta red.

Aunque formalmente son empresas distintas, documentos corporativos muestran que comparten o han compartido administradores y apoderados legales, por lo cual en los hechos, han sido rivales solo en el papel.

Al menos ocho personas han ocupado cargos o han tenido poderes legales en dos o más de estas compañías, ya sea al mismo tiempo o pasando de una a otra. A pesar de esas conexiones, las empresas presentaron ofertas como si fueran rivales independientes.

En 20 de los 26 casos analizados, las propias autoridades eligieron a estas compañías y las invitaron a presentar propuestas. Los seis contratos restantes fueron adjudicados mediante licitaciones públicas. En ambos tipos de contratación participaron dos o más empresas de la red, por lo que, sin importar cuál resultara ganadora, los recursos quedaban dentro del mismo grupo empresarial.

La red no solo simuló competencia, sino que al menos una vez la empresa Tecnova fue señalada por realizar trabajos deficientes. La alcaldía Magdalena Contreras la acusó de no rehabilitar correctamente una ciclopista por mala aplicación de pintura, cuarteaduras en losas de concreto, desgaste prematuro en general de la superficie de rodamiento, grietas en guarniciones, entre otras fallas. Por esto, la demarcación busca cobrar una fianza de 1.4 millones de pesos.

Los contratos de la red fueron adjudicados por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, así como por el Sistema de Transporte Colectivo Metro. El esquema inició en 2023 y 2024 en administraciones de la alianza PAN-PRI-PRD, pero a partir de 2025 se extendió a demarcaciones gobernadas por Morena y el Partido del Trabajo.

Las contrataciones abarcaron productos y servicios muy diversos: desde materiales de construcción y la remodelación de oficinas, hasta la organización de un evento por el Día del Niño y la compra de computadoras, aceites y llantas para vehículos.

En la revisión de las contrataciones se identificó que una funcionaria pública, Claudia Islas Lagos, firmó siete contratos por 24 millones de pesos mientras trabajó como directora de área en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Si bien ella firmó los documentos, no se encontró alguna evidencia que la vincule a las empresas beneficiadas.

Otro funcionario público que destaca en las contrataciones es Adrián Rubalcava. Él no firmó directamente los contratos, pero durante sus administraciones en Cuajimalpa y al frente del Metro se realizaron tres adjudicaciones a la red por cerca de 105 millones de pesos; más del 40% de los 253 millones.

En este reportaje, la Unidad de Investigación de Animal Político documenta cómo esta red empresarial utilizó este mecanismo para aparentar competencia y obtener contratos públicos.

Invitaciones restringidas para aparentar competencia

La vía principal para adjudicar los contratos fueron las invitaciones a cuando menos tres personas: 20 de las 26 contrataciones analizadas se realizaron mediante este procedimiento.

Esta modalidad, permitida por la ley, consiste en que las autoridades eligen directamente a un grupo reducido de empresas y las invitan a presentar ofertas. En los casos revisados, las dependencias seleccionaron a dos o más compañías de la misma red y las presentaron como competidoras, aunque compartían o habían compartido administradores y apoderados legales.

Mediante estas invitaciones restringidas, las empresas obtuvieron contratos por 70 millones 229 mil pesos.

Por otra parte, el uso de este procedimiento para adquirir productos de uso común también plantea dudas sobre su justificación.

Lourdes Morales, coordinadora del programa de Ciudadanía en México Evalúa, consideró que, en casos como la compra de pintura o materiales de construcción, esta modalidad no parece justificable, a menos que exista un problema con los tiempos de entrega. De no ser así, añadió, puede revelar fallas de planeación o un ejercicio tardío del presupuesto.

Para Luis Pérez de Acha, abogado especializado en temas fiscales y de corrupción pública, la responsabilidad de las dependencias no se limita a seleccionar a las empresas invitadas. “La gente experimentada que trabaja en el sector público debería detectar estas mañas con mayor facilidad”, sostuvo.

Los seis contratos restantes, por 183 millones 290 mil pesos, fueron adjudicados mediante licitaciones públicas. En estos casos, las compañías se registraron por cuenta propia y presentaron ofertas distintas como si fueran rivales. Sin embargo, sus vínculos implicaban que, independientemente de cuál obtuviera el contrato, los recursos permanecían dentro de la misma red empresarial.

Pérez de Acha advirtió que este mecanismo también afecta a compañías ajenas al grupo: “es una forma de desplazar a otras posibles empresas competidoras”.

Los nombres que conectan a las cinco empresas simuladoras

Los documentos corporativos revisados por esta Unidad de Investigación muestran cómo se mantenían los vínculos entre las compañías que aparecían como competidoras.

El 12 de mayo de 2023, por ejemplo, la alcaldía Álvaro Obregón adjudicó a Terrenos Estratégicos el primer contrato obtenido por la red. En ese momento, Rudy Aarón Abad Madrigal era administrador único de esa empresa y, al mismo tiempo, tenía poderes legales para representar a Constructora LMI, otra de las compañías invitadas a competir por el mismo contrato.

Más adelante, en 2025, Abad Madrigal fungía como apoderado legal de dos empresas, Constructora LMI y de Alianza Comercialización y Construcciones, cuando la primera obtuvo un contrato de 50 millones de pesos, el más grande obtenido por la red. Esto ocurrió el 14 de noviembre de ese año y la institución contratista fue el Metro.

El caso de Rudy Aarón Abad Madrigal no es aislado. Los registros de las cinco empresas revisados por esta Unidad de Investigación muestran que al menos ocho personas han sido administradoras o apoderadas legales de dos o más compañías simultáneamente o han pasado de una a otra en diferentes momentos.

Además de Abad Madrigal están Raymundo Guzmán Corroviñas, Jimena Estela Arribas Villegas, José Guadalupe de Alba Suárez, Patricia Mora Villagrana, José Mario Rizo Rivas, Matthew Libinic Maya y Javier Camarena Camarena.

Otras dos mujeres han sido delegadas especiales en trámites mercantiles hechos por las empresas de la red. Ellas no ocupan un cargo oficial en las compañías, pero sí actuaron en su nombre. Se trata de Irene Luisa Huerta Arciniega y Vanessa Marisela Martínez Mandujano.

Las conexiones alcanzan a una sexta empresa: Piel de Concreto. En trámites mercantiles, Roberto Galván Rivera, Tomás Martínez Martínez y Arturo Rubinstein Speckman, quienes han tenido poder de administración y legal en Terrenos Estratégicos, Constructora LMI y Carbonusa, respectivamente, utilizan correos electrónicos institucionales de Piel de Concreto.

Esta sexta empresa no participó directamente en los procedimientos en los que hubo simulación de competencia analizados para este reportaje. Fundada originalmente como Inmobiliaria Meor, adoptó su nombre actual en junio de 2019. De acuerdo con sus registros corporativos, se dedica a la construcción y compraventa de condominios, hoteles y centros comerciales, así como a la comercialización de materiales para obras.

Las cinco empresas investigadas fueron consultadas sobre los hallazgos de este reportaje, pero solo la Constructora LMI respondió mediante un correo electrónico. La compañía reconoció la participación de las personas que actúan como apoderados legales en la red, pero argumentó que solo son apoderados legales y no administradores únicos.

“Es importante precisar la diferencia entre un apoderado legal y el administrador único. Esto, debido a que dichos asesores ejercen sus facultades únicamente para desempeñar sus actividades profesionales en calidad de terceros, mientras que la administración general de la empresa y de sus recursos recae en el administrador único”, indicó la Constructora LMI.

De igual forma, defendió que algunas de las personas que han hecho trámites mercantiles a nombre de la Constructora LMI y las otras empresas solo han actuado como delegados especiales.

“Es importante mencionar que la figura del delegado especial no constituye un cargo dentro de la sociedad ni ejerce control alguno sobre la misma, sobre todo si se considera que dichas actas fueron elaboradas por abogados externos, por encargo de mi representada”, añadió la compañía.

La simulación cruzó administraciones de oposición y Morena

Los primeros cinco contratos fueron adjudicados a la red en 2023 por las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. En ese momento estaban gobernadas, respectivamente, por Alfa González Magallanes, Lía Limón García y Adrián Rubalcava, quienes llegaron al cargo postulados por la alianza PAN-PRI-PRD.

En 2024, Álvaro Obregón entregó un contrato adicional a la red. Pero la mayor expansión ocurrió en 2025, cuando las compañías obtuvieron 16 contratos en dependencias gobernadas tanto por la oposición como por Morena y sus aliados.

De esos 16 contratos, siete fueron adjudicados por la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, y uno por Cuajimalpa, gobernada por Carlos Orvañanos Rea. Ambos llegaron al cargo postulados por la alianza PAN-PRI-PRD.

Ese mismo año, el esquema se extendió a administraciones de Morena y sus aliados. La red obtuvo tres contratos en Tlalpan, gobernada por Gabriela Osorio; uno en Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín; uno en La Magdalena Contreras, a cargo de José Fernando Mercado Guaida, y otro en Xochimilco, administrada por Circe Camacho, integrante del Partido del Trabajo.

Los dos contratos restantes fueron adjudicados por el Metro de la Ciudad de México, dirigido por Adrián Rubalcava, quien ya había entregado contratos a esta red en 2023, cuando gobernaba Cuajimalpa.

Finalmente, en enero de 2026, la alcaldía Cuauhtémoc, bajo la administración de Alessandra Rojo de la Vega, adjudicó otros cuatro contratos a las compañías.

Las alcaldías en las que operó el esquema de simulación fueron consultadas. La Magdalena Contreras negó tener vínculos con Tecnova, e incluso informó que está tratando de cobrar una póliza de garantía porque una ciclopista rehabilitada por esa empresas quedó mal.

Tlalpan aseguró que cuando contrató en tres ocasiones a Tecnova y Constructora LMI no encontró irregularidades: “Tras revisar las actas constitutivas, los registros oficiales y la información disponible en los sistemas institucionales, no se identificaron conflictos de interés ni vínculos legales entre las empresas participantes en los procedimientos señalados”.

La alcaldía Álvaro Obregón respondió algo similar. “Cuando la administración actual de la alcaldía formalizó el contrato con la empresa Tecnova, esta cumplió con los requisitos legales y estaba al corriente de sus obligaciones fiscales. En la plataforma de CDMX no existe ninguna anotación, prevención o prohibición para contratar con la moral mencionada, no tenemos ningún aviso de autoridad competente en donde nos indique el impedimento para contratar esa empresa”.

El Metro de la Ciudad de México respondió sobre los contratos cuando Animal Político dio a conocer su caso en particular el pasado mes de junio. En ese momento, el medio de transporte señaló que las contrataciones se realizaron “con base en licitaciones públicas nacionales y para la contratación de las empresas ganadoras se realizó la revisión de la documentación correspondiente, sin que se observaran irregularidades con base en las leyes vigentes para la ejecución de obras públicas”.

 

Los funcionarios que aparecen en las contrataciones

Como se señaló al inicio de este reportaje, al menos dos funcionarios aparecen reiteradamente en la contratación de empresas de la red en cuatro alcaldías y el Metro, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Animal Político mediante registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Una de ellas es Claudia Islas Lagos, quien ha firmado siete contratos a favor de las empresas. Si bien firmó los contratos, no se identificó que exista relación laboral o corporativa entre la red y ella.

Entre 2022 y 2024 fue directora general de Administración y Finanzas de la alcaldía Álvaro Obregón, donde firmó tres contratos con Terrenos Estratégicos, Alianza Comercialización y Construcciones y Carbonusa por un total de 11 millones 410 mil pesos.

Posteriormente, entre febrero y julio de 2025, ocupó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante ese periodo firmó otros cuatro contratos, por hasta 12 millones 597 mil pesos, con Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, Alianza Comercialización y Construcciones y Constructora LMI.

Actualmente, Islas Lagos es directora general de Administración y Finanzas de la alcaldía Tlalpan. En septiembre de 2025, cuando ya ocupaba ese cargo, la demarcación adjudicó dos contratos por 1 millón 900 mil pesos a Constructora LMI, y Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova. Las contrataciones aparecen registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero los documentos de ambos procedimientos no están disponibles para su descarga, por lo que no fue posible verificar quién los firmó.

La alcaldía Tlalpan defendió a su funcionaria en respuesta a esta investigación: “que los mismos proveedores participen en distintas demarcaciones, o que una persona servidora pública haya trabajado en otras alcaldías, no acredita por sí mismo una relación personal, una instrucción directa, favoritismo o intervención indebida. Las empresas mencionadas también han sido contratadas por gobiernos y alcaldías sin vínculo alguno con la funcionaria señalada ni con la actual administración de Tlalpan”.

El segundo funcionario vinculado a las contrataciones, aunque no ha firmado contratos de forma directa, es Adrián Rubalcava Suárez, exalcalde de Cuajimalpa, cargo al que llegó postulado por la alianza PAN-PRI-PRD, y ahora director del Metro por invitación de la jefa de gobierno morenista Clara Brugada.

En julio de 2023, mientras Adrián Rubalcava estaba a cargo, la alcaldía Cuajimalpa adjudicó un contrato de 4 millones 985 mil pesos a Terrenos Estratégicos. Luego, en noviembre de 2025, otra vez en su administración, el Metro le dio dos contratos por 99 millones 976 mil pesos a Terrenos Estratégicos y Constructora LMI.

Para Lourdes Morales, la experta de México Evalúa, la afectación de este esquema de simulación no se agota en el engaño dentro del procedimiento: sin competencia real tampoco puede garantizarse que el precio sea adecuado ni que el resultado final sea el idóneo.

“Al final, se está haciendo trampa en la manera en que se entrega nuestro dinero a ciertos proveedores”, resumió.

 

Esta nota forma parte de la serie que acompaña la investigación “Rivales de papel”, donde se documentó cómo distintas empresas comparten vínculos legales pese a presentarse como competidoras en licitaciones públicas. Ahí puedes consultar el caso completo, incluida la respuesta de Constructora LMI. También forma parte de esta serie explicativa: [Rivales de Papel: Administrador único vs. apoderado legal: ¿cuál es la diferencia?] y [Rivales de Papel: Empresas fantasma vs. empresas simuladoras: ¿cuál es la diferencia?]